Corrupción y liderazgo

El juez Baltasar Garzón, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el pasado viernes la detención de cinco personas vinculadas con el PP, algunas de ellas antiguos cargos del partido, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Otras 30 personas, en su mayoría empresarios, están siendo investigadas y se han llevado a cabo registros en empresas y domicilios particulares. La redada coincidió en el tiempo con la destitución del número uno de las listas populares por Ourense en las próximas elecciones gallegas, Luis Carrera, por haber cobrado comisiones a través de un paraíso fiscal. Y llegó, además, al día siguiente de que la Asamblea de Madrid pusiera en marcha, con enormes cortapisas, la investigación del espionaje a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento.

A las dificultades para encontrar un tono de oposición adecuado ante una crisis económica de graves proporciones, el PP debe sumar en estas últimas semanas la multiplicación de presuntos casos de corrupción que le afectan. Desde que salieron a la luz las tramas de espionaje en el Gobierno de Esperanza Aguirre, la actividad política del PP se ha limitado a intentar un control de daños con la vista puesta en las elecciones gallegas y vascas, además de las europeas, en las que, según se ha interiorizado en las propias filas populares, la actual dirección se juega su continuidad. Entre otras razones, porque los episodios de los que se ha ido teniendo noticia no forman parte, sin más, del capítulo de la corrupción, sino que ponen de manifiesto hasta qué punto resulta descarnada la lucha por el poder en el PP.

Los populares disponen desde hace años de una gran cuota de poder municipal y autonómico, que se mantuvo más o menos invariable tras su derrota en 2004. Autonomías como Madrid y Valencia han llegado a convertirse en caladeros de voto imprescindibles para que la dirección nacional del partido llegue con posibilidades a cualquier elección general. La investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción afecta, sobre todo, a Madrid y Valencia. De prosperar este presunto nuevo caso de corrupción, el PP puede verse dañado allí donde hasta ahora contaba con un estable número de votos. Dirigentes autonómicos como Aguirre, que no ha dejado de airear sus ambiciones de suceder a Rajoy, o como Camps, más discreto, ven peligrar su alternativa en el propio partido. No son pocos los líderes regionales que ven a la presidenta madrileña como un elemento de tensión interna que dificulta una verdadera labor de oposición.

La estrategia de minimizar daños que Rajoy ha seguido comienza a revelarse como insuficiente. Si aspira a continuar ejerciendo el liderazgo, es ahora cuando debe demostrar autoridad. Muchos ciudadanos, afines o no al PP, se preguntan legítimamente en manos de quién y de qué intereses está el principal partido de la oposición. Rajoy debe dar una respuesta.