Industria recibe 13 candidaturas al silo nuclear

El Ministerio de Industria ha recibido 13 solicitudes para albergar el almacén nuclear. Junto a las candidaturas de Yebra y Ascó -las más trabajadas, por estar cerca de centrales- hay pequeños pueblos deprimidos de Extremadura (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (7) y Valencia (1). Muchos incumplen las bases, por estar en terreno protegido o cerca de un aeropuerto, y uno de ellos (Santiueste de San Juan Bautista, en Segovia) incluso ya ha aprobado una moción para retirarse del proceso. Otro de los que se han presentado, Campo de San Pedro, en la misma provincia, anunció que se retiraba, pero finalmente aprobó su candidatura sin consultar a los vecinos. Así construirá España su silo nuclear.

Industria mantiene que el almacén se aprobará con consenso. El problema es cómo va a lograrlo. Todos los barones socialistas de las autonomías implicadas se oponen. El extremeño Guillermo Fernández Vara, el manchego José María Barreda, el castellanoleonés Óscar López, el valenciano Jorge Alarte y el catalán José Montilla, se niegan a que el almacén, que albergará los residuos activos de todas las centrales, vaya a sus comunidades. Hasta el madrileño Tomás Gómez ha puesto en duda que se instale en Yebra (Guadalajara) por estar cerca de Madrid. El PP dijo ayer que apoyará la decisión del Gobierno.

Ahora Industria analizará el término municipal de los candidatos y luego comunicará cuáles no son aptos. Se necesita terreno llano, no inundable y que no esté en zona sísmica.

Industria justifica el proyecto por la penalización fijada en el contrato con Francia si no regresan los residuos de Vandellòs I enviados allí tras el cierre de la central, en 1989. Esos residuos deben volver a partir de 2011. Si no, España pagará unos 60.000 euros diarios. Pero esa penalización es sólo una fianza. Cuando España tenga un cementerio, negociará con Francia el coste del almacenamiento y recibirá de vuelta la mayor parte. Fuentes del sector creen que si España negocia bien, Francia podría devolver el 90%.

Torrubia de Soria no cumple las condiciones porque está en una zona de especial protección para las aves. Tampoco Villar del Pozo, situada junto al aeropuerto de Ciudad Real. El alcalde de Albalá (Cáceres), Jesús Pascual, dimitió ayer porque se opone y la candidatura fue aprobada en un golpe de mano de sus ediles. Hay candidaturas presentadas fuera de plazo y otras defectuosas. Casi la mitad están ya descartadas.

Industria considera que las más serias siguen siendo Ascó y Yebra, que durante años se han trabajado a la población, con viajes a Holanda. Por eso fueron los primeros en aprobarlo, en plenos con gran afluencia de público y con el respaldo de la mayoría de los alcaldes cercanos.

Pero el sistema de aprobación -bastaba un pleno municipal- derivó en candidatos sorpresa como Lomas de Campos, en Palencia, de 52 habitantes, cuyos vecinos ni conocían hasta ayer que su pueblo era candidato. Villar de Cañas (Cuenca) también aprobó su candidatura en un pleno con un solo vecino de público.

El alcalde de Campo de San Pedro, el socialista José Antonio Martín, dio un comunicado el 24 de enero con su firma y el sello del ayuntamiento en el que justificaba que "debido a la presión social recibida" no se presentaría. La intención de Martín, según explicó antes de que este diario desvelara su interés, era aprobar la candidatura en pleno sin comunicárselo a los vecinos. Explicó que así se lo había recomendado Enresa, la empresa pública dependiente de Industria que construirá el almacén. El edil negó ayer haber presentado la solicitud aunque fuentes conocedoras del caso explican que sí consta en el ministerio.

Las negociaciones de Enresa con los pequeños ayuntamientos han indignado a dirigentes socialistas como José María Barreda, que consideran que el Gobierno ha puenteado a las autonomías. Industria no ha querido replicar públicamente a estas críticas, pero apunta que si hubiera querido hacerlo por las bravas lo habría instalado en terrenos del Gobierno sin convocar ningún concurso.

Los ecologistas ven cómo, esta vez sí, el Ejecutivo no piensa parar en la construcción de almacén. El plan es elegir el emplazamiento en junio. Greenpeace considera que el proyecto "ha provocado un importante conflicto social, territorial y político" y destaca que 8.099 pueblos no lo han pedido.