El presidente mintió sobre los regalos de trajes

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mintió cuando afirmó que se pagaba los trajes de su bolsillo, en opinión de la mayoría de los encuestados en el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS. Un 53% de los entrevistados se pronuncia en ese sentido, frente a un 25% que lo niega. La opinión es abrumadora entre los votantes socialistas (el 85% cree que Camps mintió al negar que hubiese aceptado trajes regalados por la trama de corrupción frente al 30% de votantes del PP) pero tampoco los simpatizantes del PP se alinean masivamente a favor de Camps (los que niegan que mintiera son el 44%).

Se trata de la respuesta más contundente en el bloque de opiniones recogidas sobre el impacto del denominado caso Gürtel, una trama de corrupción vinculada a instituciones del PP que tiene un reflejo sobre la opinión de los ciudadanos, mayoritariamente convencidos de la existencia de casos de corrupción en la política valenciana (aunque los electores del PP muestren algunas contradicciones, fruto del intento de conciliar los datos que se conocen con una fuerte fidelidad a su partido).

Un 65% cree que el juez De la Rúa debió abstenerse en el 'caso Camps'

El 72% opina que los regalos a políticos deben prohibirse ser declarados

Por eso, uno de cada dos entrevistados atribuye a Camps mucha (24%) o bastante culpa (29%) de lo que está pasando con la trama Gürtel. Y, además, el 40% confiesa que ha disminuido su confianza en el presidente de la Generalitat desde las últimas elecciones de mayo de 2007. Este último dato supone que la desconfianza hacia el jefe del Consell, que era del 19%, ha aumentado en más de 20 puntos.

Dado que las entrevistas de la encuesta se realizaron los pasados días 5 y 6 y coincidieron con el levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Gürtel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no recoge el impacto que las revelaciones que de ese hecho se han derivado puedan haber tenido sobre la opinión de los valencianos. De todas maneras, casi la mitad de los encuestados (un 49%) considera que los datos conocidos hasta ahora constituyen "acusaciones graves y creíbles", frente a un 34% que piensa que se trata de "un montaje para desprestigiar al PP".

Es coherente, por tanto, que los ciudadanos otorguen crédito a la policía frente a las acusaciones de complot y las descalificaciones de su actuación. Así, a la pregunta de qué merece más credibilidad, el 61% de los entrevistados responde a favor de los informes de la policía, mientras que apenas un 17% opta por dar más verosimilitud a las críticas y alegaciones del PP. Es significativo que, también entre los votantes del PP, resulta mayoritaria la credibilidad de la policía (40% frente a 33%).

Curiosamente, los encuestados opinan mayoritariamente (50%) que existe corrupción, pero no en mayor ni menor medida que en otros momentos. Alcanzan, eso sí, el 33% los que señalan que en la política valenciana "existe una gran corrupción". También aquí son notables las diferencias entre los votantes del PP y el resto. Si, en general, son tres veces más los valencianos que creen que existe una gran corrupción que quienes opinan que no existe, entre los simpatizantes del PP la relación se invierte y duplican los segundos a los primeros.

Un consenso más amplio se produce entre los encuestados a la hora de evaluar la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que presidió la sala que acabó archivando la investigación por cohecho a Camps y otros tres cargos populares. El 65% de ellos considera que De la Rúa debió haberse abstenido después de que el presidente del Consell dijera en público que era más que un amigo. La opinión también es mayoritaria entre los votantes del PP (53%).

El papel de los obsequios a dirigentes políticos es muy llamativo en los episodios conocidos públicamente hasta el momento sobre el funcionamiento de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que, en Valencia, tenía al responsable de la empresa Orange Market como principal referente. Una amplísima mayoría de los ciudadanos opina que los regalos a responsables políticos o cargos públicos deberían estar prohibidos o debería ser obligatorio que se declararan. De manera que, a la pregunta de con qué opinión está más de acuerdo, el 39% escogió la que afirma que los regalos "pueden suponer una forma de ganarse favores y simpatías de quienes gobiernan y por ello debería ser obligatorio declararlos"; el 33% optó por considerar que "cualquier tipo de regalo a cualquier autoridad pública debería estar prohibido y ser un delito", mientras que el 23% consideró que "por lo general se trata de detalles y atenciones que no tienen mayor influencia". Entre los votantes del PP, esta última opinión es la más frecuente (44%), aunque la mayoría se alinea con la idea de prohibir los regalos (22%) o bien obligar a declararlos (31%).