El PP desata una ofensiva contra el Gobierno para tapar el 'caso Camps'

El Partido Popular aprovechó ayer el desliz de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo del caso Camps para emprender una desaforada ofensiva contra el Ejecutivo que no oculta el propósito de difuminar que el auto judicial archiva pero no excluye que Camps aceptase trajes y otros regalos de una trama corrupta que registra ya un centenar de imputados.

En una especie de reacción nuclear en cadena, dirigentes populares de todos los niveles y todas las provincias cargaron contra el Ejecutivo por "utilizar" a la Fiscalía para "perseguir a la oposición", propiciar una "cacería" contra el PP, y por el "montaje" y la "actuación obscena" de la vicepresidenta. En el paroxismo de su intervención, la secretaria general, Dolores de Cospedal, mezcló en el asunto a ETA: "Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el Partido Popular".

El Gobierno guardó un espeso silencio y desde el PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, apuntó directamente a Federico Trillo, "el ministro del Yak o Perejil", como el "autor intelectual" de la "estrategia de defensa de la trama de corrupción que salpica a más de un centenar de políticos del PP". La secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, puso el acento en que las "pantomimas del PP" pretenden "desviar la atención" acerca de que Camps "mintió y recibió regalos de forma continuada de una trama corrupta".

La intervención de De la Vega anunciando desde Costa Rica el recurso de casación ante el Tribunal Supremo cogió desprevenida a la Fiscalía del Estado, que desde el viernes pasado ya había convenido con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que se presentaría recurso en caso de que se decidiese el archivo. Según las fuentes consultadas en la Fiscalía, la resolución de archivo era la esperada, al conocer cierta información procedente de Valencia sobre el malestar el instructor, José Flors, que obviamente ya sabía que no iba a ser respaldado por la Sala. Así, el jefe Anticorrupción despachó el mismo viernes con el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y ambos examinaron los requisitos del recurso. Conde-Pumpido ordenó a Salinas que estuviese preparado, por lo que éste y una de las fiscales Anticorrupción que han llevado el caso aplazaron sus vacaciones y el lunes acudieron por la mañana a la sede de Anticorrupción.

Tras conocerse la resolución de archivo, Salinas telefoneó a Conde-Pumpido y le trasladó su decisión de recurrir al Supremo y de anunciar de inmediato el recurso. El fiscal general dio su aprobación sobre la una de la tarde.

Las fuentes consultadas enfatizaron que no quedaba otra salida y el recurso era "obligado", por coherencia con la posición del juez instructor, porque la resolución es muy polémica al vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal y contenía un voto particular discrepante. "La Fiscalía no podía hacer otra cosa que recurrir. Lo contrario sería incumplir sus obligaciones en la lucha contra la corrupción", precisaron las citadas fuentes.

Después, Conde-Pumpido llamó por teléfono al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y le comunicó que la Fiscalía iba a recurrir. Las fuentes consultadas precisaron que el ministro es el cauce de comunicación entre el fiscal general y el Gobierno previsto en el Estatuto de los fiscales y que el asunto tenía la relevancia suficiente como para que el fiscal informase al Gobierno.

A partir de ahí, las fuentes informantes destacan el malestar en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía del Estado ante la intervención de De la Vega. De hecho, la Fiscalía tenía previsto difundir una nota de prensa que se conoció después del anuncio de la vicepresidenta, porque Salinas estuvo estudiando el auto toda la tarde y en el comunicado oficial se querían detallar los motivos del recurso: infracción de ley y vulneración de la tutela judicial efectiva.