Saneamiento y reformas

Frente a riesgos inminentes como los que acechan a la economía española, las soluciones cuyos efectos no sean inmediatos carecen de sentido. Como también las que sumen incertidumbre política a la creciente preocupación por la situación de nuestro país entre los socios de la zona euro y las principales economías mundiales. Un eventual adelanto de las elecciones en estos momentos abundaría en ambos errores, y podría dar al traste con el precario equilibrio desde el que, hasta ahora, España ha conseguido colocar sus emisiones de deuda pública.

Una llamada a las urnas en las actuales circunstancias, como reclaman los más impacientes, entre los que ya se encuentra Rajoy, paralizaría la toma de decisiones desde el instante en que las Cámaras fueran disueltas hasta la formación del nuevo Ejecutivo. Por una parte, habría incentivos partidistas para aplazar o relativizar el alcance de las medidas de austeridad más impopulares ya aprobadas; por otra, un Gobierno en funciones solo podría tomar decisiones de trámite, sin capacidad para hacer frente a las emergencias que, como se ha comprobado, son inherentes a esta fase especialmente aguda de la crisis.

Descartar el adelanto no es sinónimo de voto de confianza al Gobierno de Zapatero, sino de exigencia de responsabilidades: que lo que no ha sabido evitar a tiempo lo corrija, incluso a riesgo de impopularidad; que hasta someter los nuevos Presupuestos al Parlamento y comprobar si dispone de la mayoría necesaria para aprobarlos, asuma su responsabilidad en el saneamiento de la economía; y que aborde las reformas que pueden ayudar a crear empleo cuando se inicie la recuperación; y para ello, que, como parece haber entendido que debía hacer, diga claramente a los ciudadanos que España ha perdido en esta crisis una parte sustancial de su riqueza y que, de no tomar medidas urgentes, la economía española puede entrar en una espiral negativa de difícil salida.

La teoría recomienda hacer las reformas en periodos de bonanza, pero la realidad es que, por inercia o electoralismo de mirada corta, casi siempre se aplazan hasta que las crisis presionan lo suficiente. En ese sentido dicen los economistas que la actual puede ser una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema. La reforma del mercado laboral no permite más dilaciones, después de dos años durante los que el Gobierno ha delegado su responsabilidad en los agentes sociales, que han fracasado rotundamente. El Gobierno actual ha dado un gran protagonismo a los sindicatos, pero si, al igual que la patronal, tienen una función social que va más allá de la defensa de los legítimos intereses de sus afiliados, este es el momento de demostrarlo. En circunstancias como las actuales, ni esos intereses ni los generales del país se defienden mediante huelgas u otras medidas de presión que, de vencer, lo harían sobre un país en ruinas.

Una reforma del mercado laboral contribuiría por su carácter central a la creación de un nuevo clima desde el que abordar otras reformas necesarias, como la fiscal, de forma que los ingresos no dependan tanto de la coyuntura; o la de las administraciones, que profesionalice y despolitice la función pública, evite duplicidades y esos derroches que tanta irritación suscitan ahora (desde los viajes inútiles con séquito a los informes sobre cuestiones fútiles a precio de oro).

Pese a todas las razones que aconsejarían evitar el adelanto electoral, su fantasma seguirá pesando porque no es seguro que el Gobierno pueda sacar adelante la próxima Ley de Presupuestos. A efectos de la oposición, este horizonte invitaría a apoyar al Gobierno ahora que ha empezado a cumplir con sus obligaciones, no a desentenderse de las suyas solo porque cree encontrarse en la antesala del poder.