¿Podemos permitirnos no reformar el mercado laboral?

Nuestro marco de relaciones laborales es poco eficiente y poco equitativo, a pesar de lo cual dos argumentos han sido utilizados de forma reiterada para frenar la adopción de las medidas necesarias para corregir estas deficiencias. El primero es que nuestro mercado de trabajo no ha sido el causante de la crisis, por lo que un cambio en el modelo productivo excluyendo una reforma laboral sería suficiente para reducir rápidamente el desempleo. El segundo es que cualquier reforma laboral requiere un recorte de los derechos de los trabajadores.

La realidad ha terminado por imponerse y una tasa de desempleo en rápido crecimiento ha ido eliminando muchas de las resistencias a las reformas. Ahora es crucial acertar con los cambios adecuados para alcanzar tres objetivos simultáneamente: reducir el desempleo rápidamente, crear empleo más estable, para que expansiones y recesiones no generen tanta volatilidad en la tasa de paro, y que los nuevos empleos sean de más calidad, con una remuneración adecuada del capital humano que favorezca el crecimiento económico.

España ha disfrutado de unas condiciones muy favorables entre 1994 y 2007, pero tardó demasiados años en alcanzar tasas de desempleo similares al promedio europeo. Esas condiciones excepcionales que impulsaron el crecimiento en el pasado tardarán en repetirse, por lo que el cambio del modelo productivo hacia actividades que generen un mayor valor añadido es no sólo deseable, sino ineludible. Si tenemos éxito en esta tarea, lograremos un empleo más estable y de mayor calidad, pero ese cambio no garantiza que el empleo crezca a un ritmo superior al del pasado, más bien al contrario. En un trabajo reciente con los profesores José E. Boscá y Javier Ferri mostramos que la recuperación del empleo en una economía más productiva puede ser bastante más lenta de lo que lo ha sido en la década pasada. La razón es, básicamente, que en esa economía aumentaría la tasa de crecimiento del PIB necesaria para generar empleo. Por ello es preciso introducir medidas que permitan crear más puestos de trabajo para absorber a la gran cantidad de trabajadores, en especial los de baja cualificación, desempleados a consecuencia de la crisis. En estudio vemos que con la aplicación de una reforma laboral integral adecuada, el tiempo que tardaría la tasa de paro en alcanzar nuevamente el promedio europeo se reduciría prácticamente a la mitad. Por tanto, la disyuntiva que el debate político nos presenta entre "cambio de modelo productivo o reforma laboral" es artificial. Un cambio en el patrón de crecimiento hace la reforma laboral mucho más necesaria y urgente.

Un conjunto de reformas que impulsarían la creación de empleo en el marco de un mercado de trabajo más justo es el propuesto, entre otros, por el denominado Grupo de los 100. Además de la reorientación de las políticas de formación, dos elementos destacan en esta propuesta. En primer lugar, la creación de un nuevo contrato único e indefinido que tuviera una indemnización por despido inicial mayor que la de los contratos temporales actuales y que fuera creciente con la antigüedad en la empresa, hasta alcanzar un nivel máximo inferior al de los actuales contratos indefinidos. Puesto que el nuevo contrato no se aplicaría a los contratos indefinidos vigentes, no daría lugar a recortes de derechos adquiridos, evitando así el riesgo de incrementar el número de despidos. Sin embargo, el nuevo contrato permitiría mejorar la protección efectiva de millones de trabajadores cuya probabilidad de acceder a un contrato indefinido es baja e incentivaría el esfuerzo en formación de trabajadores y empresas. En segundo lugar, se propone un cambio en la negociación colectiva para aprovechar las ventajas de un sistema multinivel que potencie la negociación de las condiciones salariales al nivel de la empresa. Se conseguiría que la evolución de los salarios fuera más acorde con la de la productividad. Esta medida aumentaría la demanda de trabajo, reduciría incertidumbres para las empresas y generaría incentivos que darían lugar a aumentos en el esfuerzo y la adquisición de capital humano.

Aunque estas medidas no benefician a todos los trabajadores por igual, se complementan. Con un único contrato indefinido y políticas activas de empleo se aumenta la protección de los trabajadores más vulnerables. Con los cambios en la negociación colectiva se incentiva la acumulación de capital humano y las mejoras de productividad y salarios de los más cualificados.

Durante los dos últimos años se ha perdido un tiempo valioso en falsas disyuntivas. Ahora que el paro se sitúa en el umbral del 19%, todo el mundo acepta la reforma como ineludible. Pero una reforma inadecuada o insuficiente no ayudaría a reducir rápidamente la tasa de desempleo y sólo generaría frustración social. Por el contrario, cambios en la dirección correcta permitirían una rápida creación de empleo más productivo y estable. Además, la reforma laboral facilitará la solución de otros retos a los que tenemos que hacer frente a corto plazo, como la consolidación fiscal, ya que puede constituir una gran oportunidad para que España gane ante el resto del mundo la credibilidad necesaria con la que afrontar la recuperación de la manera más eficaz y equitativa posible.

Javier Andrés es profesor de la Universidad de Valencia y Rafael Doménech pertenece al servicio de estudios del BBVA.