En la hora crucial

La sociedad española está viviendo un momento crucial en la dolorosa tarea de superar la recesión económica. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de medidas de ajuste fiscal para recuperar la solvencia de las finanzas públicas. Dicho plan, que incluye un recorte medio del salario de los funcionarios del 5%, una reducción de la inversión pública de más de 6.000 millones de euros hasta 2013 y la congelación de las pensiones (salvo las mínimas) en 2011, pretende reducir el déficit público en cinco puntos en dos años y podría complementarse con la imposición temporal de un impuesto a los grandes patrimonios que las vicepresidentas De la Vega y Salgado no quisieron precisar ayer, pese a la insistencia de los periodistas, después del confuso anuncio de una subida tributaria realizado por el presidente del Gobierno.

Pero la especial gravedad de este momento político radica en la incapacidad de la oposición política y de los agentes económicos para entender la situación real de la economía española. Las finanzas públicas se enfrentan a un riesgo de impago si no se aplican con rapidez recortes drásticos en el gasto. Esta urgencia excluye la posibilidad de embarcarse en inacabables negociaciones sobre cuáles son los gastos que hay que recortar, las inversiones de las que hay que prescindir y los impuestos que hay que subir.

Resulta inquietante que políticos con experiencia rechacen consideraciones tan elementales como la prioridad agobiante de recortar gastos y se aferren a un puñado de votos o a las ventajas presupuestarias arrancadas en tiempos mejores. Los sindicatos repiten el argumento de que el ajuste castiga a "los más débiles" (cuando es evidente que "los más débiles" son los dos millones de parados causados por la crisis); y las comunidades autónomas, en un ejercicio de solidaridad inversa con las cuentas públicas, reclaman el cumplimiento estricto de las grandes obras, como si completar los trazados del AVE fuese una obligación superior a mantener la solvencia del Estado. Es evidente que los recortes en la inversión retrasarán la recuperación de la economía (los cálculos apuntan a un impacto en el crecimiento de cinco décimas el año que viene), pero la prioridad absoluta es evitar el colapso de la deuda pública.

Sin acuerdo político no habrá ajuste del gasto; tampoco se podrá considerar una subida de impuestos que ayude a bajar el déficit; y la deuda española sufrirá lo indecible para refinanciarse. Si hubo un tiempo en el que al Gobierno se le pudo acusar con razón de negligencia en la gestión de la crisis, hoy se puede imputar a PP, CiU y PNV de carecer de direcciones políticas a la altura de las circunstancias. Por supuesto, la obligación del Gobierno es rechazar las vacilaciones que él mismo ha exhibido durante los últimos tres años y mantenerse firme en las medidas de ajuste.

Por cierto, los políticos españoles no son los únicos que cometen graves errores. El Gobierno alemán cometió uno de singular gravedad el martes, cuando prohibió las operaciones especulativas conocidas como ventas en corto al descubierto. Al Ejecutivo que encabeza Angela Merkel no se le debería haber escapado que la regulación de los mercados es ineficaz si no se aplica en áreas económicas, por lo que es un error limitarlas a las fronteras nacionales; y que las operaciones bajistas no se dirigen o gestionan desde Francfort, sino desde otras plazas europeas. Con este movimiento tan torpe, Alemania ha hecho retroceder la fe en un Gobierno económico coordinado; y, para colmo, ha señalado a los mercados cuáles son sus debilidades financieras al publicar una lista de bancos y empresas alemanas sobre las que se prohíbe este tipo de especulación. Nunca se dibujó una diana con tanta precisión.