El Gobierno frenó el ATC porque Sebastián no tenía el sí de Camps

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó al Consejo de Ministros del pasado viernes dispuesto a zanjar un tema que coleaba desde hacía 20 años: la construcción de un único almacén nuclear para España. La Comisión Interministerial había aprobado la noche anterior el informe de Industria sobre los candidatos y había concluido que Zarra, en Valencia, era la mejor opción.

Con ese informe, Sebastián hizo ante sus compañeros de gabinete "una exposición brillantísima", según fuentes próximas al Ejecutivo. Explicó el procedimiento de candidaturas y el informe con las puntuaciones. En ese documento, Zarra aventajaba ligeramente a Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). Cualquiera de los cuatro era un candidato aceptable.

El titular de Industria consideró que bastaba con el apoyo de Montoro

"El trabajo del ministerio ha terminado", afirmó ayer Sebastián

El Gabinete preguntó al ministro si tenía el tema cerrado, si contaba con todos los apoyos y si había hablado con Valencia. "La Generalitat no dice nada, se esconden", replicó el ministro. Sebastián no convenció a todo el Ejecutivo. El ministro había llamado seis veces al presidente de Valencia, Francisco Camps, que no se puso al teléfono. Entonces, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín -que es de Valencia- llamó al vicepresidente valenciano Vicente Rambla para decirle que el Consejo de Ministros iba a tratar el informe y que Zarra era la primera de la lista.

Sebastián argumentó que aunque la Comunidad Valenciana escondiera sus cartas, la elección estaba pactada con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, al que había informado días antes. Cuando en febrero la número dos del PP, Dolores de Cospedal, se enredó en su oposición a Yebra, Mariano Rajoy zanjó el asunto y sus vacilaciones garantizando su apoyo al Gobierno.

Algunos ministros también preguntaron qué podía pasar si la comunidad se oponía, y Sebastián tampoco dio garantías de que el proyecto fuera a salir adelante en cualquier caso. El asunto no era nuevo, ya que en enero Sebastián tuvo una bronca pública con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, por el tema. Industria siempre consideró que legalmente una comunidad podía bloquear el proceso o, como mínimo, demorarlo. A la vez, mostraba la convicción de que una vez elegido el emplazamiento no habría obstáculos legales. Su argumento fue que habría ruido pero ningún recurso porque, en realidad, los presidentes autonómicos estarían encantados con la inversión de 700 millones de euros y el empleo para una comarca durante lustros. La prueba, argumentaban, es que Barreda no cumplió su amenaza de impugnar el pleno de Yebra que aprobó la candidatura. Y en el único precedente, el almacén nuclear de la central de Trillo, el Gobierno ganó en los tribunales a la Junta de Castilla-La Mancha.

Aun así, las dudas crecieron en el Gabinete y un grupo de ministros, los más políticos, se posicionaron a favor de esperar y de estudiar las "competencias concurrentes" de las administraciones. Entre ellos se encontraban la vicepresidenta primera y diputada por Valencia, María Teresa Fernández de la Vega; el titular de Fomento, José Blanco, y la de Defensa, Carme Chacón, miembro destacado del PSC, que había truncado la instalación del ATC en Ascó. Estos consideraban que el riesgo político de la operación era excesivo. Que perderían votos en la comunidad elegida y que encima se podían encontrar con un revés judicial difícil de explicar. Otros ministros con perfil más técnico, como Elena Salgado, apoyaron la intención de Sebastián a instalar ya el almacén nuclear.

A media mañana, mientras el Consejo debatía, el vicepresidente de Valencia Juan Cotino disipó las dudas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico recibió una nota e interrumpió su discurso para hablar del almacén nuclear: "Estamos en contra de una decisión del Gobierno de España tomada de una forma unilateral y la Generalitat recurrirá el acuerdo".

El Congreso y el Senado habían pedido por unanimidad que la instalación del ATC se hiciera con colaboración de las autonomías y Zapatero se comprometió en el Senado en enero a elegir el emplazamiento "con consenso".

La valenciana fue la única comunidad que no alegó ante Industria motivos en contra de acoger el almacén nuclear, pero en el último momento Cotino -tío del dueño de los terrenos- enarboló un mensaje con tinte de eslogan electoral: "El Gobierno del PSOE nos quita el agua y nos manda los residuos radiactivos".

Finalmente se impuso la idea de pedir un informe jurídico y De la Vega anunció que el Consejo volvería el viernes al tema, lo que no implica que se vaya a decidir ese día. Se hará "lo antes posible". El ministro de Industria dejó claro ayer que la paralización del proceso no era responsabilidad suya: "El trabajo de Industria ha acabado y toca decidir al Gobierno", declaró en los pasillos del Senado, informa Efe. Sebastián consideró "impecable" el informe técnico y afirmó que espera que la decisión se tome "cuanto antes". El sector considera que después de hacer público el informe con las puntuaciones será difícil instalar el almacén en un lugar que no sea Zarra. Al menos hasta que no pasen las elecciones catalanas, en cuyo caso ganaría puntos Ascó.