"¡Que dimitan o se suiciden!"

"Matón de patio de colegio". Con este titular se despachaba Breakingviews.com, una de las webs más influyentes del mundo financiero, contra Barack Obama por su actitud timorata en el caso de las primas millonarias que han recibido ejecutivos de American Internacional Group (AIG), la aseguradora que ha tenido que ser salvada de la quiebra con una inyección de dinero público de 173.000 millones de dólares (126.000 millones de euros).

Cuando hace una semana se destapó el escándalo, el presidente de EE UU se puso al frente de la manifestación y prometió que bloquearía los pagos o haría devolver el dinero a los directivos. Pronto desde la propia Administración se advirtió que no era tan sencillo, porque se trataba de unos contratos firmados y nadie puede saltarse la legalidad.

La 'ley anticodicia' grava con una tasa del 90% las primas de los ejecutivos

El monto total de los bonos de AIG ascienden a 215 millones de dólares

La aseguradora dio al fiscal los nombres de los beneficiados por orden judicial

Obama conoció el escándalo un día antes de que se hicieran los pagos

Los directivos hicieron efectivas sus primas el 13 de marzo y a Obama no le bastó su recriminación teórica hacia los directivos, muy en su línea con alguno de sus discursos clamando por una nueva era para América. Esa era se ha transformado en ira, en ira del pueblo. El ciudadano de Main Street, como popularmente se conoce en EE UU al hombre de a pie, clama contra unos ejecutivos que siendo generosamente recompensados con un dinero que, al fin y al cabo, ha salido de sus maltrechos bolsillos, vía impuestos, para salvar AIG y otras tantas empresas financieras, tras ser desvalijadas por la avaricia de los villanos de Wall Street.

Para calmar el clamor popular y frenar la primera crisis de popularidad de Obama, el Partido Demócrata ha tenido que dar un golpe de mano legislativo. Ha forzado la aprobación de una ley -conocida ya como la ley anticodicia- que grava con un impuesto del 90% las primas otorgadas a ejecutivos de empresas que hayan recibido más de 5.000 millones de dólares (3.660 millones de euros). Se trata de una resolución con carácter retroactivo, expresamente diseñada para los ejecutivos de AIG, por lo que tendrá problemas para pasar el filtro del Tribunal Constitucional en un sistema tan garantista -sobre todo para los que más tienen- como el estadounidense.

Puede que esta ley sea oportunista, pero también es ejemplarizante. Estados Unidos enfrenta este año el mayor déficit de su historia (1,2 billones de dólares) para apuntalar el sistema financiero, un esfuerzo que recaerá sobre los contribuyentes, que no verían con buenos ojos que se despilfarre el dinero público en prebendas para los ejecutivos.

Había que hacer algo y rápido porque los republicanos se estaban adueñando de esa bandera de indignación popular. "AIG significa arrogancia, incompetencia y avaricia" ("arrogance, incompetente and greed"), decía el republicano Paul Hodes jugando con las siglas de la firma. El senador Charles Grassley, también republicano, exigió a los beneficiarios una solución a la japonesa: "Que dimitan o se suiciden". Los directivos han recibido correos electrónicos con amenazas de muerte, incluyendo una que pedía que ellos y sus familias sean estrangulados con una cuerda de piano, según desveló el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, en su declaración ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

La furia tiene su explicación. Del contribuyente han salido los 173.000 millones de dólares que tanto la Administración de Bush como la de Obama, y la Reserva Federal, han inyectado en la aseguradora para impedir su quiebra. AIG ha recibido más dinero público que cualquier otra entidad, incluyendo los bancos como Citigroup o Merrill Lynch. Ese enorme maná no ha impedido que 418 directivos y empleados recibieran hace una semana 218 millones en forma de primas (en principio se pensaba que eran 165 millones de dólares, pero ayer se supo que la cantidad era mayor).

Tan irritante como ese dinero es el hecho de que se pagara como prima de retención, es decir, para evitar que los ejecutivos se fueran de la firma a la competencia, lo que no ha impedido que 52 de ellos dejaran la compañía, llevándose cheques por 33,6 millones de dólares. O que quienes han recibido esos bonus formen parte de la división de productos financieros, que reportó unos números rojos de 40.000 millones de dólares en 2008, convirtiéndose en la mayor fuente de pérdidas de la aseguradora.

Para más laceración del contribuyente, ese "toma el dinero y corre" es, por ahora, anónimo, porque la compañía se ha negado a facilitar la lista de beneficiarios, pese a que el Estado, merced a las inyecciones de dinero público, es el máximo accionista con el 80% del capital. El fiscal general de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que ha abierto una investigación, consiguió con requerimiento judicial la lista con los únicos datos que se han hecho públicos: 73 ejecutivos recibieron más de un millón de dólares; la prima más alta fue de 6,4 millones de dólares; otras seis eran de cuatro millones de dólares; a 15 directivos les otorgaron más de dos millones; y otros 51 ejecutivos se llevaron entre uno y dos millones. La ley aprobada prevé que se aplique la retención del 90% solamente a los empleados que ganen más de 250.000 dólares.

