El idilio llega a su fin

El escenario sindical se ha trasladado en pocos días de los elegantes salones de Moncloa al asfalto invernal de las ciudades. El pasado 5 de febrero, UGT y Comisiones Obreras celebraban desde el palacio presidencial el boceto de reforma laboral que les había entregado José Luis Rodríguez Zapatero. Una semana después, las mismas organizaciones convocaban manifestaciones en las principales ciudades del país para protestar contra la intención del Gobierno de retrasar la edad de jubilación. De un viernes para otro, la sintonía exhibida desde que Zapatero llegó al poder se ha quebrado para dar paso a una mayor agresividad.

Las protestas que los sindicatos iniciarán la próxima semana -el 23 de febrero en las principales ciudades- son las primeras que se convocan contra el Gobierno. Ha habido otras anteriores, la más significativa, la del pasado 12 de diciembre, pero el descontento obedecía a la etérea crisis, frente a la mucho más concreta reforma de las pensiones esgrimida ahora. Con el giro sindical, Zapatero se enfrenta a su primera rebelión en las calles.

UGT reconoce que la confianza en el Gobierno se ha resentido

Es difícil que el Ejecutivo resista la ola mundial de ajuste en pensiones

La OCDE aconseja llegar a 67 años en las próximas dos o tres décadas

Las protestas le servirán a Zapatero para medir el grado de descontento

Las pensiones han sido lo que más ha dividido a UGT y CC OO

De momento, el Gobierno no parece asustado por el órdago sindical

El grado de hostilidad que ese movimiento origine es aún una incógnita. El propio Zapatero fue consciente de la trascendencia del pensionazo, como lo bautizó Gaspar Llamazares, e intentó amortiguar su impacto convocando en secreto a La Moncloa a los líderes de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, para informarlos antes de hacerlo público. Los sindicatos han optado, de momento, por una acción "preventiva" -así la calificaron al anunciarla- que irá evolucionando en función de los acontecimientos. "Se trata de un calentamiento de motores por si el proyecto sale adelante", vaticina Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

Con más o menos matices, los expertos consultados refrendan esa hipótesis. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva Miguel Rodríguez-Piñero considera que los sindicatos no tienen más remedio que protestar ante una afrenta de ese tipo, pues lo contrario los situaría en una posición débil y daría alas al argumento conservador de que son incondicionales a Zapatero. "Pero claramente hay una voluntad de no hacer mucha pupa", añade. Al menos de momento.

El número dos de UGT lo ratifica: "Hay que guardar la proporcionalidad", justifica Toni Ferrer, secretario de acción sindical. Esta organización rechaza la mayor parte de los cambios en pensiones que proyecta el Ejecutivo, especialmente el alargamiento de la edad de jubilación. Pero el malestar es casi mayor con las formas que con el contenido. "El Gobierno ha roto una manera de afrontar la crisis y un relato compartido de la misma", sentencia Ferrer. Un documento interno del sindicato critica que el Ejecutivo se haya adelantado con sus planteamientos y haya quebrado así el procedimiento empleado hasta ahora con el Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario para sacar las pensiones de la contienda política y garantizar su futuro.

El Gobierno alteró la serenidad del debate de las pensiones un viernes 29 de enero, después del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, al mando del argumentario que le permitía justificar una medida tan inesperada como elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. La noticia, filtrada el día anterior, soliviantó a los sindicatos, que comenzaron a barruntar la idea de organizar una serie de protestas. Lo que no han conseguido la crisis y la destrucción de empleo lo ha logrado la primera amenaza de recortes sociales, en este caso en el sistema público de pensiones.

El perfil bajo con el que los sindicatos quieren iniciar el proceso se refleja en el tipo de movilizaciones convocadas. En lugar de canalizar el descontento hacia una única manifestación, UGT y Comisiones Obreras han preferido convocar asambleas y marchas en las capitales de provincia, diseminadas en las dos próximas semanas. Y las principales ciudades no protestarán el sábado, día central de las grandes manifestaciones, sino un discreto martes (con una fecha, eso sí, que permanece en la memoria: 23 de febrero).

Ramón Górriz, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras, resta importancia a esos detalles y ofrece una explicación a la aparente candidez con que se planean las manifestaciones: "No es el punto final, sino un proceso; vamos a mantener estas movilizaciones hasta que la subcomisión del Pacto de Toledo acabe sus trabajos". Pese a la rotundidad del planteamiento de alargar la edad de jubilación, el Gobierno asegura que los cambios deberán pactarse en ese órgano y que sus iniciativas son sólo una propuesta.

De momento, el Ejecutivo no parece asustado por el órdago sindical. Tanto el presidente como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se muestran comprensivos con la postura de las dos organizaciones, incluso confían en convencerlos. Tras la reunión con los agentes sociales celebrada a principios de febrero en La Moncloa, Zapatero empleó un tono amable al declarar su voluntad de reunirse con Toxo para demostrarle la supuesta bondad de la medida. El presidente no mencionó entonces a Cándido Méndez porque hasta ese momento Comisiones parecía más beligerante en el rechazo.

