Vic acatará lo que diga el Gobierno sobre el padrón de los 'sin papeles'

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), se comprometió ayer ante las asociaciones de inmigrantes y cívicas del municipio barcelonés a retirar el proyecto de no empadronar a inmigrantes irregulares si el Gobierno considera que la medida no es conforme a ley.

"El ayuntamiento hará una pregunta al Gobierno central el lunes en función de la legalidad de la acción y esperaremos la respuesta", explicó ayer Vila d'Abadal. "Si el Gobierno dice que no es legal, la retiraremos", añadió. El consistorio esperará a tener el dictamen que ha pedido al despacho de abogados de Miquel Roca Junyent para formular la pregunta a la Administración central, precisó el alcalde en declaraciones a la televisión local El 9 Nou.

El primer edil anunció ayer su decisión tras una reunión de más de una hora con una decena de entidades de Vic. El encuentro se mantuvo a instancias de las asociaciones, molestas porque el alcalde no les había informado del cambio de criterios sobre el empadronamiento. Vila d'Abadal definió la solución de preguntar al Ejecutivo como una "salida para mantener el diálogo". Vila d'Abadal había mantenido hasta ahora la férrea postura de seguir adelante con la limitación de los empadronamientos.

Moderada satisfacción

Los portavoces de las asociaciones aseguraron que se trata de un paso adelante, aunque tampoco quisieron lanzar las campanas al vuelo. Su postura antes de sentarse a dialogar era taxativa: que el alcalde retirase la iniciativa de exigir el visado junto al pasaporte a los extranjeros para empadronarse en Vic. La contraoferta de Vila d'Abadal supone un cambio de rumbo. "Estamos seguros de que el Gobierno les dirá que es ilegal", sentenció Carlos de Ordóñez, en nombre de la asociación de ecuatorianos del municipio. Carme Roquer, de la entidad Veus Diverses, se mostró más cauta. "Al menos es un intento de dialogo", señaló. Las entidades no quisieron decir que estaban contentas, pero apuntaron a la "buena voluntad" del ayuntamiento.

El consistorio creará el lunes una comisión de cinco miembros de entidades cívicas para debatir sobre los criterios de empadronamiento. Está previsto que se reúnan una vez tengan la postura del Gobierno.

La reunión supuso un punto de partida después de que las asociaciones amenazaran con movilizaciones al echar en cara al consistorio haber trabajado a sus espaldas y sin tener en cuenta lo que dice la ley.