Los diputados del Gürtel tendrían que dejar la Asamblea

La encuesta de Metroscopia para EL PAÍS deja claro dos cosas: que los diputados implicados en el caso Gürtel deberían dejar su escaño de forma inmediata y que Esperanza Aguirre, presidenta regional, no tendría por qué hacerlo pese a que una ligera mayoría de los entrevistados considere que es responsable de que la trama haya campado a sus anchas por la Comunidad de Madrid.

El sumario del caso Gürtel hecho público hace unas semanas reveló que la trama dirigida por Francisco Correa realizó 367 contratos con la Comunidad de Madrid por más de tres millones de euros. Más de un centenar de ellos eran irregulares.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se instruye el caso, considera que el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo de 12.000 euros, para poder contratar con el Gobierno regional. De esta forma, evitaba sacarlos a concurso público. El sumario también desvela que los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch recibieron viajes, regalos y miles de euros de la trama.

El 82% de los encuestados opina que estos tres diputados deben renunciar de forma inmediata a sus escaños. Es una de las pocas cuestiones en las que coinciden los electores del PSOE y del PP. Durante ocho meses, Aguirre mantuvo a los tres diputados dentro del grupo popular en la Asamblea. Pero los expulsó en octubre del año pasado tras hacerse público su implicación en el caso. Ahora son diputados no adscritos.

La presidenta se ha esforzado por trasladar un mensaje de rotundidad contra la corrupción. Aun así, el 70% de los ciudadanos desaprueba la gestión del Ejecutivo regional en los casos de corrupción política relacionados con el PP (un 60% de los votantes populares apoyan esta opinión). A pesar de los esfuerzos de Aguirre, el 46% de los entrevistados considera que es responsable de que la trama haya conseguido grandes sumas de dinero de la Comunidad de Madrid, frente al 38% que opina que no tiene ninguna responsabilidad en los desmanes de la red corrupta.

Esta cuestión también está fuertemente polarizada. El 75% de los votantes del PSOE la hace responsable, frente al 69% de los electores del PP que defienden que no tuvo nada que ver.