No sólo falta dinero para dependencia, falta control

La Ley de Dependencia, aprobada en noviembre de 2006 con un amplio consenso, -sólo CiU, EA y PNV votaron en contra- se vendió políticamente desde dos ángulos: por un lado, iba a configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar, consagrando un nuevo derecho para todos los ciudadanos: la ayuda pública en caso de dependencia, tan reclamable en los tribunales como cualquiera de los otros pilares (la educación, la sanidad y las pensiones).

Por otro lado, se calculó que volverían a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros anuales gracias a los retornos que proporcionarían la creación de empleo, motor del consumo, y la repercusión de impuestos como el IVA. El libro blanco previó la creación de más de 260.000 empleos directos en 2010 y se calculó entonces que unas 115.000 personas podrían dejar los cuidados que prestaban a sus familiares en casa, mujeres en su mayoría, y salir al mercado laboral. Y una cifra parecida de inmigrantes, sobre todo, haría aflorar sus empleos. Nada se ha cumplido en su totalidad.

Se desconoce qué recursos destinan las comunidades en exclusiva para la ley

La paga para el cuidador familiar se ha disparado al 57% y no genera empleo

Los repletos fondos del Estado en 2006 están ahora exhaustos, pero entonces, del fantasma de la crisis no se oía ni un arrastre de cadenas; la ley podía ser ambiciosa, tanto en el colectivo de personas a atender como en el tiempo récord en que miles de ancianos disfrutarían del servicio que quisieran elegir. Las expectativas han generado una amplia frustración social.

El sistema de la dependencia, con apenas tres años de vida y un desarrollo bien desigual por comunidades autónomas -una cuestión de voluntad política en algunos casos, como demuestran las cifras oficiales- apenas está despegando y ya hay quien plantea que hay que frenar y tomar aire: el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, piensa que los dependientes moderados, que deben entrar en 2011 al sistema, pueden esperar.

Este debate se ha escuchado en comunidades de distinto signo político, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha contestado siempre que el calendario se cumplirá. Pero la financiación que recibe sigue siendo la gran cuestionada, por insuficiente, dicen unos, y/o por incorrecta, según otros. De ella depende la sostenibilidad del sistema.

Para hablar de financiación hay que advertir antes que en el caso de la dependencia, de los asuntos sociales en general, las estadísticas españolas son tan pobres que apenas dan para un diagnóstico preciso. Y el lastre de todos los análisis sobre financiación es la opacidad de las comunidades sobre los fondos empleados exclusivamente para la dependencia en estos años, obligadas como están a cofinanciar la ley. Hay numerosos estudios universitarios que acusan esta carencia. Y alguno del propio Gobierno. Cristina Herrero y Andrés de la Fuente, del Ministerio de Economía y Hacienda, hicieron un informe el año pasado sobre el impacto de la ley en los presupuestos autonómicos que empezaba advirtiendo sobre ello: "La estructura presupuestaria no permite la cuantificación exacta del gasto de las comunidades en esta materia". En este informe se calcula que de 2006 a 2009 la suma del gasto autonómico no financiero en las partidas de personas mayores y con discapacidad se ha incrementado en 2.518 millones [ver gráfico]. Se puede deducir que es presupuesto para dependencia, aunque no son más que previsiones presupuestarias. Sólo el ahorro en gasto farmacéutico acordado recientemente en Sanidad supondrá 1.500 millones de euros.

¿Es sostenible esta ley? En el Ministerio de Economía y Hacienda callan.

El gasto en dependencia está alrededor del 0,4% del PIB, y cuando esté completado este sistema, en 2015, serán unos 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB. Mientras que el gasto educativo, por poner un ejemplo, es un 4,9%. ¿Se puede recortar en dependencia? ¿Y cuestionar la sostenibilidad de un sistema que aún no está ni implantado? Hay opiniones diversas.

"La dependencia no pone en cuestión el Estado de bienestar, la ley debe ser sostenible, pero hay que buscar financiación", comienza José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. "Esto es asumible, pero se necesita voluntad política. Cuando remontemos la crisis todo irá cambiando", añade.

Maldonado, que ha elaborado un informe sobre las cifras económicas de la dependencia, propone una vía de financiación complementaria que está en boca de muchos: el impuesto sobre el patrimonio. "Ha sido un error quitar ese impuesto, por el que se recaudaban casi 3.000 millones de euros al año". Y cree que es factible a corto plazo elevar la presión fiscal, aún muy por debajo de la de algunos países europeos. "Tanto por el IRPF como mediante el IVA, tenemos margen para subir los impuestos. También los especiales. Hay que esperar un poco a que se recupere el consumo. En dependencia no se debe hablar de hacer un uso racional para ahorrar", dice Maldonado.

Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso, en el que se afirmaba que la ley no sería sostenible si no se modificaba su financiación. "Esta norma, que se redactó en época de bonanza económica, ha tratado de emular sistemas europeos que ya están cambiando, como el británico, que ya abandona el sistema de prestación por el de aseguramiento", dice. Se trata de que a los dependientes se les dé un recurso económico y ellos puedan elegir y combinar los servicios que precisen y elijan; les llaman presupuestos personales. "Otros, como Holanda o Japón, pueden combinar servicios y ayudas económicas".

López Casasnovas se decanta por el ahorro privado, a modo de seguro. "Y que sean permeables los fondos de pensiones por los fondos de dependencia", añade. "Habría que incentivar el ahorro específico unos cinco años antes de la jubilación, por ejemplo. Por esa vía se completaría la aportación del usuario al sistema", explica. La ley se cofinancia entre el Gobierno y las comunidades, pero se estableció un sistema de copago, para que el usuario costee una parte del servicio que recibe. En un primer momento se calculó que Gobierno, comunidades y usuarios se dividirían por igual el coste, pero, en la práctica, los dependientes no están aportando de media ese tercio previsto. López Casasnovas cree que es injusto que los usuarios paguen en función de su patrimonio porque "el que ha ahorrado y generado un patrimonio tiene que pagar más, y el que ha dilapidado paga menos. Eso es injusto", repite.

