La Fiscalía del Estado apoyó el traslado que pidió el magistrado

La Fiscalía General del Estado informó a favor de la concesión de la situación de servicios especiales que había solicitado el juez Baltasar Garzón para trabajar como asesor de la Fiscalía del Corte Penal Internacional de La Haya, sin perder su destino de juez en la Audiencia Nacional.

El informe de la Fiscalía del Estado, extensamente documentado, se pronunciaba a favor de conceder a Garzón los servicios especiales, por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial no impide que un juez "provisionalmente" suspendido pueda acceder a esa situación.

Tras un estudio en profundidad del artículo 348 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el régimen administrativo de jueces y magistrados, el informe firmado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, llega a la conclusión de que si un juez está suspendido "cautelarmente" y no por una sanción o condena, la ley no impide que cambie de situación administrativa.

Según la fiscalía, si la actividad para la que se requiere a Garzón no comporta el ejercicio de funciones jurisdiccionales, que se le conceda los servicios especiales como asesor resulta irrelevante.

Además, si su actividad como asesor no obstaculiza el desarrollo del proceso sobre su investigación de los crímenes del franquismo, tampoco habría razones para forzar una "interpretación extensiva de las normas", dado además que Garzón no tiene ningún tipo de inmunidad procesal y el fiscal ha pedido su absolución al considerarle "inocente".