"Hay que prohibir las prejubilaciones en las empresas con beneficios"

Pocos días de tranquilidad ha tenido Celestino Corbacho desde que llegó al frente del Ministerio de Trabajo. El paro no le ha dado tregua. Esta semana discurría tranquila para él, hasta que el presidente del Gobierno anunció el miércoles una comisión ministerial para negociar un pacto económico con la oposición de la que él ha quedado fuera. De nuevo, aunque fuera por omisión, se convertía en protagonista. Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) argumenta que en las conversaciones políticas no se va a hablar ni de la reforma laboral ni de pensiones, que no tiene sentido que él participe en ese diálogo.

Desde luego en estos dos ámbitos va a tener que esforzarse. En el primero, para lograr mejores resultados del diálogo social que hasta ahora. En el segundo, para vencer la resistencia que la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación ha cosechado. Mañana tiene una prueba de fuego importante: comparece en el Congreso para defender una propuesta que él mismo rechazaba hasta poco antes de que el Ministerio de Economía impusiera su criterio.

"Trabajo hubiese propuesto retrasar la jubilación en dos tiempos"

"Seguramente ha faltado pedagogía para anunciar la propuesta"

"A largo plazo no es lógica la pensión de por vida de las viudas"

"El día que me sienta desautorizado duraré dos minutos en el Gobierno"

"Estamos en la fase final del ajuste de la economía y del desempleo"

"Ha habido un debate falso. Una reforma laboral no creará empleo"

Pregunta. ¿Le ha convencido ya Salgado de que hay que ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años?

Respuesta. No es un problema de que un ministro convenza a otro. El Gobierno ha puesto un debate que es inevitable acometer. Vamos encaminados a un cambio demográfico. De aquí a 25 años, la población jubilada habrá crecido de manera considerable. Una vez que el Gobierno lo decide, no es propuesta de un ministro u otro, sino la propuesta del Gobierno.

P. Pero no era su propuesta. Así lo manifestó en enero.

R. El Ministerio de Trabajo había planteado dos temas. Uno, que la Seguridad Social tiene una magnífica salud, y eso da seguridad a todos, de manera especial a los pensionistas. Dos, que se tenían que hacer cambios en un horizonte de 2030. Debíamos abordar ese tema, pero sin prisas. Las circunstancias precipitan ese debate en el Gobierno. Se ve la necesidad de acelerar esa decisión, que en el Ministerio planteábamos con un recorrido a más largo plazo, porque en el plano internacional se está mirando con preocupación a la Seguridad Social. Eso pesa. España tiene que presentar un plan de estabilidad presupuestaria a principios de febrero, se está jugando el crédito. Seguramente el Ministerio de Trabajo lo hubiese hecho en dos tiempos. Es probable. Lo que no hubiésemos evitado es el debate.

P. ¿Están dispuestos a retirar la propuesta si la contestación social es muy fuerte?

R. No. El Gobierno no va a retirar la propuesta. Es necesario abordar el debate. La propuesta final será la que acuerde el Pacto de Toledo. ¿Con qué espíritu? El de mayor consenso.

P. ¿No tiene miedo a perder el apoyo de los sindicatos?

R. Los sindicatos españoles han dado pruebas sobradas de que son capaces de ser contundentes en el rechazo a la propuesta, pero también están dispuestos a la concertación y el diálogo. Es un signo de normalidad democrática que un Gobierno haga una propuesta y que los sindicatos no estén de acuerdo.

P. ¿Fue idea suya retirar del plan de estabilidad la propuesta de elevar el periodo de cálculo de la pensión?

R. Fue una decisión de la propia vicepresidenta segunda.

P. ¿Incluirlo y retirarlo?

R. Parece que no fue la vicepresidenta quien decidió ponerlo en el informe, es lo que ella manifestó. Y fue ella la que decidió retirarlo. No tengo ningún comentario más que hacer.

P. ¿Y no sería una idea a tener en cuenta para la renovación del Pacto de Toledo?

R. Hay que discutirlo. Pero no debemos partir de una propuesta cerrada. Este tema no puede pasar por alto porque el sistema actual tiene puntos fuertes y puntos débiles. Les pondré un ejemplo de un punto débil. Si una persona se queda parada a los 55 años y está así cuatro o cinco años, su pensión se acerca más a la mínima que a la media. No es justo. Eso hay que corregirlo.

P. Con esa idea, el Ministerio ha dicho que quiere poner coto a las prejubilaciones. ¿Cómo se hace, teniendo en cuenta además que muchas empresas públicas las promueven?

