El 'caso Sarah Ferguson' refleja la tolerancia con el pago de comisiones

El último caso protagonizado por Sarah Ferguson es mucho más que una historia escandalosa o triste, según el color del cristal con que se mire. Es un reflejo de la tradicional tolerancia británica con el tráfico de influencias en su vida política y económica. Y también un síntoma del extraño papel que juega la familia real británica, incapaz de convertir en personas normales tanto a sus miembros más relevantes, desde el príncipe Carlos al príncipe Andrés, como a los más secundarios, como la propia duquesa de York.

El hecho de que Sarah Ferguson fuera filmada de forma encubierta por un periodista camuflado de empresario vendiéndole por medio millón de libras (585.000 euros) el acceso a su ex marido, el príncipe Andrés, ha desatado una confusa cadena de reacciones contradictorias.

'The Times' grabó a laboristas que pedían dinero por mediar ante el Gobierno

El problema es la ambigüedad de la ley, que acepta la figura del 'lobbista'

Parte del país apoya a la duquesa, a la que ven maltratada por los Windsor

Unos apoyan sin ambages a una mujer a la que consideran maltratada por los Windsor, con los que pactó una pensión de 15.000 libras al año (17.600 euros) por su divorcio, ridículamente pequeña al lado de la fortuna personal de la familia real, para poder mantener una cierta cercanía a la realeza.

Otros, en cambio, ven en este asunto una confirmación de las flaquezas de una mujer a la que siempre han despreciado porque creen que tiene poca clase y muchos complejos.

Pero se entra menos en el problema de fondo que refleja este asunto: el pago de comisiones en un puro caso de tráfico de influencias. Una vez que los portavoces reales han puntualizado que el príncipe Andrés no sabía nada de esa turbia entrevista, a pesar de que Sarah Ferguson ha dejado entrever que su ex marido la asesoró incluso sobre la cantidad que debía pedir, todo parece reducirse al melodrama personal de la duquesa de York. Pero, ¿realmente puede alguien pedir tanto dinero para tener acceso al príncipe Andrés? ¿Tanta es la influencia de su cargo de Representante Especial para el Comercio e Inversiones Internacionales de Reino Unido?

En un país como este, con una larga tradición de escrutinio de las actividades de la familia real, ese desinterés no revela tanto una intención de proteger al príncipe como la asunción tácita de que su ex mujer ha demostrado más torpeza al dejarse atrapar que malicia por pedir dinero a cambio de su influencia. Es decir, porque cobrar por ejercer el tráfico de influencias se considera algo bastante normal.

En los últimos años se han ido sucediendo escándalos muy parecidos que nunca han pasado de los aspavientos momentáneos, sobre todo si tenían tintes políticos. El último ocurrió hace justo dos meses, cuando tres ex ministros y entonces todavía diputados laboristas fueron grabados de forma encubierta por periodistas de The Times ofreciéndose a mediar ante ministros del Gobierno a cambio de dinero: las tarifas de Geoff Hoon, Stephen Byers y Patricia Hewitt oscilaban entre los 3.500 y los 6.000 euros diarios. "Soy como un taxi libre", llegó a bromear uno de ellos.

Ninguno de ellos ha sido procesado. El problema es la ambigüedad de la ley, que acepta el tráfico de influencias, la famosa figura del lobbista, aunque prohíbe que un ministro cobre por cambiar su política. Se puede cobrar por intentar cambiarla pero no por cambiarla. La ley también prohíbe pagar comisiones a una empresa para conseguir contratos, es decir, pagar sobornos. Pero en el caso más escandaloso de sobornos, los presuntamente pagados durante años por el fabricante de armamentos BAE Systems a la familia real de Arabia Saudí, el primer ministro de la época, Tony Blair, ordenó paralizar esas investigaciones por razones de interés nacional.

No es el único caso que ha tenido a Blair de protagonista. Siendo aún primer ministro, fue interrogado varias veces en calidad de testigo por los policías que investigaban la supuesta venta de honores a multimillonarios que conseguían el título de lord a cambio de donaciones económicas al Partido Laborista. Aunque la policía quería llevar el caso a los tribunales, la fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes contra los principales sospechosos y cerró el asunto.