Las granadas defectuosas mataron a otros dos soldados en 1990

Sonia Ruiz Navas, de 26 años, y Miguel Ángel García Garrido, de 25, los dos sargentos fallecidos el 7 de mayo del año pasado durante unas maniobras en el campo de tiro de Chinchilla (Albacete), no son las primeras víctimas mortales de la granada rompedora del modelo 51, calificada de 'extremadamente peligrosa' por los peritos militares. Otros dos soldados murieron en enero de 1990 en un accidente prácticamente idéntico.

Rubén Gómez García, de 18 años, y Mario Sánchez Lobo, de 19, que cumplían el servicio militar obligatorio en la Brigada Paracaidista, murieron el 16 de enero de 1990 al hacer explosión una granada en el interior de un mortero de 81 milímetros con el que realizaban prácticas de tiro en el campo de maniobras de El Palancar (Hoyo de Manzanares).

La investigación realizada por el juez militar no consiguió determinar las causas del accidente, pero sí descartó el fallo humano, y sólo apuntó que la explosión pudo deberse al mal estado de la munición, de la espoleta o del mortero. Se trataba, según las diligencias judiciales, de una granada rompedora modelo 51, del mismo tipo que la que 11 años después, el 7 de mayo de 2001, explotó dentro del tubo y causó la muerte de dos sargentos alumnos de la Academia de Infantería de Toledo durante unas prácticas en el campo de tiro de Chinchilla (Albacete).

El informe pericial de este último siniestro, realizado por el Centro de Ensayos del Ejército en Torregorda (Cádiz), calificó la espoleta ECIA-55, que activa este tipo de granadas, de 'extremadamente peligrosa' y pidió su retirada 'de todos los lotes de munición de mortero de cualquier calibre'. Dicha espoleta, según los peritos, está diseñada para funcionar a partir de los cuatro metros, 'distancia muy inferior al radio de acción de la granada' y a lo previsto en las normas de la OTAN, ratificadas por España, que obligan a un radio de seguridad de 40 metros.

El teniente coronel José García Larriba, también perito, aludió en su informe al juez a 'otros accidentes recientes igualmente mortales con el mismo tipo de mortero y munición'. Sin embargo, el encargado de suministrar la munición a las unidades que realizan maniobras en el campo de tiro de Chinchilla ha declarado que sólo 'por comentarios', y no de forma oficial, tenía conocimiento de otros accidentes causados por fallo de las granadas.

Los muertes accidentales en ejercicios con granadas han sido numerosas en los últimos años, pero resulta difícil, salvo en casos como el de El Palancar, en que las familias de las víctimas guardan toda la documentación, saber si coinciden los modelos de armamento implicados.

Por otra parte, fuentes de Defensa indicaron ayer que el ministro Federico Trillo-Figueroa firmó el pasado día 8 la resolución que reconoce como fallecida en acto de servicio a la sargento Sonia Ruiz y en breve hará lo mismo con Miguel Ángel García.

La Oficina del Defensar del Soldado denunció el martes que la pensión ordinaria atribuida al viudo de Sonia (662 euros, 110.000 pesetas mensuales) no correspondía a la de muerte en acto de servicio, a pesar de que el fallecimiento se produjo durante unas maniobras. Fuentes de Defensa alegaron que el expediente se había retrasado mucho y que, precisamente por ello, se decidió adelantar el reconocimiento de una pensión ordinaria mientras se tramitaba la extraordinaria.

No se deducía así de la notificación remitida el pasado 22 de febrero por el jefe de la unidad de pensiones de Defensa. El escrito no aludía a una futura pensión extraordinaria: comunicaba la ordinaria y advertía de que, si no se estaba conforme con ella, había un mes de plazo para recurrir.