El Tribunal Superior de Madrid se inclina por anular las escuchas del 'caso Gürtel'

El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro y la más extensa conocida en democracia al afectar a varias comunidades y Ayuntamientos, tiene a los corruptos implicados pendientes de una resolución clave para el desarrollo de la investigación judicial. Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han mantenido ya dos sesiones para deliberar si las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre los corruptos y sus abogados, algunos también implicados en la ocultación de fondos, son legales o hay que anularlas. Dos de los tres jueces que deliberan sobre este asunto defienden la anulación total o parcial de las escuchas decretadas por Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Uno de los jueces está a favor de invalidar todas las comunicaciones

El presidente del tribunal se muestra partidario de una anulación parcial

La decisión es clave para el desarrollo de la investigación penal

El juez Antonio Pedreira validó las escuchas ordenadas por Garzón

Las grabaciones que preocupan a los corruptos y a sus abogados probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo) estableciendo estrategias comunes, por un lado, y tratando de evitar que la justicia localizara decenas de millones de euros evadidos a paraísos fiscales.

La tensión en la Sala que delibera sobre la legalidad o no de las conversaciones es muy notable, según fuentes conocedoras de las mismas. En las dos sesiones que han celebrado hasta ahora los tres jueces hay una mayoría de dos a uno a favor de anular las escuchas, aunque no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declarar ilegales todas las conversaciones grabadas en la cárcel con abogados o sólo algunas de ellas.

La decisión de esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede poner en la picota una instrucción que acumula ya decenas de miles de folios, cientos de pruebas y que afecta a un centenar de imputados. Los delitos cometidos por la trama corrupta han dejado fuera del juego político a cuatro alcaldes madrileños del PP, tres diputados autonómicos, entre ellos un ex consejero de Esperanza Aguirre, y han cuestionado las prácticas, muchas de ellas ilegales, de Gobiernos que colaboraron con la trama corrupta, todos ellos del PP.

Cada uno de los tres jueces que dirimen los recursos presentados por los abogados de los corruptos tiene un criterio distinto y opuesto al de los demás, si bien ya se ha conformado una mayoría de dos magistrados frente a uno que son partidarios de anular estas pruebas.

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, aupado al este cargo a propuesta de la conservadora, y afín al PP, Asociación Profesional de la Magistratura, se ha mostrado hasta ahora partidario de anular parcialmente las escuchas. Es decir, considera que el juez Baltasar Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real los dos jefes de la trama con sus abogados. Colateralmente, admitir los recursos de los abogados también afectaría tangencialmente a Garzón, sobre quien pende una querella por este motivo que presentó el abogado del constructor José Luis Ulibarri, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones de Gobiernos del PP. El Supremo ha admitido y está instruyendo esta causa contra Garzón.

En principio, Vieira contaría con el apoyo y el voto, para conformar una mayoría de dos contra uno y anular gran parte de las escuchas, de su colega Emilio Fernández Castro. Este magistrado se ha mostrado aún más radical que Vieira y su propósito inicial es anular casi todas las escuchas hechas desde la cárcel.

La postura discrepante la mantiene el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su criterio pasa por convalidar todas las escuchas decretadas por Garzón y desestimar los recursos de los abogados que piden la anulación parcial o total del proceso sobre la base de la ilegalidad de estas grabaciones.

Si la deliberación sigue por los actuales derroteros, lo previsible es que al final, si hay votación, Viera y Fernández Castro apoyen la anulación de las escuchas, total o parcialmente, al sumar sus dos votos en contra del de Suárez Robledano, cuya opinión está en sintonía, por otro lado, con la ya expuesta en un auto por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien validó las escuchas de Garzón rechazando los recursos de los abogados de los corruptos.

Pedreira sostuvo que las escuchas eran válidas porque algunos de los abogados indagados actuaban en connivencia con sus clientes y colaboraban con ellos para, entre otras cosas, tratar de ocultar y evadir de la justicia española "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en casi una quincena de paraísos fiscales.

Según fuentes conocedoras de las deliberaciones, en este momento el nivel de colisión entre los magistrados es tal que Vieira está meditando incluso cambiar al ponente y poner otro, es decir, a él mismo o a Fernández Castro. Y es que su postura y la de Suárez Robledano, ponente en este recurso, parecen de momento irreconciliables, mientras que Fernández Castro estaría dispuesto a modificar la suya, nulidad total, y unirla a una de consenso entre ambos. A Fernández Castro no le importa que pasen semanas antes de tomar una decisión definitiva si con ello la Sala del tribunal alcanza un consenso. La deliberación, según las citadas fuentes, continuará mañana mismo.

Los jueces que quieren anular las escuchas sostienen, entre otros argumentos, que el artículo que invocó Garzón para las escuchas sólo permite intervenir las comunicaciones entre clientes y abogados en los supuestos de terrorismo. El juez Pedreira entendió, en cambio, que eran válidas porque, al margen de ese supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite intervenir comunicaciones de abogados y ordenar registros de sus despachos si, como en este caso, media una orden judicial y el abogado puede ser cómplice del delito.

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real en relación con los fondos de la organización en Suiza, según las conclusiones de la policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel.

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, fechadas en el mes de marzo del año 2009, del cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y de su lugarteniente, Pablo Crespo, con sus respectivos abogados.