Juicio contra 50 imputados por la venta ilegal de entradas a la Alhambra
La fiscalía y la Junta acusan a los implicados de apropiación indebida, falsedad y daños
La Audiencia de Granada juzgará a los 50 imputados en el 'caso Alhambra', abierto por irregularidades en el control de acceso y venta de entradas al monumento granadino. Medio centenar de personas de los 77 implicados durante la instrucción se sentarán en el banquillo de los acusados durante el juicio oral.
El Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía han presentado sus escritos de acusación, lo que deja ya a las puertas del juicio este caso, que se conoció tras las primeras detenciones en 2005. De 2002 hasta ese año, la Alhambra tuvo, según la acusación del fiscal, un “circuito ilegal” de venta de entradas y acceso al monumento que supuso un perjuicio económico de 6,6 millones de euros.
Las acusaciones piden penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por la posible comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio, todos de forma continuada. Precisamente que la principal acusación sea apropiación indebida es lo que hace competente a la Audiencia de Granada para el juicio y el fallo del caso. Ese delito tiene una pena privativa de libertad máxima de seis años.
El instructor, el juez Miguel Ángel del Arco, ha acordado el sobreseimiento por falta de acusación para 27 personas que estuvieron imputadas en la instrucción. El juez, aunque con “respeto”, dice “no comprender” la ausencia de acusación de algunas de esas personas “con unos indicios y beneficios económicos considerables”.
Desde marzo está finalizada su investigación, que dio por concluida con 77 personas imputadas y dos agencias de viaje procesadas. Fiscalía y Junta de Andalucía coinciden en señalar a 43 acusados, además de a las empresas Daraxatour y Washington Irving SL como responsables civiles. La “compleja trama delictiva”, como la describió el fiscal, cuenta con relaciones familiares, negocios, tratos de favor, transferencias…
El modo de actuar fue ideado supuestamente por parte de los acusados con el fin de conseguir "provecho patrimonial ilícito". Básicamente en lo que consistía era en no ingresar en los sistemas establecidos del Patronato de la Alhambra el dinero que le entregaban sus clientes, sino incorporarlo a su patrimonio, aunque los turistas accedían al recinto.
Las relaciones de guías turísticos, responsables hoteleros y participantes en la gestión de agencias con otros acusados, como peones controladores u oficiales, lo hacían, siempre según las acusaciones, posible. A veces accedían sin entradas, otras con una comprada pero que había sido utilizada antes o era para hora distinta o para menos número de turistas (en el caso de los grupos). También había impresas de "forma ilícita".