¿Todos los ciudadanos pueden ahorrar?

Julia Montserrat Codorniu, profesora de Política Social de la Universidad de Girona, responde a esa cuestión: "El ahorro privado sólo beneficia al que puede hacerlo. Los de clase baja no podrán, y las rentas medias no lo harían, porque primero hay que comprar la casa, el coche... El ahorro privado es un lujo. El que pueda hacerlo, bienvenido, porque tendrá prestaciones adicionales", dice.

Pero para que el sistema cubra a todos con justicia, Codorniu propone un "ahorro colectivo a través de la Seguridad Social, público y obligatorio. Sí, una cotización social para la dependencia", dice. Tampoco entiende "esa moda de bajar los impuestos", ni "la ocurrencia de aprobar una ley que significará alrededor del 1% del PIB y eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que tan bien vendría ahora". Pero cree que esta ley tiene un peligro específico, que es "la voluntad política para implantarla y las prioridades para gestionar el dinero público".

Codorniu ha estudiado a fondo el copago de los ciudadanos y cree que ese sistema está "castigando especialmente a las rentas medias, mientras que las más altas salen beneficiadas, porque hay un tope a la aportación del ciudadano por esta vía". Una vez se llega a ese tope, los más ricos salen ganando porque se pierde la progresividad. También critica que las comunidades más pobres tienen que aportar lo que sus ciudadanos no pueden poner, mientras que las ricas se benefician más del esfuerzo económico que hace el usuario, de rentas más altas. "Además, el 80% de los atendidos por esta ley son ancianos, por tanto, hablamos de pensiones pequeñas. El copago, como media, apenas alcanza el 15% del coste del sistema; el resto, hasta el 33% previsto, lo están poniendo las comunidades". Un 51% del total mientras que el Gobierno aportaría el 33% de media, según estos cálculos.

En el PP elevan esta cifra al 70%, y de ahí parten sus reivindicaciones de una financiación más abundante desde el Gobierno. La diputada Lourdes Méndez opina que "la ley no es sostenible tal y como se está financiando. No es suficiente lo que aporta el Gobierno ni está garantizado en el tiempo. Si el año pasado el Gobierno presupuestó 2.050 millones y había unas 500.000 personas atendidas, este año hay más con derecho a ayuda y se han presupuestado 1.671 millones. Las cuentas no pueden salir", dice.

Pero cuentas se han hecho muchas. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales redactó su propio informe y calculó comunidad a comunidad cuánto había puesto el Gobierno y cuánto los ciudadanos. El resto era lo aportado por las autonomías. El resultado de sus cálculos no difiere de otros estudios que se han efectuado después, incluido el del Ministerio de Hacienda. Y en ellos se ve que algunas comunidades no tienen muchas razones para la queja porque el presupuesto que les llegaba del Gobierno les daba para pagar a todos los dependientes atendidos y aún ahorraban. Canarias era el caso más rotundo.

Por datos como estos, o lo que representa la dependencia en el PIB, Luis Barriga, miembro de la asociación de directoras y gerentes, afirma: "La dependencia es un sistema sostenible, más que sostenible, estratégico como un sector que debe generar riqueza y clave para modificar el modelo productivo". Los reajustes en la financiación deben venir de "la lucha contra el fraude fiscal y por la vía impositiva", dice. Y saca a relucir el impuesto sobre el patrimonio, "que habría que recuperar y elevarlo, si es preciso".

Una de las disfunciones en la financiación de esta ley viene del desequilibrio entre las ayudas económicas y los servicios concedidos. El 57% de las personas están siendo atendidas en casa por un familiar con una ayuda económica. Esto no genera empleo alguno, pero salen muy baratas a la Administración. El Gobierno no financia atendiendo al coste del servicio, algo que critica siempre el diputado de CiU, Carles Campuzano. Por tanto, las comunidades prefieren otorgar una ayuda económica antes que una costosa plaza de geriátrico a cuyo pago el anciano no contribuye mucho. "Como no se ha invertido de manera valiente en servicios, ahora nos encontramos con menos empleo del que se preveía. Y tampoco el retorno económico por vía fiscal ha sido el previsto. Por eso, el debate no es tanto lo que la ley cuesta, sino lo que se está dejando de ingresar", dice Barriga. Las ayudas económicas mantienen a las mujeres que cuidan lejos del mercado laboral, aunque muchas ya son pensionistas. "Con más de la mitad de las personas dependientes cobrando una magra prestación económica cuyo destino final es desconocido, no se puede hablar de sostenibilidad del sistema", añade Barriga.

Con la economía como está, el diputado catalán Carles Campuzano cree que "la cobertura pública debe limitarse a los dependientes graves y severos, para los demás quizá el modelo debe fundamentarse más en el copago", algo en lo que coincide con López Casasnovas. "Y habría que analizar a fondo un IRPF finalista", añade.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, prefiere hacer hincapié en los retornos que puede proporcionar esta ley. Su receta es establecer prioridades y reforzar las políticas sociales en tiempos de crisis. Confía plenamente en la sostenibilidad de este sistema. "La política social es una inversión, no un gasto". No quiere entrar en detalles económicos, ni hablar de paralizar esta ley, uno de los pilares del bienestar, por la crisis: "¿Acaso se van a cerrar los colegios y los hospitales?".