Torrejón se salta las directrices estatales fijadas en 2008 para el empadronamiento

Normas de empadronamiento para una mejor convivencia entre todos, por una inmigración regular en Torrejón de Ardoz. Es el título de un tríptico de información de este Ayuntamiento madrileño. Dentro del folleto se precisan los requisitos: si usted es extranjero y tiene pasaporte con visado de turista, no podrá empadronarse; tampoco si en su piso hay más de un habitante por cada 20 metros cuadrados.

El reglamento ha logrado reducir un 50% la inscripción de vecinos extranjeros en Torrejón en 2009 con respecto a 2008. No hay datos sobre mejoras de la convivencia. Pero hay pruebas de su efecto: extranjeros que viven en la ciudad sin estar en el padrón municipal, vecinos fantasmas que se inscriben en otros términos municipales menos exigentes en sus requisitos, para tener derecho a que los reciba un médico o para que sus hijos tengan plaza escolar.

El padrón de Torrejón de Ardoz, un municipio de 116.000 habitantes con 26.000 vecinos extranjeros, funciona con criterio propio. La resolución estatal sobre empadronamiento de 1997, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas cuando Mariano Rajoy era ministro, todavía vigente, obliga a los municipios a registrar a todos los vecinos extranjeros, aunque estén en España en situación irregular. Torrejón no sigue la regla desde el 1 de octubre de 2008.

Las excepciones legales de este municipio tampoco casan con las directrices más recientes del Ministerio de Interior, que precisó en 2008 a distintos ayuntamientos catalanes las reglas de juego. Según este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los municipios deben aceptar los pasaportes extranjeros con visado de turista. No se menciona nada relacionado con el espacio disponible en la vivienda donde se registran los inmigrantes.Los funcionarios de Torrejón de Ardoz cumplen órdenes. "Lo siento, aquí no puede, va a tener que buscarse otro Ayuntamiento", responde una oficinista del padrón a Mary, una dominicana de 35 años. La inmigrante mostró su pasaporte, pero no hubo suerte. Tenía visado de turista, insuficiente para satisfacer las normas especiales del Ayuntamiento. Mary contraataca: "O sea que aquí no puedo ir al médico ni nada...". Y se da de nuevo con el frontón burocrático: "Respecto a lo de ir al médico, tendrá que dirigirse a la autoridad competente", replica la funcionaria.

"Burocracia, burocracia, burocracia", protesta en la salita de su casa un ghanés que no quiere dar su nombre. Su lamento tiene la misma raíz que las penas de Mary. Torrejón de Ardoz le ha negado el empadronamiento a una familia de compatriotas suyos, un matrimonio con dos niños, de tres años y 10 meses. Por cuestiones de espacio, la otra cláusula principal del plan de mejora de la convivencia de Torrejón.

Newton Korang, ghanés de 30 años, padre de esta familia rechazada por el censo torrejonero, explica los inconvenientes de esta normativa discriminatoria: "Estamos empadronados en Coslada, y tenemos que llevar a los niños allí cuando se ponen mal. Como no tenemos coche, vamos en tren a San Fernando y luego en bus a Coslada, a nuestro médico".

El obstáculo de estos inmigrantes está en la base de datos de Torrejón. Allí aparecen registrados otros tres habitantes, que sumados al huésped y a la familia de cuatro que aspira a censarse suman ocho inquilinos en unos 70 metros cuadrados. El Ayuntamiento no transige. Ellos aseguran que esa gente ya no vive en el apartamento.

Pero el espacio no debería influir en su empadronamiento. Eso indica un documento de 2008 del Ministerio de Interior al que ha accedido EL PAÍS. Una nota enviada a distintos ayuntamientos catalanes precisa las normas del padrón y no hace referencia al espacio disponible en la vivienda. Lo que sí resalta es que el pasaporte es un documento válido para empadronarse, "independientemente de si tiene un visado de turista". Una directriz ignorada por Torrejón.

El Ayuntamiento se ha negado a ofrecer su versión sobre la contradicción entre las normas de Interior y sus estrategias para buscar una "inmigración regulada" (como se lee en la revista municipal). Remite a las declaraciones del alcalde, Pedro Rollán, a este diario. El regidor afirmaba que estas reglas defendían la dignidad de los extranjeros: "No podemos permitir que por pisos de menos de 100 metros se lleguen a cobrar 1.200 o 1.500 euros. Esto les obliga a vivir hacinados... Luchamos contra la esclavitud del siglo XXI". Una "esclavitud" común según este argumento a muchas familias españolas, cuya vivienda no tiene 20 metros cuadrados por habitante.

Esta supuesta lucha por favorecer a los inmigrantes ofrece otros logros a la localidad, según su revista: "Se ha conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes en Torrejón". En otro folleto se explica que las reglas del padrón responden a un "clamor popular". En la plaza del Ayuntamiento, a unos metros de un grupo de subsaharianos, José, de 49 años, al igual que otros vecinos, no recordaba problemas con los inmigrantes: "No sé si hay tensión en el interior de la gente, pero en el exterior no se ve nada". Tal vez ha bajado el "clamor". O quizá los vecinos no lo habían notado.