Temor por los derechos civiles

La clase política norteamericana, como su propia sociedad, reacciona como una roca cuando siente que su país es agredido o cuando se apela a su patriotismo, pero eso no quiere decir que mantenga posturas unánimes o que no existan análisis diversos sobre cómo hacer frente a la crisis. Esa pluralidad es válida tanto para las opciones externas como para las internas.

Infinidad de grupos, considerados indistintamente de izquierda o de derecha, se han pronunciado estos días contra las medidas antiterroristas que propone el departameto de Justicia, encabezado por otro gran gran conservador, John Ashcroft. Los defensores de los derechos civiles e individuales consideran que, incluso en situaciones tan serias como la actual, el Gobierno no puede restringir las libertades ciudadanas sin atacar la raíz misma de Estados Unidos.

El propio presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, se ha hecho eco del documento firmado por más de 150 asociaciones nacionales: 'No queremos que los terroristas tengan éxito y eliminen nuestras libertades', aseguró. Algunos senadores republicanos han expresado su temor de que el Gobierno de Washington aproveche las circunstancias para avanzar en sus planes de control de la población.

Las dos propuestas que ponen más nerviosos a los grupos pro derechos civiles son el control de comunicaciones e Internet sin estricto control judicial (Ashcrof propone que un juez pueda firmar un mandato de hasta un año) y, sobre todo, el derecho a detener y a expulsar del país, sin que medie un juez, a cualquier extranjero residente legal. Esta última propuesta ha despertado un verdadero vendaval de críticas y la creación de un grupo o liga de abogados dispuestos a recurrir a altas instancias judiciales si sigue adelante.

'Comprendo que se pueda prolongar la detención de un extranjero de 24 a 48 horas sin formular ningún cargo, pero me parece inconcebible que se pretenda no fijar ningún límite', se extrañó un representante de la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA). 'No queremos que el Congreso tome decisiones precipitadas ni que caiga en la tentación de aprobar controles de los ciudadanos en la creencia equivocada de que son necesarios para luchar contra el terrorismo', aseguró un portavoz de la asociación.