El Gobierno acepta asumir la búsqueda y exhumación de víctimas de la Guerra Civil

El debate sobre la memoria histórica volvió ayer al Pleno del Congreso, para que el Gobierno dé un paso para asumir la búsqueda y exhumación de fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil. Lo hará en cumplimiento de una moción aprobada ayer, que fue pactada por el diputado de ICV, Joan Herrera, con el PSOE e incluye una referencia a las "reformas normativas que sean necesarias" para facilitar las exhumaciones. Tuvo el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que votó en contra, y Rosa Díez (UPyD), que se abstuvo. En la interpretación de la moción final hubo un cierto tira y afloja, porque Herrera entiende que el texto aprobado puede incluir la posibilidad de retocar la Ley de Memoria Histórica, mientras que fuentes de la Vicepresidencia Primera del Gobierno precisaron que se hará mediante la aprobación de una nueva orden ministerial, descartando el cambio de la ley.

En todo caso, el objetivo es acabar con lo que Herrera llamó "vía crucis" de los familiares de las víctimas para encontrar los restos de sus antepasados. De hecho, el acuerdo supone el reconocimiento del Gobierno y el PSOE de que la ley aprobada la legislatura pasada tiene huecos que la realidad ha dejado al descubierto. Por ejemplo, al dejar en manos de las Administraciones autonómicas esas exhumaciones, lo que ha terminado por dificultar las peticiones. El Gobierno ha admitido que hay comunidades gobernadas por el PP que están dificultando hasta la elaboración del mapa de fosas, que debe presentarse en los próximos meses.

Y varios grupos parlamentarios, como el PNV y CiU, reprocharon al Gobierno precisamente que no haya dado consuelo en la ley a los familiares de las víctimas, dejándoles al albur de lo que decida cada comunidad autónoma. Así, Aitor Esteban (PNV) aseguró que el Gobierno "está limitando, cercenando o no haciendo lo que está escrito en la ley".

La moción insta al Gobierno a "garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario".

Estas actuaciones se coordinarán desde la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con sede en el Ministerio de Justicia, que será potenciada y transformada para asumir esas nuevas funciones. El texto incluye una referencia al respeto a la aplicación e interpretación que los jueces y tribunales hagan de las leyes para investigar los "crímenes contra la humanidad y de genocidio". Algo que para Herrera puede interpretarse en el sentido de que el Congreso dijo ayer que "el juez Garzón no puede ser incriminado por perseguir los crímenes del franquismo".

El PP se opuso con vehemencia a la moción porque, según dijo desde la tribuna Jorge Fernández Díaz, hay crisis económica y Grecia está como está y el Gobierno, mientras, lo que hace es "mirar por el retrovisor" y gastar dinero público en las exhumaciones.