El 'pen drive' que hundió al PP

José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.

Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.

Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.

Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.

Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.

- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.

- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.

- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.

- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.

Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.