¿Qué esconde Bush?

Nadie ha acusado nunca al congresista norteamericano Dan Burton de morderse la lengua. Este republicano de Indiana, baluarte de los conservadores que controlan la Cámara de Representantes, llamó en una ocasión 'cerdo' al presidente Clinton. Pero una cosa es arrojar bombas retóricas contra un presidente del partido rival y otra, muy distinta, denunciar al líder del propio partido por 'dictatorial', que es lo que hizo Burton con el presidente Bush el pasado diciembre.

Lo que indignó tanto a Burton fue la obsesión de la Administración de Bush con el secretismo, su empeño en ocultar información al público e incluso al Congreso. El escándalo de Enron ha servido para sacar a la luz un modus operandi profundamente arraigado en el Gobierno de Bush. Si hay tantos vínculos demostrados (incluidos económicos) entre miembros de la Administración de Bush y Enron, ¿por qué no se han dado unos cuantos nombres? Es comprensible que la prensa y el público se pregunten: ¿Qué ocultan? La respuesta es: mucho.

Cheney y Rumsfeld son autores de memorandos de la época Reagan que ahora están bloqueados

Por primera vez en 81 años, el Congreso se ha querellado para obtener información

En realidad, el equipo de Bush ha emprendido un ataque a la verdad que hace que el intento del presidente Richard Nixon de encubrir el robo de Watergate parezca, en comparación, una aberración temporal. La agresión nace en la raíz del proceso gubernamental. Bush está bloqueando la publicación prevista de documentos en virtud de la Ley de Documentos Presidenciales (PRA), de 1978, que ordena que todos los papeles de cada presidente, salvo los que son especialmente delicados, se den a conocer al público 12 años después de que dicho presidente deje el cargo. En el caso de Reagan, el reloj empezó a correr en 1989. El 20 de enero de 2001 correspondía publicar la primera serie (68.000 páginas) de sus papeles. Debía haber sido un trámite de rutina. Pero la nueva Administración de George W. Bush, que acababa de pasar por la controversia de los votos en Florida en las elecciones presidenciales de 2000, aprovechó una cláusula de la PRA que permite la consulta del presidente durante 30 días. Así empezó lo que se ha convertido en un gran punto muerto. En agosto, había pasado medio año y seguía sin publicarse ningún documento.

Sospechoso

Esto levantó sospechas. Dado que la ley ya excluía los documentos más delicados de la publicación, ¿por qué necesitaba la Administración de Bush revisar el resto, según decía por motivos de seguridad nacional? 'Es bastante sospechoso', dice Anna Nelson, profesora de Historia en la American University, que colabora con varias organizaciones académicas e históricas en relación con el acceso a los papeles presidenciales. 'Las precauciones en materia de seguridad nacional son extremas'. Nelson opina que muchos funcionarios de la Administración actual que también trabajaron en el Gobierno de Reagan -incluidos el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld- fueron los autores de esos memorandos de hace 12 años que están bloqueados: 'Seguramente no recuerdan lo que decían, y tienen dudas al respecto'.

Mientras tanto, Bush está decidiendo qué papeles de su padre, el presidente George H. W. Bush, podrán publicarse a partir del 20 de enero de 2005. A partir del 11 de septiembre, la Administración ha tenido prácticamente carta blanca para aplazar cualquier publicación de documentos, y ha hecho amplio uso del privilegio. En noviembre, Bush dictó un decreto por el que no sólo un ex presidente puede reclamar el privilegio exclusivo sobre sus papeles, en contra de la voluntad del presidente titular (una medida que instituyó Reagan antes de dejar el cargo), sino que un presidente en vigor puede también bloquear los papeles de un antecesor en el cargo, incluso aunque éste haya aprobado su publicación.

Las repercusiones de esta modificación son inmensas. 'Lo esencial es que el secreto manda en cualquier situación, siempre que lo desee, al menos, una de las partes', dice Mark Rozelle, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de América, y uno de los principales especialistas en el privilegio ejecutivo. La Administración de Bush, en pleno vaivén orwelliano, ha dado a su decreto el título de Aplicación complementaria de la Ley de Documentos Presidenciales, como si estuviera pensado para mejorar el acceso público. Según la portavoz de la Casa Blanca, Ann Womack, 'en realidad, esto no ha cambiado nada'. El decreto, dice, 'se refiere sólo al procedimiento. No dice cuándo, cómo ni por qué'. Cuando se firmó, Ari Fleischer declaró que iba a imponer 'un proceso más ordenado. Como consecuencia de la nueva ley que va a entrar en vigor, y gracias al decreto que pronto va a dictar el presidente, será posible disponer de más información'.

Eso está por ver. Si, en el pasado, la Casa Blanca debía demostrar que tenía una razón convincente para retener informaciones, el decreto de Bush traslada la responsabilidad a los investigadores y demás solicitantes, que son quienes deben demostrar que tienen una razón convincente para necesitar esos datos. En la práctica, vacía de contenido la Ley de Documentos Presidenciales, cuyo objetivo era difundir, no ocultar.

