Aguirre obtiene plusvalías del 'caso Gürtel'

La jugada le ha salido bien. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dudaba hasta el pasado jueves por la mañana de si debía arriesgar y echar a los tres diputados de su grupo imputados en el caso Gürtel, a los que venía defendiendo desde que el caso le estalló a principios de febrero frente a una oposición que le exigía medidas drásticas.

Pero ha dado un golpe de efecto. Al mismo tiempo que sortea cualquier responsabilidad política en el caso Gürtel, Aguirre sale reforzada como líder popular. Ha conseguido darle la vuelta. En lugar de asumir responsabilidades por los 358 contratos que su Gobierno adjudicó a las empresas de la red de Correa por tres millones de euros, ella queda como la campeona contra la corrupción. Y eso que Madrid es la región con más imputados del Gürtel: 13 cargos públicos o en puestos de confianza del PP, entre ellos tres diputados y cuatro ex alcaldes. Pero Aguirre tardó en tomar la decisión. Temía ponerse bajo los focos voluntariamente, y que le saliera mal, en un momento en el que nadie la cuestionaba. Ella podía presumir de que ningún imputado tenía cargos oficiales, porque apartó a Alberto López Viejo, ex consejero y su hombre de confianza, nada más desvelarse la trama. A él le siguieron los otros.

Pero el pasado lunes se abrió el sumario parcialmente y la pesadilla regresó. Las pruebas que imputan a ediles y diputados son las mismas que incluyó el juez Garzón en su auto de marzo. Sin embargo, las primeras planas de los periódicos volvieron a ligar al PP madrileño con las empresas de Francisco Correa.

El miércoles, en la reunión semanal que mantiene con su círculo más íntimo, maduró la decisión. Entre los argumentos a favor pesaba la idea de mantener la misma línea de actuación rápida y contundente. Los aguirristas reconocen que también les satisfacía distanciarse de Mariano Rajoy y Francisco Camps, pero no era lo más importante. Esa tarde, Aguirre tenía dos actos oficiales y se marchó sin tomar la decisión. No lo veía claro.

Al día siguiente, cuando la presidenta madrileña debía someterse a la sesión de control en la Asamblea, sentada en la misma bancada que tres imputados, le estalló el titular: "Madrid adjudicó 358 contratos a la red Gürtel". Estaba en juego su imagen.

Esa mañana, finalizado el Consejo, Aguirre se presentó en la Asamblea. La tensión era palpable porque el grupo popular pensaba que la situación podía volverse en contra. Ya se sabía a esa hora que no iba a ser fácil: López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco se oponían a renunciar al acta. Querían mantener su condición de aforados.

"Tienen un miedo escénico, irracional, al juez Garzón por su fama", explica un diputado popular. Una vez puestas las cartas boca arriba, la reunión fue muy directa. Acompañada del portavoz popular, David Pérez, Aguirre planteó a los imputados que quería que dejaran acta y grupo. Ellos aceptaron sólo lo segundo. Después, se esfumaron de la Asamblea.

Mirando atrás, en el entorno de la presidenta la satisfacción es completa. "Estamos contentos de cómo se ha valorado", reconoce el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Las portadas de todos los periódicos abrían el viernes con la decisión.

En el ámbito interno del partido, Aguirre ha salido reforzada por la contundencia de su actuación. "De los dirigentes populares es la que ha arriesgado más, pero también la que más ha acertado", afirma Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea.

Arriesgó porque ella sí tenía imputados en la trama, al contrario que en Valencia. Y eran "sus" imputados. El ex consejero López Viejo era su hombre de confianza, el que le llevaba la agenda y a quien nombró consejero en su segundo mandato. Muchos se acercaron para advertirle, pero Aguirre prefirió creer que tenían celos. Ahora dice sentirse "decepcionada". Nunca responsable.