Una demanda de víctimas del 11-S enturbia las relaciones de EE UU con Arabia Saudí

El número tres es de mal augurio para Arabia Saudí. Tres miembros de la familia real, tres bancos y al menos tres organizaciones caritativas con sede en el país están acusados de financiar las redes terroristas de Bin Laden, según una demanda presentada el jueves en EE UU por 600 familias de las víctimas de los atentados contra las Torres Gemelas. ¿Su objetivo? El nombre del colectivo habla por sí solo: 'Familias del 11 de septiembre unidas para llevar el terrorismo a la bancarrota'. Esa iniciativa reaviva el debate sobre las controvertidas relaciones entre Washington y Riad.

Hacen falta nada menos que 259 páginas para enumerar las entidades y personas involucradas en la financiación de la nebulosa de Bin Laden. La acusación apunta hacia Arabia Saudí desde la introducción, citando un informe del 10 de julio destinado al departamento de Defensa estadounidense: 'Los saudíes actúan en cada nivel de la cadena del terror, desde planificadores hasta financiadores, desde ejecutivos hasta soldados de a pie, desde ideólogos hasta seguidores'. [La demanda fue presentada un día antes de que el juicio contra el francés Zacarias Moussaoui, el único inculpado por el 11-S en EE UU, fuese aplazado hasta enero próximo por la complejidad del caso].

La riqueza de la monarquía saudí la pone en el punto de mira de las familias. 'Terroristas como Osama Bin Laden y su red Al Qaeda no pueden planear, entrenar y actuar a una escala masiva sin poder financiero, coordinación y apoyo significativos', insisten los abogados. El actual ministro saudí de Defensa, Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud, habría donado desde 1994 seis millones de dólares a cuatro organizaciones caritativas islámicas, como la Muslim World League y la International Islamic Relief Organization, que patrocina patrocina el terrorismo, según el Departamento de Estado, citado en la demanda. El antiguo jefe de los servicios secretos Turki Al Faisal Al Saud procuró una 'ayuda financiera masiva a los talibanes', agrega. Se reunió en 1998 en Kandahar con Bin Laden. El terrorista prometió no utilizar las estructuras de Afganistán para desestabilizar al régimen saudí. A cambio, el príncipe Turki se comprometió a no pedir la extradición de Bin Laden. El tercer príncipe saudí acusado, Mohamed Al Faisal Al Saud, está a la cabeza de la Faisal Islamic Bank y dirigió hasta hace pocos meses el banco DMI. Un hermano de Bin Laden fue director del DMI.

En cuanto al grupo petrolífero e inmobiliario Saudi Bin Laden Group, su desarrollo y prosperidad han discurrido 'en paralelo' a las de Arabia Saudí. La compañía ha sido encargada de proyectos importantes 'que ayudaron al reino a desarrollar sus recursos y ampliar sus infraestructuras'. Bin Laden fue desterrado de Arabia Saudí a principios de los años 90 y sus hermanos siguen al mando.

Los demandantes reclaman un billón de dólares por persona o entidad. 'Lo esencial es procurar que las entidades que han financiado a Bin Laden no puedan volver a hacerlo jamás y sean arruinadas. Por eso, se pidieron indemnizaciones por daños y perjuicios enormes', explicó ayer por teléfono Jean-Charles Brisard, encargado de la investigación del caso. 'La justicia hace lo que el Gobierno de EE UU no puede hacer hoy', dijo Brisard. 'Primero por razones técnicas: el Gobierno está sujeto a reglas mucho más estrictas para congelar activos. Segundo, por escollos diplomáticos. En las relaciones de EE UU con Arabia Saudí y otros países, los intereses estratégicos y económicos, en particular el petróleo, son tan enormes que para ellos denunciar esas estructuras es imposible'.

El caso Bin Laden no deja de resultar incómodo para EE UU, reconoce el investigador, porque 'el 90% de las finanzas de Bin Laden proviene de Arabia Saudí'. En un libro publicado el año pasado, ese antiguo empleado de los servicios franceses de información resume así la situación: 'Hijo de familia ejemplar, Bin Laden no hizo más que seguir la vía natural de la élite de Arabia Saudí. En sus inmensas redes políticas y financieras tienen lugar los encuentros más inesperados entre fanáticos del islam y banqueros respetables, grandes ejecutivos del petróleo norteamericanos y lobbies protalibanes, miembros del clan Bush y mecenas del terrorismo'.

Deena Burnett, cuyo esposo falleció el 11-S en el avión que se estrelló en Pensilvania, es una de las que ha puesto la demanda. Apoya de manera incondicional la política bélica de EE UU. ¿Atacar a Irak? 'El uso de nuestras tropas militares es necesario. Cualquier país que apoya el terrorismo es un blanco', dice sin vacilar esa mujer de 38 años.