Camps y su Gobierno afrontan hasta siete delitos por su relación con la trama Gürtel

No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos".

El juez y la fiscalía quieren evitar la prescripción de los delitos electorales

Tres informes fundamentan los indicios para ampliar el caso

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas es señalado por la financiación ilegal

Implicados el vicepresidente Vicente Rambla y dos diputados

Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tráfico de influencias en la contratación de la empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudicó al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público.

Por otra parte, están los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de empresarios que habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de Orange Market y que, también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, podrían determinar "una diferente valoración jurídica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano ocultó a Hacienda 2,5 millones en la campaña autonómica y local de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en la única víctima política hasta el momento del caso Gürtel en el PP valenciano, ve esfumarse así las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el que está envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

En relación con la supuesta financiación ilegal, el auto señala a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, y Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano en 2007, como responsables. Y afirma que con ellos habrían cooperado el propio Costa, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la ex tesorera y diputada autonómica Yolanda García. Y también dos personajes aún sin identificar, conocidos como El Cantante y El Príncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del PP.