El descrédito de las auditorías

Los hechos que han arruinado a la compañía eléctrica Enron y a la firma de auditoría Andersen son bien conocidos. Sin entrar en excesivos detalles, la crisis Enron-Andersen demuestra que el modelo de control externo de las cuentas de las empresas no ofrece garantías a los inversores y a los accionistas. En realidad, nunca generó demasiada confianza, pero formaba parte de ese tipo de relaciones semiinstitucionales que sobreviven mientras no se produce una catástrofe. Una vez que el modelo ha hecho crisis, resulta fácil diagnosticar porqué; antes de la crisis, los auditores y las empresas se limitaron a mirar hacia otro lado cuando recibían críticas por la inseguridad contable del sistema.

Cuando el controlador está a sueldo del controlado, lo más probable es que el control no sirva para nada. El informe de auditoría es poco más que un sello burocrático

Hay varios quid en esta cuestión. El principal, muy repetido en los últimos meses, es que cuando el controlador está a sueldo del controlado lo más probable es que el control no sirva para nada. La práctica universal en el control de auditoría era -y es, mientras no se demuestre lo contrario- que el auditor recibe las cuentas de los directivos de la compañía, generalmente del director general y del director financiero o de sus respectivos departamentos; que el equipo de auditoría, en el que abundan los júniors o becarios de la firma, pastoreados por un senior que se mantiene a prudente distancia durante la primera fase del informe, elabora un primer borrador, y que ese borrador da paso a una prolongada negociación en la cual los representantes de las compañías (generalmente el director financiero) imponen sus parches y remiendos. Para eso pagan. El resultado es que el informe de auditoría es poco más que un sello burocrático que no garantiza casi nada. Hasta aquí, una descripción general, que se puede adornar con algunos matices. El más vistoso, por ejemplo, es el que asegura que diversos códigos de buen gobierno -el de Olivencia, sin ir más lejos- han profundizado en la independencia de los auditores respecto de los directivos de las empresas por el procedimiento de crear en los consejos de administración comisiones de auditoría gobernadas teóricamente por los consejeros. La teoría está bien, pero la práctica sigue siendo la descrita, con el añadido de que el director general o financiero informa antes y después al responsable de la comisión de auditoría.

Una legislación obsoleta

En España el problema es el mismo que en Estados Unidos, dividido por la importancia relativa de las empresas y multiplicado por una legislación imprecisa y obsoleta. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) es el presunto encargado de imponer disciplina y exigir calidad a las firmas de auditoría, pero su peso político se aproxima a cero y la presión de las firmas ha conseguido minimizar las sanciones administrativas y evitar su publicidad. Las firmas han conseguido limitar drásticamente la responsabilidad ante los accionistas de las empresas auditadas, de forma que en España es impensable que un grupo de accionistas tenga éxito en una demanda contra el auditor por daños y perjuicios.

Por diversas razones, que no es posible desarrollar aquí, las firmas de auditoría española han capturado al legislador, es decir, han utilizado a diputados o partidos políticos mediante técnicas de lobby para imponer sus tesis en el Parlamento. A través de CiU consiguieron suprimir la limitación temporal de contratos de las firmas con las empresas, así que en la actualidad la relación de la auditora con la auditada puede ser eterna, con la cantidad de vicios, malas prácticas y colusiones que ello supone.

No hay un solo escándalo financiero de los últimos 20 años que las auditoras hayan detectado con anterioridad. Ni Banesto, ni Torras, ni Gescartera, ni PSV... El caso Enron ha desatado en EE UU una fiebre de reformas legales, comisiones y subcomisiones. En España, la Administración ha sugerido algunos cambios en la CNMV después del caso Gescartera, pero mantiene un espeso silencio en el ámbito de las normas de contabilidad y control. No se conocen con exactitud los cambios en los criterios de provisión de fallidos, pero la ausencia de publicidad, debate político al respecto y transparencia hacen temer lo peor. Porque las empresas españolas no son un modelo de exactitud y rigor en la contabilidad.

El momento es especialmente delicado, con el shock que están sufriendo las inversiones en Latinoamérica , y en especial, en Argentina. Existen varios indicios de que algunas empresas que operan en la zona están manipulando la contabilidad de los ingresos que obtienen -mejor, que no obtienen- por la facturación que realizan en los mercados latinoamericanos, y numerosas indicaciones, en forma de salvedades de auditoría, de que grandes compañías no están provisionando de forma adecuada el riesgo latinoamericano. ¿No son motivos suficientes para que la Administración rompa el silencio y tome la iniciativa de imponer más rigor contable?