¿Debe dimitir Granados?

En enero de 2009 se conoció que altos cargos del PP en Madrid fueron seguidos por asesores del Gobierno regional. Casi un año y medio después se acaba de hacer público un informe policial que acredita que tres ex guardias civiles contratados como asesores de Seguridad por el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, espiaron a miembros del PP de Madrid.

La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS revela que la mayoría de los madrileños considera que el consejero de Esperanza Aguirre debería dimitir de su cargo de forma inmediata como consecuencia de este asunto. Un 62% de los encuestados considera que Granados debería irse ya mismo. Esta opinión también la comparte el 51% del electorado del PP.

El 51% de los votantes populares cree que debería abandonar

Los seguimientos se realizaron semanas antes del último congreso nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008, en el que Rajoy revalidó el liderazgo del PP. Por aquellas fechas, Aguirre meditaba si disputar la presidencia del partido. Y también por aquella época varios altos cargos del PP en Madrid fueron espiados. Entre ellos, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.

La encuesta se ha realizado justo un día después de que Manuel Cobo responsabilizara al consejero regional del espionaje. "El informe policial prueba que agentes a las órdenes de Granados me espiaron", aseguró el pasado miércoles el número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

"Cuando uno se equivoca pide perdón porque de esta forma se enriquece a la gente", manifestó poco después Granados. Se refería al enfrentamiento que mantiene con el vicealcalde de Madrid por este asunto. El consejero de Presidencia, Interior y Justicia ha amenazado con llevar a Cobo a los tribunales por sus acusaciones.

Granados ocupaba la cartera de Interior cuando se produjeron los seguimientos. El juez que investiga el caso ha imputado a cinco personas relacionadas con esta consejería. Entre ellas a los tres ex guardias civiles que trabajaron como asesores en ese departamento y al ex director de la Seguridad regional, Sergio Gamón. Un informe pericial, encargado por este diario, sobre los partes de seguimiento sostiene que los espías provienen de la consejería que dirige Granados. El consejero encargó otro informe que contradecía esta tesis. El empresario que realizó este informe para el Gobierno regional, Castor Iglesias, logró un contrato de un millón de euros por el servicio regional de traducción e interpretación para la justicia madrileña.

El pasado miércoles prestaron declaración ante el juez los tres ex guardias civiles y su ex jefe. Negaron que alguien les ordenara realizar los seguimientos. Estos imputados han cambiado de versión, al menos dos veces, desde que el caso está en los tribunales.

Si la trama del espionaje ha dañado seriamente la imagen de Francisco Granados, la presidenta, Esperanza Aguirre, tampoco sale airosa de este asunto. Un 43% de los entrevistados considera que el espionaje le ha deteriorado mucho o bastante, frente a un 46% que opina que apenas le ha hecho mella. Esta cuestión pone de relieve la fuerte polarización del voto en la Comunidad de Madrid. Esta fuerte división también se pone de manifiesto entre los encuestados que consideran que Esperanza Aguirre no debería volver a ser candidata a la presidencia de la Comunidad (un 74% de los votantes del PSOE, frente a un 14% del PP) y los que opinan que debería repetir porque sigue contando con el mismo respaldo popular de siempre (un 83% del PP, frente al 20% del PSOE).