Los salarios de los funcionarios subirán menos del 1% en 2010

El Gobierno escarba en todos los rincones del Presupuesto en busca de un ahorro que le permita cuadrar las cuentas. La falta de recursos económicos obliga a un recorte inédito del 4,5% en el gasto para 2010, lo que exige revisar todas las partidas. Una de las primeras será el salario de los funcionarios. Con los precios a la baja, el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de mantener los sueldos públicos prácticamente congelados, con subidas inferiores al 1%. Si la inflación se recupera el año próximo, como prevé la mayoría de los analistas, ese incremento podría incluso suponer una pérdida de poder adquisitivo.

La medida afectará a los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España, incluidos los de las comunidades y los ayuntamientos. Más allá de esa cuasicongelación, las administraciones regionales y locales pueden acordar subidas adicionales para sus funcionarios, algo arriesgado en tiempos en que los números rojos afectan a todos los estamentos públicos.

El Ejecutivo quiere mantener la mejora de las pensiones mínimas

Los 400 euros detraen más de 4.000 millones anuales del fisco

El grueso de funcionarios ha visto crecer sus salarios por encima del 3% en los últimos años. Los de la Administración central (casi 700.000) incluso se han aproximado al 4%, sumando la aportación al fondo de pensiones. Con esas alzas, el Gobierno intentaba restituir el poder de compra perdido durante las legislaturas del Partido Popular, cuando subieron por debajo de la inflación real, e incluso se llegaron a congelar un año.

En un momento en que los salarios de la empresa privada tampoco experimentan grandes alegrías, el Ejecutivo cree necesario trasladar una imagen de austeridad en la función pública y arañar los recursos necesarios para las políticas sociales. El gasto de personal es uno de los más voluminosos del Presupuesto -representa un 17%-, por lo que cualquier ahorro en esta partida tiene gran incidencia.

Aunque Comisiones Obreras ha rechazado enérgicamente una posible congelación de los salarios públicos, otras fuentes sindicales asumen que la situación económica impone ajustes: "Todos sabemos que no va a haber alegrías en el Presupuesto".

La rigidez salarial será una de las novedades del Presupuesto más austero en varias décadas. El Ejecutivo necesita ahorrar 9.000 millones de euros respecto al gasto final de 2009. Al mismo tiempo, pretende mantener algunas señas de identidad de presupuestos anteriores a pesar de la crisis. Entre ellas figura la política de pensiones, que se lleva un tercio de los recursos públicos. Las mínimas seguirán subiendo por encima de la media, según fuentes socialistas.

Para acometer esos y otros gastos sin agrandar el déficit, será necesario subir impuestos. El Ejecutivo no tiene más remedio que explorar ese territorio, pues, pese al desplome que acumulan los ingresos fiscales, Economía ha previsto una optimista mejora del déficit desde el 10% del PIB que rozará este año hasta el 7,9% para 2010.

Pero la idea de gravar más a las rentas altas, lanzada por el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, no gusta en otros ámbitos del Gobierno, especialmente en Hacienda. El departamento que dirige Elena Salgado considera que tiene un impacto mínimo desde el punto de vista recaudatorio, ya que la mayor parte de los ricos no tributa por IRPF, sino por otros conceptos, como el impuesto de sociedades o las Sicav, sociedades de inversión que sólo abonan el 1%.

En cualquier caso, aunque sean pocos los ricos que declaran IRPF, su aportación a las arcas públicas es cuantiosa. Casi el 40% de los ingresos fiscales procede de contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros anuales, según datos de la Agencia Tributaria. Y quienes ingresan más de 150.000 euros suman el 17% de los recursos del erario público, por lo que cualquier modificación en este tramo, además de un indudable mensaje político, tiene impacto económico.

Aunque oficialmente Hacienda asegura que todas las figuras tributarias están en revisión, sus dirigentes son partidarios de ganar ingresos de manera más sencilla. Por ejemplo, eliminando el carácter universal de la deducción de 400 euros para los contribuyentes de IRPF. Esa figura, instaurada el año pasado de forma improvisada y contra el criterio del entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, detrae más de 4.000 millones de euros al año de las arcas públicas.

Algo similar se plantea con la ayuda de 2.500 euros por hijo. Se trata de conservarla, incluso incrementada, para ciudadanos con rentas bajas y eliminarla para el resto. Es lo que ocurrirá con la deducción por compra de vivienda a partir de 2011, según ha anunciado ya José Luis Rodríguez Zapatero.

Todas estas decisiones vendrán determinadas por las necesidades parlamentarias del Gobierno, que precisa apoyo para sacar adelante sus cuentas. Una de las herramientas que le reclama ICV es la fiscalidad medioambiental, aunque fuentes socialistas apuntan a que la idea de penalizar la contaminación tiene más posibilidades de desarrollarse en la Ley de Economía Sostenible que prepara el Ejecutivo.