Edward Liddy, el máximo responsable de la aseguradora, se ha convertido en el blanco de todas las críticas. En su comparencia ante el Congreso, y rodeado de pancartas de activistas en las que leían lindezas como "delincuentes" o "devolved el dinero, chorizos", reconoció que algunos de los pagos a los directivos eran de "mal gusto", pero defendió su legalidad e incluso su idoneidad, apelando a las leyes de la competencia y a que los incentivos mejoraban la buena marcha de la compañía, que en 2008 batió todos los récords de pérdidas (99.000 millones de dólares).

Presionado por los congresistas, Liddy apenas hizo una concesión: pedirá a los directivos que han cobrado más de 100.000 dólares que devuelvan la mitad de las bonificaciones. Pero ha denegado la petición de entregar la lista de los beneficiarios tanto al Congreso y al Gobierno, que le puso en el cargo en septiembre del año pasado cuando salió en rescate de la aseguradora.

Algunos datos se han filtrado a la prensa. El plan de bonus fue presentado para su aprobación ante el Consejo de Administración de la unidad de Productos Financieros en marzo de 2008 por William Dooley, un ejecutivo que se hizo cargo de la división cuando las pérdidas de ésta se dispararon hasta los 5.300 millones de dólares trimestrales. Pese a la constancia de ese desastre financiero, el Consejo de Administración de la matriz, informado del plan, no lo paró, y ni siquiera lo sometió a votación.

Y no lo hizo porque, en realidad las primas de la unidad financiera eran sólo la punta del iceberg de un gigantesco plan de incentivos de 1.000 millones de dólares para 4.600 empleados, como desveló Bloomberg el pasado mes de enero.

Dooley había sucedido al frente de la ruinosa división financiera a Joseph Cassano, el considerado máximo responsable del agujero contable de AIG, que fue despedido en febrero de 2008 tras reportar unas pérdidas de 11.000 millones de dólares.

Curiosamente, algunos de los ejecutivos de confianza de Cassano son los máximos beneficiarios del plan que ha puesto en un brete a la Administración. James Haas, Jon Liebergall y Douglas Poling, están entre ellos. Estos tres ejecutivos han remitido una carta a Liddy para que disponga si deben o no devolver las primas. En el caso de Poling, vicepresidente de la división de energía, ya habría devuelto los 6,4 millones que recibió como máximo beneficiario del plan.

La Administración también tiene que entonar su mea culpa. El polémico plan estaba específicamente incluido en el contrato firmado por el Tesoro y AIG que entró en vigor en noviembre pasado, merced al Programa de Rescate de Activos en Dificultades, el instrumento legal del que se ha dotado el Gobierno para inyectar fondos en empresas en dificultades.

Para más inri, la propia AIG informó hace tres meses a la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, que ejecutaría los bonus en marzo, pero ni la Fed ni el Tesoro informaron a la Casa Blanca, ni hicieron absolutamente nada por parar los pagos, según adelantó The Washington Post. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha reconocido que debía haber tenido conocimiento del hecho en razón de su cargo, pero se ha excusado señalando que no era consciente de la elevada cuantía ni la fecha en que se iba a pagar.

Supo todo ello el pasado 10 de marzo, y convocó una reunión de urgencia con su equipo, aunque decidió que no se podían modificar los contratos ya suscritos, y que la única medida que podían adoptar era la de deducir esos 218 millones de la próxima inyección de fondos de 30.000 millones de dólares. Una iniciativa ciertamente pírrica teniendo en cuenta que el Estado va a quedarse prácticamente con el 100% del capital.

Geithner informó el día 12 del escándalo a Obama, quien sólo tuvo tiempo para hacer una declaración de intenciones. Al día siguiente, se hicieron efectivos los pagos.

Ahora los ejecutivos y, sobre todo los de las firmas bajo paraguas públicos, miran con recelo a AIG. Entre los más preocupados están los de Merrill Lynch, el extinto banco de negocios adquirido por Bank of America, a costa de provocar casi la quiebra de este último. Inmediatamente antes de que se hiciera efectiva la fusión en enero pasado, 700 directivos de Merrill Lynch cobraron un total de 3.500 millones de dólares, evitando así el control de las autoridades, puesto que Bank of America ya había solicitado el rescate público que llegó con una inyección de 45.000 millones de dólares.

Las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, rescatadas por el Estado, también han comunicado a las autoridades que tienen previsto pagar primas de retención a máximos ejecutivos por más de seis millones de dólares. Y lo mismo sucede con antiguos directivos de Wachovia, comprada por Wells Fargo. Algunos directivos no están tan preocupados, Vikram Pandit, el jefe de Citigroup, ha mandado convertir un piso de las oficinas en una lujosa suite con todas las comodidades, con un coste de 10 millones de dólares.

No parece un gasto políticamente correcto en un país, con 12,5 millones de parados, y que acaba de anunciar un plan de 75.000 millones para evitar que miles de familias se queden sin casa.