El rescate de las autopistas de la Generalitat costaría 2.544 millones

Un informe encargado por el Departamento de Territorio a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) cifra entre 2.544 y 2.770 millones de euros el coste que supondría rescatar los 200,7 kilómetros de las cuatro concesionarias de autopistas de peaje titularidad de la Generalitat, propiedad, casi en su totalidad, de Abertis. La cifra podría ser algo inferior por los cambios introducidos en el contrato de concesión de Autema. El autor destaca que, más allá del rescate, se deberían asumir otros costes: de conservación y mantenimiento; de la plantilla y una posible reducción de la recaudación fiscal.

Los cálculos elaborados por el profesor de la UPC Àlvar Garola incluyen los tramos de las autopistas C-16, C-32 y C-33, todas ellas con barreras de peaje y de titularidad de la Generalitat. Quedan excluidas otras vías concesionadas —con fórmulas como el peaje en la sombra, con el que es la Administración la que paga directamente al operador— y las autopistas AP-2 y AP-7, propiedad del Estado y “auténticos ejes vertebradores de la red viaria catalana”, según recoge el documento. La elaboración del estudio recoge un mandato que el Departamento de Territorio le hizo llegar en abril y que el consejero Santi Vila hizo público el 9 de julio. Pocos días después lo recibía.

El cálculo de un supuesto rescate no presupone una intencionalidad del Gobierno de asumir la explotación de esas infraestructuras. Hace menos de tres años privatizó los túneles de Vallvidrera y del Cadí, necesitado de recursos económicos. Vila se ha manifestado siempre como un defensor de la colaboración público-privada y del pago por uso. Asimismo, los costes revelados por la Evaluación del coste de rescate de las concesiones de las autopistas y vías en régimen de peaje de la Generalitat son altos y casan poco con las dificultades financieras por las que atraviesan las arcas autonómicas. La franja más baja del cálculo es equivalente a poco menos de un tercio del presupuesto anual del Departamento de Salud de la Generalitat (8.300 millones).

Tras utilizar diferentes métodos de cálculo, el informe opta por escoger la horquilla que oscila entre los 2.544 millones y los 2.770 millones de euros. La primera cifra surge tras aplicar un método de cálculo basado en el patrimonio neto y el flujo libre de caja de cada concesionaria y la segunda es el resultado de utilizar el método de la inversión neta y el lucro cesante a partir de los beneficios de explotación de los últimos cinco años. Esa sería la más aproximada al marco de indemnizaciones que marca la ley de contratos públicos, que obliga a compensar al concesionario por las obras e instalaciones construidas y por los daños y perjuicios causados, incluidos los beneficios futuros que dejaría de percibir, un cálculo basado los últimos cinco años.

El cálculo para Autema, la concesionaria de la C-16 entre Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Manresa, difiere al regirse por otro tipo de concesión, que establecía un sistema de compensación que sufragaba la Generalitat si no se alcanzaba una intensidad de tráfico mínima fijada en el contrato. Su rescate sería de 776 millones, pero el cambio del contrato de concesión aprobado por el Gobierno catalán en julio pasado previsiblemente abarataría ese coste.

La extinción de contrato más cara para la Generalitat sería la de Aucat, que gestiona el tramo sur de la C-32, entre Castelldefels y El Vendrell. Sus 49,6 kilómetros, algunos de ellos con túneles que horadan el macizo del Garraf, saldría por entre 902 y 945 millones de euros. Después irían los túneles de Vallvidrera y del Cadí, 39 kilómetros de la C-16 privatizados en 2012 por 430 millones. Recuperarlos supondrían entre 453 y 585 millones. Por Invicat (gestiona 57 kilómetros de la C-32 entre Montgat y Palafolls y 14 km de la C-33 entre Barcelona y Montmeló) se tendría que pagar entre 413 y 464 millones. Abertis sería el interlocutor en todos los casos y solo en el caso de Autema tendría que entrar en las negociaciones Ferrovial, accionista del 77% de la concesionaria.

El informe calcula que si la Generalitat asumiera la explotación de las vías afectadas, debería invertir entre 237 millones y 369 millones en mantenimiento, mientras que si tuviera que despedir a la plantilla, las indemnizaciones alcanzarían 34 millones.