19 registros en bancos y asesorías por el macrofraude fiscal de Liechtenstein

Santiago Pedraz, titular del Juzgado número uno de la Audiencia Nacional, desplegó ayer una ofensiva contra la supuesta red de entidades financieras con sede en España que colaboraron en evadir el capital de los más de 200 españoles que ocultaban dinero en la entidad LGT de Liechtenstein. Decenas de funcionarios de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria requisaron documentos y ordenadores en los 19 registros practicados ayer en agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza; un banco privado en Madrid y Málaga, distintas asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella, así como domicilios o despachos de asesores y sociedades en Barcelona, Madrid y Málaga. El dinero que en los últimos años hicieron desvanecerse ante el fisco español para camuflarlo en Liechtenstein supera los 200 millones de euros.

La base de esta operación, Jade-Limusina, es la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción días atrás ante el juzgado de Pedraz contra los más de 200 presuntos defraudadores españoles con fondos ocultos en el LGT de Liechtenstein. Pero el escrito de la entidad que dirige el fiscal Antonio Salinas no sólo identificaba a los presuntos beneficiarios del delito fiscal, sino que aportaba los ingentes indicios acumulados en los meses que ha durado esta investigación sobre la red de sociedades y entidades que ayudaron a los evasores a colocar y ocultar el dinero en Luxemburgo y, aunque en menor medida, a recuperar sus beneficios desde allí.

Estructura opaca

Los responsables de la investigación ponen el acento en que no se trata de una red común, sino de distintas tramas que sirvieron a un fin común: posibilitar que el adinerado español que quería burlar al fisco su fortuna se pusiera en contacto con el LGT de Liechtenstein, en medio de una auténtica maraña de interposición de empresas cuyo único fin era imposibilitar el rastreo de la titularidad del fondo.

La investigación sobre tales presuntos cómplices de este delito fiscal tiene bajo la lupa a unas 60 personas que bajo el manto de sus empresas tejieron tal blindaje de las inversiones opacas de Liechtenstein. La primera virtud que tiene la denuncia formulada por Anticorrupción ante la Audiencia Nacional es, como aviso para navegantes y expertos fiscales que sostenían lo contrario, corroborar que el delito de los defraudadores españoles no había prescrito y su cuantía permitía enfrentarlos a responsabilidades penales. Los mandos de la investigación ponen precisamente en esto el acento: "no se les persigue a los contribuyentes españoles por tener el dinero en Liechtenstein, lo pueden tener donde deseen, sino porque lo ocultaron al fisco en nuestro país".

La investigación ha acreditado cómo los contribuyentes implicados se sirvieron de una serie de empresas pantalla, pasando por diversos paraísos fiscales, para recolocar su dinero negro en Liechtenstein. Y, para cobrar sus intereses o recuperar fondos desde España, utilizaron un sistema similar. Los ingenieros financieros que les sirvieron de asesores y cómplices, que les pusieron en contacto con tales productos opacos, que les crearon tales empresas para camuflar sus patrimonios, se han topado de bruces con Anticorrupción. Más allá del ejemplo moral que tenga sobre tal colectivo que la sanción no sólo recaiga en el defraudador, sino en su cómplice, se estima que con esta operación -aún sin detenidos- se van a cegar los caminos por los que otros españoles podrían haber evadido su capital en el futuro.

Pero, además, se cierne una segunda amenaza sobre los dos pivotes de este macrofraude fiscal, defraudador y cómplice: Anticorrupción está decidida a plantear un posible delito de blanqueo para ambos frentes en la medida en que no sólo evadieron fortunas, sino que crearon auténticas estructuras financieras para ocultar un capital cuyo origen dista aún de estar claro. Alguno de los contribuyentes pertenecen al sector de la construcción, pero su perfil es muy variado. "Hay de todo", zanja un responsable de la investigación.

En función de la voluminosa información recabada ayer por la Guardia Civil y Hacienda, el juzgado determinará si procede ya a detener a los imputados o si opta por citarlos para su interrogatorio en la Audiencia Nacional como paso previo.

En la medida en que la investigación es secreta y hasta hace pocas semanas sólo residía en la Fiscalía Anticorrupción, los 200 españoles bajo la lupa no han tenido hasta el momento ningún aviso de la autoridad judicial. Su desfile ante el juez Pedraz dependerá de la agilidad con que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria criben el material intervenido ayer en los registros.