Pese a la aparente tranquilidad del Ejecutivo, las pensiones constituyen una de las materias más sensibles del estado de bienestar, probablemente de las pocas capaces de movilizar a un amplio espectro del electorado. Un recorte en las de jubilación provocó la primera huelga general de la democracia -sin el apoyo de UGT- en junio de 1985. Entonces se elevó el periodo que se toma como referencia para calcular la pensión de los dos últimos años cotizados a ocho. Un cuarto de siglo después, los sindicatos se encuentran ante otro cambio en las pensiones orquestado por un gobierno socialista. "Pero ésos eran otros tiempos", analiza Federico Durán, ex presidente del Consejo Económico y Social y mediador en conflictos laborales.

Durán, ahora responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues, se muestra especialmente escéptico con el fin del idilio entre el Gobierno y los sindicatos: "A corto plazo no lo veo, a no ser que se precipiten las cosas". Este experto cree que, más que por los cambios en las pensiones, los sindicatos se movilizarán si se producen recortes en políticas de gasto como la del desempleo. Durán considera inteligente -no sin cierta ironía- la estrategia del Gobierno en pensiones, pues ha exhibido ante los mercados una medida cuya aplicación está por decidir y, en caso de concretarse, será a largo plazo.

Por lejano que parezca ese horizonte, el resquemor que el Ejecutivo ha provocado en los sindicatos aflorará, inevitablemente, en la reforma laboral que se negocia intensamente estos días. Tanto UGT como Comisiones Obreras se esfuerzan en explicar que la estrategia sindical siempre ha combinado diálogo en los despachos y protestas en las calles. "Desde nuestra autonomía, realizamos movilizaciones ante lo que consideramos una fuerte agresión y a la vez negociamos", arguye Ramón Górriz. Pero la coincidencia en el tiempo de los dos principales cambios sociolaborales de los últimos años -y la estrategia sindical opuesta en ambos- hacen inevitable el efecto contagio. "Al haberse posicionado [el Gobierno] de esa manera se complican los dos debates, el del Pacto de Toledo y el diálogo social que mantiene con los agentes sociales para la reforma laboral", concluye Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo y director financiero de la Fundación Ortega y Gasset. El negociador por UGT Toni Ferrer lo corrobora: "En estos momentos, el nivel de confianza no es el mismo".

Pese a la dureza del discurso inaugurado en pensiones, de momento el Ejecutivo amaga sin dar. Ha lanzado una propuesta agresiva, la de elevar la edad legal de jubilación, pero parece haberse retractado de la que consideraba una fuente de ahorro en el sistema público igual de importante, la ampliación del periodo cotizado que se tiene como referencia para calcular la pensión. El Ministerio de Economía propuso -a título de ejemplo, según justifica este departamento- elevar de los 15 años actuales a 25 el último periodo de vida laboral computable. Con esa medida y el cambio en la edad legal, proyectaba ahorrar cuatro puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros, con el dato actual). Pero la polvareda levantada hizo desistir al Ejecutivo y retirar ese párrafo del documento que Economía mandó a Bruselas.

Una persona que ocupó un alto cargo en la Seguridad Social pone en duda que elevar el periodo de cómputo origine tal ahorro, una postura similar a la que mantienen los actuales responsables del Ministerio de Trabajo. Pero la mayoría de los expertos discrepa. Con excepciones, las vidas laborales suelen ir acompañadas de salarios crecientes que, como poco, se consolidan en la última etapa. Por tanto, ir más atrás en las bases de cotización que se toman para cuantificar la pensión perjudica a la media y beneficia a quienes en los últimos años han sido expulsados del mercado laboral, han tenido que optar por un empleo peor remunerado o han reducido jornada.

Con este u otros instrumentos, es difícil pensar en que el Gobierno resista la ola internacional de endurecimiento de los sistemas públicos de pensiones. Francia acaba de anunciar para otoño medidas que permitan retrasar la edad de salida del mercado laboral -fijada, hasta ahora, en unos generosos 60 años-, Grecia está obligada a elevar también la media de jubilación efectiva y en Holanda se debate si pasar de 65 a 67 años. Hay países que ya han explorado ese camino. Alemania, Dinamarca y Australia avanzan ya hacia los 67 y Reino Unido, hacia los 68, según datos de la OCDE, que aglutina a las 30 economías más desarrolladas del mundo. Se unen de esa forma a Noruega e Islandia, que ya han alcanzado los 67.

Esta organización es una de las más fervientes defensoras de elevar la edad de jubilación. "En el caso de España, legislar ahora sobre futuros incrementos en la edad de retiro, aplicados en las próximas dos o tres décadas, tendría sentido", asegura Edward Whitehouse, experto en pensiones de la OCDE. Whitehouse añade que la mayor esperanza de vida aún no se ha reflejado en la edad de jubilación, cuando ese indicador seguirá aumentando en el futuro. Actualmente, la edad efectiva de abandono del mercado laboral son 63 años y 10 meses, según datos de Trabajo. Con un modelo probabilístico, sin datos reales, la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, sitúa la media en 62,6 años. En todo caso, más de un año por encima de la medida comunitaria. Ése era el argumento que hasta hace poco más de un mes mantenía Trabajo para defender los incentivos voluntarios a la permanencia en el puesto de trabajo. El giro de la voluntariedad a la obligatoriedad sólo llego cuando el Ministerio de Economía tomó la batuta y trató de lanzar mensajes tranquilizadores para los mercados internacionales, que castigaban las cuentas públicas españolas.

