La policía española vincula a ONG saudíes con Al Qaeda

Diez ONG islámicas, varias de ellas saudíes, han desviado parte de sus fondos a Al Qaeda (La Base), según un informe de la policía española redactado antes del 11-S e incorporado al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre varios detenidos por su presunta relación con la red de Osama Bin Laden. El documento Cuestionario sobre árabes-afganos asegura que estas ONG controlaban la llegada de los muyahidín a Afganistán, Pakistán o Bosnia y los conducían a los campos terroristas. El Gobierno saudí ha prometido controlar las asociaciones de caridad.

Quince de los 19 suicidas que protagonizaron el 11-S eran saudíes, Ramzi Binalshibh, el yemení que coordinó el atentado, se paseó por Madrid con un pasaporte saudí, las donaciones caritativas de la esposa del embajador saudí en Washington acabaron en las manos de los terroristas que estrellaron el avión contra el Pentágono. Ahora, un informe de la policía española apunta a varias ONG de ese país y las retrata como fieles colaboradoras de Bin Laden.

El documento de la Comisaría General de Información (tiene 159 folios y describe la ubicación de 37 campos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda en Afganistán) asegura que el apoyo financiero saudí a los muyahidín (combatientes) que acudían a los campos durante el régimen talibán procedía "del Gobierno, instituciones semioficiales [organismos islámicos de socorro] y del sector privado".

Arabia Saudí ha sido una base de reclutamiento para la yihad (guerra santa) y muchos de los hoteles de Medina y La Meca eran el lugar de reunión para reclutar a los musulmanes jóvenes que se enviaban a los campos con la ayuda de determinadas ONG, según el citado documento que ya dedicaba un apartado especial a la "cruzada particular" de Bin Laden. "La facción islámica más subvencionada ha sido Ittehad e Islami que cumple la interpretación wahabita del Islam que se practica en Arabia saudí", dice el informe.

La policía cita a varios de los detenidos hace un año en España que acudieron a estos campos de adiestramiento -Osama Darra y Mohamed Needl, entre otros- y destaca que los elegidos permanecían una semana en Peshawar (Pakistán) antes de que las ONG islamistas los alojaran en sus centros y facilitaran documentaciones.

"El entrenamiento dura dos meses y se divide en tres apartados: propaganda religiosa, manejo de armas y explosivos y aprendizaje de técnicas de lucha subversiva y clandestina. Finalmente suelen regresar a sus lugares de origen y pasan a la situación de disponibles". La principal actividad del grupo que lideraba en Madrid Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, hoy en prisión preventiva, consistía en enviar fondos y muyahidín a estos campos en Afganistán.

El informe de la Unidad Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islámico, señala que en la mayoría de las mezquitas de Arabia Saudí se pedía dinero para financiar la actividad de estos campos, "teniendo constancia de que incluso parte del zakat [limosna] que se utiliza para obras de caridad ha sido destinado a estas actividades". Y añade que el jefe de los servicios secretos de Pakistán ha afirmado que "ha sido el dinero saudí el que ha salvado el funcionamiento de los campos de entrenamiento".

De las diez ONG que cita la policía española destaca el apartado dedicado a International Islamic Relief Organization, una de las más activas en Afganistán durante el régimen rigorista talibán. Resalta su origen saudí y asegura que fue uno de los principales "patrocinadores" de los campos de entrenamiento terroristas.

"Recibe financiación de la familia real saudí y de varias instituciones de voluntarios, así como del zakat, habiendo creado una fundación financiera, Sanabil al Kabir, para obtener ingresos estables, transitando una gran parte de sus fondos por el banco Al Rajhi Banking and Investment". Al Rajhi es uno de los bancos saudíes demandados por la asociación de familiares de 600 víctimas del 11-S.

El actual ministro saudí de Defensa, príncipe Sultán, donó seis millones de dólares a cuatro organizaciones caritativas islamistas, entre las que figura esa ONG. En 1995 tenía un presupuesto de 5,3 millones de dólares y un año más tarde organizó en Arabia Saudí "un festival de la caridad" en el que obtuvo otros 10 procedentes de fondos privados que se utilizaron para ayudar a los refugiados de Bosnia. Administra orfanatos, escuelas religiosas, hospitales y construye mezquitas entre sus multiples actividades en todo el mundo. "Están demostrados lazos entre esta ONG y radicales de grupos integristas de elevado rango, teniéndose constancia de que cierta cantidad de dinero recaudado es desviado en beneficio del integrismo radical", asegura la policía.

El documento relata numerosas vinculaciones de radicales islamistas con esta ONG y describe cómo éstos usaban sus sedes cuando viajaban y los trabajos que se les facilitaban. Las señas de esta organización humanitaria se han encontrado en poder de varios detenidos por atentados terroristas.

De la ONG saudí Haramein Islamic Fundation, el informe asegura que ha sido supervisada por el jeque Salah Bin Abdulaziz durante su etapa como secretario saudí de Asuntos Islámicos. Tiene oficinas en más de diez países. En el apartado dedicado a esta organización se cita al egipcio Majdi Arafar y se asegura que ha sido visto comprando detonadores. Majdi trabajaba para Mashru Khadeilmul Haramein Sharifein, ONG apadrinada por el rey Fahd.

La policía cita también a Human Concern International con sede en EE UU. De esta asociación humanitaria creada en Canadá y que opera en más de treinta países se dice que está relacionada con el FIS y el GIA argelinos, con la Yihad egipcia y con Al Qaeda.

El constructor Mohamed Galeb Kalaje, Abu Thala, de 41 años, uno de los sirios detenidos en Madrid por su presunta relación con Al Qaeda donó 670.000 euros a mezquitas y ONG, 231.000 de los cuales al responsable de Global Relief Foundation, Nabil Sayadi, residente en Bélgica y "colaborador" de Wading el Hage, condenado en EE UU por su participación en los atentados de Kenia y Tanzania. Sayadi rechaza que su organización tenga vínculos con el terrorismo y María Ángeles Ruiz, abogada de Galeb, reconoce que su cliente residió en Arabia Saudí desde 1992 a 1999, pero niega que trabajara como contable de la rama Al Faisal de la familia real saudí, tal como aseguran las víctimas del 11-S.