R. En algunos casos, prohibiéndolas. Una empresa que tenga beneficios, si quiere hacer un ajuste de plantilla, que lo haga. Si quiere jubilar a la gente a los 30 años, que los jubile, pero que pague la Seguridad Social hasta los 65. Y que por medio no haya desempleo. Hay que acabar con que una empresa en beneficios llegue a un expediente en el que la mayoría de trabajadores pasan por desempleo, y luego, jubilación a partir de los 61. Y eso se acaba prohibiéndolo. Ahora, para ajustes de plantilla como el de Figueruelas, por ejemplo, parece razonable la figura de la prejubilación y la jubilación anticipada. Me parecerá más lógico resolver el ajuste con gente que tiene 59 años que con quien tiene 29. Aquí hay un problema cultural. Tiene que llegar un momento en que esté mal visto jubilar a la gente a los 54 años, aunque sea una empresa pública.

P. ¿Y ha llegado ese momento?

R. Yo creo que sí. ¿Se imagina ahora una empresa en beneficios que se atreviera a hacer un expediente diciendo que va a ajustar la plantilla y va a prejubilar a la gente a los 47 años?

P. No hace mucho, Telefónica y los bancos.

R. Claro que lo han hecho. Ya ese expediente de Telefónica se tuvo que cambiar por declaraciones de este ministro. Pero el siguiente paso no es que se cambien las cosas, es que se prohíban.

P. ¿Eso es lo que quiere hacer?

R. Es lo que hay que discutir. Y lo que yo opino. ¿Qué saldrá al final? Lo que decida el Pacto de Toledo. Pero las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones hay que acotarlas. Y en los casos de empresas en beneficios, hay que prohibirlas directamente. Me refiero a prohibirlas. Por dos cosas, por economía y por cultura. No puedes estar diciéndole a la sociedad que se tendrá que jubilar más tarde y, paralelamente, eso.

P. El Gobierno puede hacerlo, independientemente del Pacto de Toledo.

R. Sí, pero si estamos hablando de recomendaciones del Pacto de Toledo, parece razonable que el Pacto se pronuncie sobre estas materias, que se debatan.

P. ¿Entenderán los ciudadanos que cuando la Seguridad Social todavía tiene superávit haya que alargar dos años la edad de jubilación?

R. Si hacemos el debate en clave económica, no lo entenderá nadie. ¿Cómo decir a la gente que se tiene que jubilar más tarde cuando tenemos un paro juvenil del 40%? El debate es demográfico. ¿Cómo va a evolucionar la población en los próximos 20 años? Y, por tanto, ¿cuál va a ser la población en 2030? Se va a producir un envejecimiento importante. Y entonces la esperanza de vida va a estar más cerca de los 90 años que de los 80. Habrá 4,5 millones más de jubilados y probablemente una población activa que no habrá crecido a ese ritmo. Habrá un desfase demográfico entre la población que está cotizando y la que no.

P. ¿Y no cree que al Gobierno le ha faltado un poco de pedagogía al anunciar la medida?

R. Seguramente. La contestación que ha tenido, porque nadie la esperaba, ha sido contundente. La pedagogía habrá que hacerla. Debemos de serenar el debate. No hemos de tener prisa, no nos acucia el tiempo, tenemos buena salud en las pensiones. Hemos tenido superávit.

P. ¿Piensan introducir cambios profundos en las pensiones de viudedad?

R. Parece razonable que se reflexione sobre el concepto de viudedad, pensado en el papel que tenía históricamente la mujer. Tenemos que ser cuidadosos. Si se va al rol de mujer de más de 45 años, todavía hay muchas sin haber cotizado. Pero a largo plazo no es lógica esa pensión vitalicia y un poco asistencial. No se trata de ahorrar dinero ni de poner en cuestión las rentas de las personas que tienen ahora una pensión de viudedad.

P. ¿Se podría ligar la prestación a la renta del beneficiario?

R. Sí. Eso habrá que hablarlo. Parece lógico que la condición y rentas se tuvieran en cuenta. Pero es un tema muy de futuro, porque todavía hoy, por desgracia, el grueso de las viudas viene de personas cuyo papel fue el de ama de casa. Pero eso no se va a mantener muchos años. Son cosas que hay que cambiar.

P. El anuncio de la reforma de las pensiones correspondió a Salgado; el de la reforma laboral, a Zapatero, y esta semana se ha quedado fuera de la comisión que va a negociar el pacto económico con la oposición. ¿Se siente desautorizado en estos tres asuntos que le tocan tan de cerca?

R. En absoluto. El día que me sintiera así duraría en este Ministerio dos minutos. El presidente del Gobierno salió conmigo [a explicar la reforma laboral] porque así lo convinimos. Aquella semana fue horrenda, con intranquilidad en los mercados y en la opinión pública, y parece razonable que el primero que tiene que transmitir serenidad en ese contexto es quien tiene la máxima responsabilidad, el presidente del Gobierno. ¿Por qué yo no asistí a la reunión anterior? Porque estaba en Barcelona presidiendo el Consejo de Ministros europeo. Si no, hubiese dado yo la rueda de prensa.

