La industria cultural renuncia a perseguir a internautas particulares

La industria cultural prefiere una legislación de mínimos a que todo siga igual en el asunto de las descargas por Internet. Por eso, y en un último gesto al Gobierno para facilitar una regulación que cuenta a priori con el rechazo frontal de millones de internautas, la industria de contenidos ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a perseguir a los más de ocho millones de particulares que realizan descargas por Internet.

Ni corte de conexión, ni reducción de la velocidad, ni siquiera avisos. Los internautas particulares podrán seguir gozando, al menos durante un año, de la misma libertad que tienen ahora para bajarse canciones y películas de la Red, una actividad completamente legal según la actual legislación.

En España, sólo un juez puede ordenar el cierre de una página

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos se conforma con que el Ejecutivo regule únicamente la persecución de las páginas web que facilitan enlaces para realizar descargas. Tras un primer y único aviso, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las website albergadas en servidores españoles o el bloqueo para acceder a ellas. Esta decisión estaría en manos de un organismo administrativo -se propone la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- que se dotaría de estas competencias merced a una modificación legislativa.

Esta es la propuesta que le ha hecho llegar al Ejecutivo dicha Coalición, que representa a las sociedades de gestión de derechos, como SGAE, y la industria discográfica, cinematográfica y de videojuegos.

No se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un año para los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P (eMule, BitTorrent, Ares, etcétera). Al término de ese plazo, se evaluaría la eficacia de la persecución de las web y se decidiría si se cambia de modelo.

El presidente de la Coalición, Aldo Olcese, justifica esta medida de mínimos en que 200 website, que alojan o enlazan los archivos, son los responsables del 80% de las "descargas ilegales". La propuesta se produce tras la ruptura de las negociaciones el pasado mes de abril que mantienen con los operadores de acceso a Internet, agrupados en Redtel. Ahora le toca al Gobierno decidir si acepta o no la propuesta de la Coalición.

El principal escollo jurídico al que se enfrenta esta reforma es que en España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo puede ser decidido por un juez. El Parlamento Europeo y el Consejo Constitucional francés han sancionado esta doctrina recientemente.

La Coalición anunció la creación de una web, que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como la industria de contenidos.