La apuesta por la paridad

En apenas ocho meses, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero se ha construido una reputación exterior, una imagen de novedad y ruptura con el pasado, gracias a un puñado de decisiones de diferente calado que parecen destinadas a destrozar los tópicos sobre España, la nación del machismo, reserva católica de Occidente. Dejando de lado sonadas decisiones de política exterior, lo que verdaderamente ha causado impacto en la opinión pública europea ha sido el anuncio de la legalización del matrimonio homosexual, que ha dado paso a un áspero enfrentamiento con la jerarquía católica, y la propia fisonomía del Ejecutivo, que, con ocho ministras y ocho ministros, marca una nueva pauta de paridad absoluta en la cúpula del poder. España se equipara así a Suecia, el paraíso de justicia e igualdad nórdico, superando a algunos civilizados socios como Francia, Reino Unido y Alemania.

En junio se nombró a María Emilia Casas presidenta del Tribunal Constitucional, hecho sin precedentes en la historia del alto tribunal

En algunos países europeos se construye la paridad a partir de la presencia masiva de mujeres en todos los ámbitos sociales, y no por el tejado

Tras la fachada de las ocho ministras sobrevive un entramado burocrático y funcionarial en el que las mujeres son mayoría sólo en la base de la pirámide

Otra de las prioridades del Gobierno de Zapatero ha sido la elaboración de una nueva ley contra la violencia de género -que obtuvo este mes la luz verde del Parlamento- que no se limita a establecer sanciones penales agravadas para los autores de lesiones y malos tratos contra esposas, hijas o compañeras, sino que introduce una nueva óptica en la concepción de la igualdad de sexos, convertida en asignatura curricular desde la enseñanza secundaria. El problema lo merece -pese a la dificultad de tocar un terreno intrafamiliar- a la vista del número de víctimas de esta violencia, 67 en lo que va de año, muy cerca de igualar las 70 de 2003.

La urgencia del nuevo Gobierno socialista por eliminar barreras sexistas y equilibrar la balanza de poder entre hombres y mujeres se ha trasladado también a algunas de las instituciones más visibles. En junio se nombró una presidenta del Tribunal Constitucional (la magistrada María Emilia Casas), hecho sin precedentes en la historial del alto tribunal, donde sólo había habido alguna vicepresidenta, al tiempo que se colocaban mujeres al frente de la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de la Juventud, el Boletín Oficial del Estado o la Sociedad Estatal de Acción Cultura en el Exterior (Seacex), por citar sólo algunas instituciones y organismos.

Pero ¿es oro todo lo que reluce detrás de tanto nombramiento paritario?, ¿o simplemente son medidas cuyo brillo amenaza con nublar la visión de la verdadera realidad de España? Un país en el que las mujeres tienen todavía una presencia más que modesta en las altas esferas de las finanzas, en la empresa pública y sobre todo en la privada, en el mundo académico y sindical (especialmente en Comisiones Obreras) y, prácticamente, en cualquier ámbito del poder profesional. Al contrario que algunos países europeos en los que la paridad se alcanza poco a poco, como una consecuencia de la masiva participación femenina en todas las esferas sociales, en España se construye la paridad por el tejado. Y tras la fachada glamourosa de las ocho ministras -y la portada de la revista Vogue, con todas ellas exquisitamente maquilladas y trajeadas, lo puso de evidencia- sigue sobreviviendo un entramado burocrático y funcionarial en el que las mujeres son mayoría sólo en la base de la pirámide.

Es justo reconocer la importancia de algunos cambios. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, ocupa un puesto jamás alcanzado por una española hasta la fecha. Pero a partir de ahí hay que andar con prudencia porque los datos mandan. Y los datos señalan que mientras las mujeres representan casi el 53% del total de funcionarios de carrera en la Administración del Estado, sólo representan el 22,3% de los altos cargos, según un exhaustivo estudio del Instituto de la Mujer.

Una minuciosa radiografía de la composición del propio Ejecutivo refleja un similar estado de cosas. Sólo tres de las 25 secretarías de Estado tienen mujeres al frente, y la paridad brilla por su ausencia en la práctica totalidad de las cúpulas ministeriales, con una excepción: el Ministerio de Cultura, dedicado fundamentalmente a tutelar una imagen cultural del país. Pero además, si se examinan las biografías de los miembros del Gobierno de Zapatero, como hizo en su día en este periódico la doctora en psicología Anna Freixas Farré, la paridad aparece interiormente algo resquebrajada. "En el caso de los varones, todos (menos uno que está soltero) están casados (87,5%); en el de las ministras, tres sobre ocho están casadas (37,5%), otras tres están solteras (37,5%) y dos han estado casadas y ahora están separadas o divorciadas (25%)", escribía Freixas. Un detalle nada baladí que vendría a demostrar una realidad casi obvia. "Hasta el momento presente parece que los varones han podido ocupar espacios de poder porque han dispuesto del apoyo de una estructura familiar de afecto, cuidado e intendencia que actúa a modo de descanso del guerrero, potenciadora y tranquilizante, que les permite dedicar toda su energía, tiempo y entusiasmo a la empresa a la que se aplican". Algo que no ocurre con las mujeres.

Las ministra

s, menos hijos

Tener hijos, por ejemplo, es una decisión que no va en el sentido de la promoción social, especialmente en el caso de los cargos públicos, a menos que sean hombres. La estadística de Freixas confirma esta situación: en el actual equipo de Gobierno hay 2,75 hijos e hijas por ministro y sólo 0,625 por ministra. Y esta realidad tiene un amplio reflejo en todos los ámbitos de la sociedad.

Algún ministro ha reconocido en privado las enormes dificultades afrontadas en la elaboración de un equipo con sustancial presencia femenina. Y eso por dos motivos: escasez de candidatas, porque las mujeres dedican menos energías a su ascenso profesional, y falta de interés por una carrera política que mutila gravemente la vida privada. Un aspecto que marca aún la diferencia entre hombres y mujeres.

No es casual que hayan fracasado las propuestas de potenciar el trabajo telemático (que no exige una presencia fija en la oficina), e incluso los horarios más reducidos, estudiadas en el Ministerio de Administraciones Públicas. Los funcionarios (hombres) no veían con buenos ojos el trabajo fuera de la oficina, piedra angular en la construcción de la identidad masculina laboral.

Pero si la Administración es poco amable con el universo femenino, mucho menos lo es el mundo de los negocios y las empresas (donde el poder no se sostiene con votos populares). Los principales grupos que cotizan en Bolsa, presentes en el índice Ibex 35 (entre ellos la empresa editora de este diario), tienen casi nula presencia femenina en la cúspide, con sólo dos mujeres presidentas, a la cabeza de Banesto y de Telefónica TPI. Y es que en el mundo de la economía está mucho más lejos de alcanzarse la masa crítica necesaria para que las mujeres rompan el famoso techo de cristal. Algo que debería ocurrir enseguida en el mundo de la judicatura, donde el 67% de los jueces son mujeres. Una proporción tan abrumadora que debería tener alguna consecuencia en la cúspide. Por eso, además de presidir el Constitucional, es lícito imaginar que en una fecha no demasiado lejana pueda haber una mujer al frente del Supremo. Sería una consecuencia lógica de una realidad laboral ya madura.