En cuanto a la comisión creada esta semana, les aseguro que no es el espacio adecuado para temas laborales, que se debaten en el diálogo social, ni para debatir el futuro de las pensiones, del que se habla en el Pacto de Toledo.

P. En la reforma laboral, el Gobierno plantea ampliar el contrato con despido de 33 días. Teniendo en cuenta que el único colectivo excluido de ese contrato es el de hombres entre 31 y 44 años, eso implica generalizarlo.

R. Debemos discutirlo en el diálogo social. Hay que trabajar para que la temporalidad ceda en beneficio del contrato fijo. Y parece razonable discutir sobre el contrato de fomento [el de 33 días] y la temporalidad.

P. El documento plantea limitar las causas del despido y facilitarlo por causas económicas. ¿Cómo va a conjugar eso?

R. En España hay un debate sobre el tema del coste del despido. Pero es curioso que cuando el despido puede ser por causas objetivas [con una indemnización de 20 días por año trabajado], el 77% se produce a través del despido improcedente de 45 días previo depósito en el juzgado. ¿Qué dice el documento? Que se discuta si la normativa del despido por causas objetivas es mejorable o no.

P. Pero ¿no hay una propuesta concreta del Ministerio?

R. La clara voluntad de discutirlo y llegar a un acuerdo.

P. ¿Cuánto pretende ahorrar el Ministerio con la reordenación de las bonificaciones?

R. Nada. Se pretende racionalizar. Las hemos universalizado y han perdido interés. Las bonificaciones no acotadas en el tiempo y para un colectivo concreto no sirven para el objeto que buscan, animar la contratación. Estamos tirando el dinero. La idea es abandonar este modelo para ir hacia uno con límite temporal y de colectivos.

P. ¿Y eso no implica menos dinero?

R. No. Significa concentrar los recursos en un colectivo. Mi opinión es que hay dos colectivos para los que las bonificaciones tienen que mantenerse: mujeres por violencia de género y discapacitados. Pero el colectivo con el que hay que hacer el máximo esfuerzo es el de los jóvenes. Durante tres años, no más. Ahora hemos iniciado un proceso de diálogo y los agentes sociales tendrán que decir si están de acuerdo.

P. Pero eso algo ahorra.

R. No está previsto así. Pero dentro de tres años al ministro de Trabajo -que no voy a ser yo, seguro- habrá que preguntarle qué va a hacer cuando se acabe ese tiempo.

P. ¿Se podrá hablar de una rebaja de cotizaciones sociales, aunque sea temporal?

R. En la mesa se podrá hablar de todo lo que esté en los epígrafes enumerados [en el documento]. Pero dentro de ellos tiene que ser una discusión abierta. No sé si alguno de los participantes lo pondrá sobre la mesa. Pero si hablamos de que hay que ampliar la edad de jubilación, parece complicado que esa medida se pueda tomar en consideración sin más.

P. ¿Pretende compensar con un acuerdo laboral, aunque sea tibio, el desgaste sufrido con las pensiones?

R. A la larga, se reconocerá que el Gobierno no erró en introducir este debate. Podemos aparcarlo, aunque no lo vamos a poder evitar.

P. Sin embargo, en la reforma laboral sí que ha habido una actitud distinta del Gobierno, una propuesta más abierta.

R. Sí, veníamos de un proceso. Tiene un gran valor poder reanudar el diálogo social. Los ciudadanos valoran que en la medida de lo posible acordemos cosas. Y el Gobierno ha hecho un papel pensando en que era necesario sentarse para discutir. Ese papel tenía ese objetivo, y creo que lo ha conseguido.

P. ¿Cuántos parados más generará el mercado laboral antes de que haya un acuerdo?

R. Estamos en una fase final del ajuste de la economía y, por tanto, en el final de ese ajuste del desempleo. En el segundo semestre del año las cosas empezarán a cambiar.

P. Pero ¿cuándo vamos a ver creación de empleo?

R. En el segundo semestre de este año se habrá producido el ajuste final del desempleo. La economía empezará a crecer entonces, pero eso no significa que haya una creación de empleo potente.

P. ¿Por qué ha tardado tanto el Gobierno en admitir que hacía falta un cambio laboral para salir de esta situación?

R. Ha habido un debate falso en España. Una reforma del mercado laboral no creará empleo.

P. Y entonces ¿para qué se hace?

R. Es necesaria. De la crisis no saldremos hasta que la gente tenga confianza y haya crédito. El debate lo hemos hecho al revés. Se necesita confianza y crédito, pero hemos convenido que cuando salgamos, el modelo económico tiene que ser diferente. La reforma se hace porque es necesario adaptar el mercado laboral a un nuevo tiempo en el que las cosas serán necesariamente distintas. -