El Congreso rechaza las explicaciones de AIG y exige recuperar las primas

Mientras el Gobierno trata de contener una crisis que amenaza toda su estrategia económica y está poniendo contra las cuerdas al propio secretario del Tesoro, el Congreso rechazó las explicaciones dadas ayer por el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, y exigió la devolución del dinero entregado como primas a los ejecutivos de la empresa aseguradora, al mismo tiempo que amenazó con impedir cualquier ayuda futura al sector financiero.

Tratando de recuperar la iniciativa en este asunto, el presidente Barack Obama anunció ayer que está negociando con el Congreso sobre la rápida elaboración de "instrumentos legales que garanticen que nunca más vamos a tener que hacer frente a una situación como ésta". Obama recordó que las primas de AIG son "un uso inapropiado del dinero del contribuyente", pero añadió que ahora lo más importante es corregir las causas que han permitido esta práctica y trabajar en estabilizar el sistema financiero.

Obama anuncia medidas para que no se repita una situación similar

Algunos directivos han aceptado la devolución de los sobresueldos

"Wall Street debe de entender claramente", declaró Obama, "que las prácticas del pasado se han acabado, que no se van a seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre". Para ello, entre otras medidas, el presidente garantizó una mayor transparencia en la forma en que se retribuye a los ejecutivos, al tiempo que insistió en sus planes de una regulación más amplia para el sector financiero. Obama dio su pleno respaldo al secretario del Tesoro, cuestionado por este caso.

La presencia ayer de Edward Liddy ante un comité de la Cámara de Representantes fue la escenificación perfecta del estado de indignación en que se encuentra el país ante los abusos cometidos en Wall Street. Acorralado, asaeteado a preguntas y quejas de los congresistas, el jefe de AIG, convertido de repente en el símbolo del fracaso de toda una era, intentó explicar la difícil situación de su negocio y prometió resarcir a los contribuyentes del esfuerzo que ahora están haciendo para sostener a su compañía. "Comparto su rabia", dijo Liddy, quien desveló que ha pedido a los ejecutivos que devuelvan al menos la mitad de la paga de 165 millones de dólares en sobresueldos y que algunos han aceptado devolverla íntegra.

"Nadie mejor que yo sabe que AIG ha sido receptora de generosas cantidades de dinero de ayuda financiera del Estado", dijo Liddy. "Hemos sido beneficiarios de la tolerancia y la paciencia del pueblo norteamericano... pero tenemos que seguir manejando nuestro negocio como un negocio, teniendo en cuenta la fría realidad de la competencia, por nuestros clientes, por nuestros beneficios y por nuestros empleados". "Por esas razones", explicó, "AIG ha tenido que hacer recientemente una serie de pagos de retribuciones, algunos de los cuales encuentro desagradables".

Liddy no se atribuyó personalmente la responsabilidad de esos pagos, que se hicieron durante su mandato pero se acordaron antes de que él asumiera el cargo, la primavera pasada. Él mismo no ha cobrado bonos. El jefe de AIG prometió a los congresistas que la compañía "está trabajando todo lo que puede para ejecutar un plan de reestructuración que sea capaz ofrecer a los contribuyentes norteamericanos [propieta-rios del 80% de la firma] los mejores beneficios posibles".

No fue suficiente esto para contener la furia de los congresistas, que no es más que el reflejo de la cólera nacional por este asunto. El Congreso estudiaba ayer distintas opciones legales para conseguir la devolución de los bonos de AIG. Inicialmente se contemplaba la posibilidad de imponer una tasa del 100% sobre esos sobresueldos, pero eso iba perdiendo fuerza ayer y se iba abriendo camino la alternativa de crear un impuesto permanente y muy alto -en torno al 90%- para todas las primas pagadas por empresas que reciban ayudas del Estado. Al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mencionó la necesidad de otorgar al fiscal general de la nación poderes especiales para actuar en los tribunales contra los beneficiarios de esos tipos de bonos.

Uno de los problemas actuales es que, aunque AIG devuelva el dinero de los bonos, no va a ser fácil conseguir que quienes recibieron personalmente la paga renuncien a ella. Ni siquiera una tasación del 100% lo garantizaría porque algunos de los afectados son extranjeros y no están sometidos al régimen fiscal norteamericano. Once de los que cobraron primas dejaron ya la compañía.