El Parlamento italiano aprueba una ley que crea el delito de inmigración clandestina

La nueva ley de inmigración italiana, destinada a dificultar al máximo la entrada ilegal de extranjeros, fue aprobada ayer en el Congreso por 279 votos contra 203, y una sola abstención, en medio de la airada protesta de la oposición. El Olivo calificó el texto -que tendrá que obtener aún la luz verde del Senado- de 'manifiesto del nuevo racismo y del odio social', en palabras de Luciano Violante, portavoz de los Demócratas de Izquierda. La ley crea el delito de inmigración clandestina y prevé que se tomen obligatoriamente las huellas digitales a los inmigrantes legales.

El texto recoge las propuestas de la Liga Norte, el grupo que basa su ideario actual en la guerra a la inmigración, y que ayer saludó la nueva ley como una 'victoria política' propia.

Italia se adecua con una nueva ley al nuevo clima europeo de preocupación por la inmigración incontrolada, calificado por las autoridades comunitarias como el mayor problema al que debe hacer frente la Unión Europea. Sólo que el rigor y severidad que adopta el Gobierno de Silvio Berlusconi parece dirigido, sobre todo, a poner freno al descontento de amplios sectores de la población obsesionados con el aumento de la delincuencia, que las estadísticas ligan a la presencia de centenares de miles de 'extracomunitarios' sin permiso de residencia, obligados a enrolarse en las redes mafiosas para sobrevivir.

La oposición considera, sin embargo, que el nuevo texto, tildado de 'racista', lejos de frenar la entrada clandestina de inmigrantes, la hará más fácil al distraer a la policía con nuevas tareas como la toma de las huellas digitales a los inmigrantes legales y la expulsión de los extranjeros que entraron de forma irregular.

Francesco Rutelli, líder de La Margarita que agrupa a los centristas de El Olivo, reclamó del Ejecutivo el compromiso de introducir la obligación de tomar las huellas digitales al conjunto de los italianos, tal y como preveía ya una ley aprobada por el Gobierno de El Olivo.

Tanto los diputados de Los Verdes como los comunistas del Partido de los Comunistas Italianos consideraron 'repugnante' la ley, entre otras cosas, por esta discriminación en las medidas de identificación policial.

Todo apunta a que la nueva ley responde por completo a las aspiraciones de la ex separatista Liga Norte. Una idea del espíritu que anima a la Liga la dio el portavoz liguista en el Congreso, Alessandro Cè, quien dirigiéndose a la izquierda, declaró: 'Odia a los italianos, a las familias, a las que han arrebatado las casas para favorecer a los extracomunitarios. La nuestra es una victoria política contra vuestros planes diabólicos'.

Medidas severas

Umberto Bossi, líder liguista se apuntó también el 'éxito' de la ley, mientras Gianfranco Fini, vicepresidente del Gobierno negó que pueda calificársela de 'xenófoba'. 'La ley conjuga el rigor contra los clandestinos con una obligada solidaridad hacia los que vienen a Italia a trabajar y se integra en nuestra sociedad'.

El nuevo texto, conocido con el nombre de sus dos principales artífices, Bossi-Fini, (Umberto Bossi, líder de la Liga, y Gianfranco Fini, líder del posfascista Alianza Nacional), contempla medidas severas contra los inmigrantes clandestinos que se arriesgarán a cumplir de uno a cuatro años de cárcel si son detenidos en suelo italiano después de haber sido expulsados ya una vez del país, y endurece las penas contra los traficantes de clandestinos.

La ley dificulta también la posición de los trabajadores extranjeros legalmente establecidos porque recorta la validez del permiso de estancia, que deberá renovarse cada dos años y no cada tres como ocurría ahora y exige un año más de estancia (ahora se requerían cinco) para obtener el permiso de residencia definitivo en el país. Las cosas se ponen complicadas también para los inmigrantes con un trabajo en regla que pueden ser expulsados, aun con el permiso de estancia vigente, si pierden el empleo.

El Gobierno italiano decidirá anualmente el número de inmigrantes que son autorizados a entrar en el país, y las embajadas, en colaboración con oficinas territoriales, se ocuparán de satisfacer la demanda de mano de obra extranjera, que planteen las familias y empresas italianas. Uno de los puntos que más debate ha provocado dentro de la propia coalición de Gobierno ha sido el alcance de las medidas de regularización que acompañarán a la ley.

Mientras los dos partidos centristas del Gobierno de Berlusconi habían propuesto la regularización de todos los inmigrantes que trabajan en negro en Italia, la Liga Norte dio la batalla por limitar la medida de gracia a las trabajadoras domésticas y a los asistentes que cuidan ancianos y enfermos en el país. En estos momentos, en Italia hay 1,2 millones de trabajadores extranjeros en regla, pero la cifra de inmigrantes sin papeles se sitúa entre los 300.000 y el medio millón de personas.