La OCDE se adentra en la controvertida idea de ligar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Bajo el subtítulo de "La revolución silenciosa en las políticas de pensiones", la organización defiende en un informe ese mecanismo, algo perverso, que ya han adoptado 13 de los 30 países que la conforman, según sus datos. Y vaticina que no se quedarán solos. La medida "puede mejorar la forma de compartir riesgos" y "da una razón lógica para los recortes en la prestación que los votantes verán creíble y razonable". Aplicado a España, el pronóstico resulta, cuando menos, osado. En todo caso, la OCDE sitúa a España dentro del grupo de países cuyos sistemas de pensiones "no han visto cambios significativos en los últimos 15 años".

Más allá del rechazo sindical, prolongar la vida activa admite lecturas positivas. Miguel Rodríguez-Piñero destaca una interesante. "Teniendo en cuenta el nivel de las pensiones españolas [la media de jubilación son 875 euros mensuales] y la forma física a la que se llega a los 65, cada vez hay más gente que no acepta que la jubilen", explica el catedrático de la Universidad de Huelva. Es decir, una parte de los trabajadores -eso sí, los más cualificados y sedentarios- quieren continuar y en muchos casos no pueden porque los convenios colectivos fijan como obligatorio el retiro a los 65 años para fomentar la creación de empleo.

"El problema es que hay gente que llega muy machacada a esa edad", opone Santos Ruesga, que aboga por algún mecanismo que permita discriminar por sectores. Esa idea, apoyada también por Rodríguez-Piñero, encierra una gran complejidad, pues, mientras que hay profesiones cuyo desgaste es muy claro -la de minero, por ejemplo-, en otras la línea es más difusa y resulta difícil fijar una edad de jubilación para cada colectivo.

Con todo ese argumentario, los sindicatos se enfrentan el martes a un duro examen: protestar por primera vez contra José Luis Rodríguez Zapatero y comprobar el pulso de la ciudadanía para ver si los secundaría en caso de que las medidas sobre pensiones sigan adelante y las organizaciones tengan que plantear muestras de fuerza más contundentes.

También está por ver si la unidad sindical resistiría un envite de esa categoría. Las pensiones han sido precisamente el elemento que más ha dividido a UGT y Comisiones Obreras en el pasado. La huelga de 1985 se realizó sin la participación de UGT, a pesar de elevar el periodo de cálculo de la pensión. Al contrario, fue este sindicato el que se desmarcó del acuerdo de pensiones de 2001, que instauraba la jubilación parcial y flexible y abría la puerta a extender más el periodo de cálculo de la pensión. El pacto, firmado por Comisiones Obreras y CEOE con el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, planteaba la idea de que, en un futuro, la pensión se calculara en función de toda la vida laboral. Nunca más se retomó ese debate en serio, aunque no han sido pocos los expertos que lo han planteado estos últimos años.

Con las pinceladas ofrecidas hasta ahora por el Gobierno sobre sus intenciones, Valeriano Gómez entiende el rechazo sindical. "No va a ser fácil que los sindicatos acepten una subida de la edad de jubilación sin más". Ese "sin más" sugiere que las centrales podrían acabar admitiendo trabajar más años para cobrar la misma pensión a cambio de otras mejoras. Hasta ahora, ni Comisiones ni UGT han dado muestras de tal flexibilidad. "Pero los sindicatos no deben adoptar posiciones numantinas. Se puede decir que no a esto, pero hay que aceptar que el sistema necesita reformas", advierte el ex responsable de Empleo en la primera legislatura de Zapatero.

Internamente, ambas organizaciones admiten algunos cambios de los que prevé el Gobierno. El problema es que el documento oficial que sembró la polémica es tan ambiguo y farragoso que cuesta definirse respecto a las propuestas. Salvo el aumento de la edad legal de jubilación, el resto de medidas se presta a varias interpretaciones, en ocasiones contradictorias.

No es el único equívoco a que induce el Ejecutivo. Mientras el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, promete a los inversores internacionales que si hay que recortar más el gasto público se hará, Zapatero prorroga el subsidio para parados sin protección cuyo coste anual asciende a 500 millones. Y los ministerios reducen sus inversiones pero se garantiza a los funcionarios que no habrá congelación salarial. Iniciativas probablemente justas pero incongruentes con la austeridad que se predica. Federico Durán echa un jarro de agua fría sobre las pretensiones ahorradoras del Gobierno: "Los problemas de las cuentas públicas no se solucionarán hasta que se cree empleo".

Las marchas del martes y los días sucesivos no sólo pondrán a prueba a los sindicatos. Al Gobierno le servirán para medir el posible descontento con el que lidiar de aquí a las próximas elecciones y las consecuencias de los titubeos de los últimos meses. Será una prueba antes del examen definitivo al que se someterá Zapatero en 2012. -