España propone a Washington un pacto con la UE sobre extradiciones

España ya ha dado el paso y ha comunicado oficialmente a Washington su deseo de que la Unión Europea y EE UU negocien un pacto global sobre el polémico problema de las extradiciones entre los dos continentes mientras en EE UU siga aplicándose la pena de muerte. Ayer, el embajador español ante la UE, Javier Conde, comunicó en Bruselas el proyecto español a su homólogo estadounidense, Rockwell Schnabel.

El embajador Schnabel recibió positivamente la propuesta, que será planteada el próximo semestre a los Quince durante la presidencia española de la UE. Schnabel recordó a Conde que EE UU ya negocia en el Consejo de la UE las posibles modificaciones legales que pueden hacerse para acabar con 'la discriminación' que EE UU tiene en ese capítulo, según la expresión empleada por el Gobierno norteamericano en una carta remitida en octubre a la Comisión Europea. Pero el representante estadounidense señaló que está dispuesto a estudiar la propuesta española, que significaría acabar con el actual sistema de negociaciones bilaterales sobre los acuerdos que Washington tiene suscritos con cada uno de los Quince.

El plan ha sido transmitido a Schnabel sólo unos días después de la visita oficial que ha realizado el presidente español, José María Aznar, a Washington, durante la cual también se abordó este espinoso asunto. Desde el los ataques del 11 de septiembre, han sido detenidas en Europa 62 personas que han sido relacionadas de una u otra forma con la organización Al Qaeda, y en cualquier momento pueden producirse peticiones de extradición por parte estadounidense.

Pena de muerte

Hasta ahora, los países europeos se han opuesto a extraditar a personas acusadas de graves delitos ante la posibilidad de que se les aplique la pena de muerte en EE UU. En el pasado, sí ha habido entregas bajo la condición de que no se les aplique la pena capital. Ésa sería la condición que figurara también en el acuerdo global de extradiciones que España plantea entre ambos continentes. No obstante, la activación de tribunales militares en EE UU supondría un nuevo inconveniente jurídico para los países europeos.

El eurodiputado español Íñigo Méndez de Vigo, uno de los principales impulsores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, ha recordado además estos días que ese documento, concebido por algunos como un embrión de la futura Constitución europea, prohíbe explícitamente la entrega de presuntos delincuentes a países donde exista la pena de muerte.

El artículo 19 de la Carta dice textualmente: 'Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes'.

El problema de las extradiciones no es el único en el que hay divergencias entre EE UU y la UE para una mayor colaboración contra la delincuencia. EE UU, por ejemplo, ha pedido a la UE que revise sus leyes sobre protección de datos, incluida el uso de Internet, en un momento en que Washington ya ha expresado su intención de levantar las restricciones legales al control de las comunicaciones en la Red.