Ante esta situación, un consorcio de grupos de defensa de los intereses públicos, como la organización Public Citizen y el Archivo de Seguridad Nacional, presentaron una demanda a finales de noviembre. La demanda pide que el responsable del Archivo Nacional, que es el custodio de los papeles, esté obligado a respetar los términos de la Ley de Documentos Presidenciales y no tenga en cuenta el reciente decreto, y que publique los papeles de Reagan que permanecen retenidos. Scott Nelson, el abogado que lleva la causa contra la Casa Blanca, lo expresa así: 'Tienen la opinión general de que las deliberaciones del Ejecutivo no son asunto del público ni del Congreso'. A todo esto, en enero -un año después de la fecha en la que estaba prevista la publicación-, sólo se había dado vía libre a 6.000 documentos. A este paso, se tardará más de 11 años en que las 68.000 páginas lleguen al público.

El 15 de diciembre, Bush invocó el privilegio ejecutivo para negarse a acatar dos citaciones del comité del congresista Burton que solicitaban unas informaciones al Departamento de Justicia. Una de las citaciones, continuación de la cruzada anti-Clinton llevada a cabo por Burton a finales de los noventa, pedía los memorandos internos de la fiscalía que explicaban la decisión de Janet Reno de no designar a un fiscal especial para investigar las irregularidades en la obtención de fondos de la campaña Clinton / Gore. La segunda estaba relacionada con una investigación del FBI en Boston, hace más de 25 años. Cuando el comité de Burton pidió los memorandos internos de la fiscalía encargada del caso, la Administración protestó y afirmó que dicha publicación tendría efectos devastadores sobre los consejos confidenciales transmitidos dentro del Ejecutivo. ¿Por qué se empeña Bush en invocar su privilegio ejecutivo en dos investigaciones cerradas que ya no representan ninguna amenaza para las fuerzas del orden, la fiscalía ni ninguna otra función del Ejecutivo? La respuesta, según Charles Tiefer, profesor de Derecho en la Universidad de Baltimore y experto en el privilegio ejecutivo, es que esta acción de Bush quizá forme parte de una estrategia de más largo alcance. 'El presidente Bush quiere utilizar su capacidad de mantener el secreto en casos como éstos, en los que no se le puede acusar de encubrir ningún interés propio en materia de política o corrupción', explica Tiefer. 'Así, el próximo año, si los investigadores presentan una querella criminal contra Enron pero, por razones inexplicables, el Departamento de Justicia se niega a encausar a nadie aparte de empleados de Enron de baja categoría o insignificantes, se emplearía este mismo tipo de encubrimiento presidencial para impedir que el Congreso y la opinión pública descubran por qué no ha habido procesamientos graves'.

Y esto nos lleva a Enron. Mucho antes de que el gigante de la distribución energética se convirtiera para la calle en un sinónimo de infamia, Dick Cheney estaba asegurándose de que el importante papel de ésta y otras compañías que le habían asesorado en la elaboración de la política energérica del Gobierno de Bush se mantuviera en secreto. Cheney había celebrado reuniones con directivos y 'expertos' en energía desde febrero de 2001, cuando creó el Grupo Nacional de Desarrollo de la Política Energética (NEPDG). En abril, la prensa informó de que Cheney se había reunido con el consejero delegado de Enron, Kenneth Lay, la víspera de que el vicepresidente anunciara que no iba a apoyar los topes para los precios de venta de la electricidad al por mayor en California. Entonces, Enron estaba en plena campaña de relaciones públicas para bloquear esos topes. El congresista Henry Waxman, el principal demócrata en el comité del Congreso para la reforma del Gobierno, pidió a la Oficina General de Cuentas (GAO) que investigara a las personas con las que se había reunido Cheney en el transcurso de esos meses.

Desafío

La Oficina General de Cuentas es el respetado brazo investigador del Congreso estadounidense. En mayo, la GAO intentó en cinco ocasiones obtener información del vicepresidente sobre sus contactos en el sector energético. Aunque se trataba de una solicitud de rutina, el abogado de Cheney hizo que el organismo de vigilancia del Congreso se viera obligado a defender su derecho legal a esa información. Después de una serie de reuniones legales y llamadas telefónicas no devueltas, el interventor general de la GAO, David Walker, decidió actuar con más dureza y presentó una petición formal de que Cheney hiciera públicos los datos. Cheney siguió negándose. Según Walker, ningún Gobierno anterior había desafiado jamás la autoridad de la Oficina de esa forma.

Después de que esta situación de punto muerto se prolongara durante todo enero, la GAO anunció que iba a presentar una querella contra la NEPDG de Cheney para obligarle a satisfacer la solicitud. Es la primera vez, en sus 81 años de historia, que la GAO ha tenido que querellarse contra un organismo o responsable federal para obtener una información.

'El secretismo en la Administración de Bush no se limita a una o dos personas. Es una filosofía básica', dice Aftergood. 'Se hable de la guerra en Afganistán o de documentos presidenciales de hace 20 años, la Administración quiere controlar lo que se le permite saber al público. Es un cambio espectacular respecto al Gobierno de Clinton, en el que varios organismos defendían la necesidad de publicar más datos y se dio a conocer un volumen sin precedentes de información sobre la que se había levantado el secreto oficial'.

Durante su primer mes en el cargo, el fiscal general, John Ashcroft, envió un memorándum en el que decía que, siempre que fuera posible, el Departamento de Justicia debía adoptar una política de no proporcionar informaciones solicitadas en virtud de la Ley de Libertad de Información, con lo que anulaba la decisión administrativa de Clinton de que los documentos sólo deberían retenerse cuando se previera que su publicación iba a ocasionar perjuicios. Lo que Ashcroft venía a sustituir era 'retener ocasionalmente' por 'retener siempre que sea posible'.