Congreso y Senado de EE UU se enfrentan por la seguridad aérea

La Cámara de Representantes quiere que el registro de equipajes y pasajeros en los aeropuertos de EE UU siga en manos de empresas privadas; el Senado quiere que esa labor corresponda a las fuerzas de seguridad. Cada Cámara ha redactado su propia propuesta de ley de seguridad aérea; la diferencia de criterio en ese punto amenaza con dilatar la entrada en vigor de todas las nuevas medidas.

Congresistas y senadores se disponen a pactar un camino intermedio que permita desbloquear la negociación: estatalizar la seguridad aérea sólo en los principales aeropuertos del país. Hace más de tres semanas, el Senado aprobó por unanimidad su versión de la nueva ley de seguridad aérea. La propuesta considera que el registro de equipajes y pasajeros en los aeropuertos es ahora una cuestión de seguridad nacional y, como tal, corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado. De salir adelante, la ley eliminaría los 28.000 empleos de las empresas públicas que ahora se encargan de la seguridad y crearía otros tantos puestos de trabajo en el Gobierno federal.

En cambio, la Cámara de Representantes siguió el mandato ideológico de los líderes republicanos y sucumbió a la presión política que han ejercido personalmente el presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney: su propuesta aprobada la semana pasada deja en manos privadas el registro de equipajes, aunque acepta una cierta supervisión por parte de las fuerzas de seguridad federales o locales.

Quienes apoyan la ley del Senado piensan que sólo la policía o los agentes federales pueden hacer correctamente el trabajo de registro; quienes opinan lo contrario muestran su reticencia a sumar miles de empleados públicos a los engranajes federales. Temen que eso aumente la burocracia del Gobierno, dispare aún más el número de empleados públicos e impida despedir con rapidez a quienes hagan mal su trabajo.

Durante el fin de semana, congresistas y senadores parecían inclinados a aceptar una solución intermedia que podría permitir un acuerdo bicameral: la Cámara de Representantes aceptaría que en los grandes aeropuertos del país hubiera una transición más o menos lenta (entre uno y dos años) que fuera dejando en manos de las fuerzas de seguridad las labores de registro. Mañana se designará a los miembros de una comisión conjunta que trate de unificar las propuestas con la mayor rapidez; congresistas y senadores aseguran que la nueva ley debe contar con la firma de Bush antes del Día de Acción de Gracias, que es históricamente uno de los periodos de mayor tráfico turístico del país.

Sea cual sea la solución final, los atentados del 11 de septiembre han demostrado la falta de rigor en la vigilancia de los aeropuertos. Las compañías aéreas, responsables de la seguridad, subastan los contratos al mejor postor del sector privado. Medio millar de inspectores de la FAA (la Autoridad Federal de Aviación) supervisan la actividad y sancionan las faltas.