El Congreso aprueba por unanimidad la ley integral contra la violencia de género

El pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad y de forma definitiva la ley integral contra la violencia de género, el primer proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes y que busca incrementar la protección y la ayuda a las víctimas, prevenir los malos tratos y castigar con más dureza a los agresores. Tras la aprobación, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha ofrecido la ley como homenaje a las cientos de víctimas mortales de la violencia de género, a sus familias, a las organizaciones de mujeres y a toda la sociedad.

Caldera ha destacado también que "cuando los derechos no son patrimonio de todos, es preciso forzar el ritmo con acciones de discriminación positiva", "acciones desiguales para igualar". Igualmente,ha destacado que la ley no es sino el principio de "un largo y arduo proceso" que sólo acabará con la erradicación definitiva de esta violencia.

Con el de hoy, el proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género ha pasado su último trámite para convertirse, dentro de un mes, en la norma de prevención, protección y lucha contra los malos tratos que sufren las mujeres en España. Por tercera vez, los grupos parlamentarios han dado su apoyo unánime al texto, al votar a favor de las modificaciones introducidas en el Senado los 325 diputados que componen la Cámara.

Como ya anunció durante la campaña electoral de las elecciones del 14-M, el de la violencia de género fue el primer proyecto de Ley remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Parlamento, el pasado 25 de junio, y entonces ya recibió el apoyo de todas las formaciones políticas tanto en el primer trámite de la Cámara Baja como a su paso por la Cámara Alta.

La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales y ha implicado a siete ministerios (Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía). El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80 millones de euros hasta la implantación definitiva de todas las medidas previstas en la Ley.

Con las modificaciones del Senado, la redacción final incorpora expresamente a las mujeres pertenecientes a los colectivos más vulnerables (discapacitadas, inmigrantes residentes e irregulares, y mujeres del mundo rural) como beneficiarias de todos los derechos reconocidos en la norma. Igualmente, elimina el requisito de edad para que las víctimas con especiales dificultades para encontrar empleo accedan a una ayuda económica adicional. Igualmente, se ha eliminado la capacidad de las asociaciones de consumidores y usuarios para solicitar, tanto al anunciante como por vía judicial, la cesación y rectificación de publicidad considerada vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer. El texto denomina finalmente al órgano coordinador de todas las políticas contra la violencia de género como "Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer".

Según el calendario previsto, la norma será de aplicación a principios del próximo año, salvo en lo que se refiere a la tutela procesal y penal (títulos IV y V) que entrarán seis meses después de su publicación en el B.O.E.

Discriminación positiva

Ambos apartados han sido dos de los más polémicos del proyecto del Gobierno al referirse, por un lado, a la discriminación penal positiva a través del agravamiento de las penas de lesiones, malos tratos y amenazas y coacciones leves cuando las cometen hombres contra sus parejas o ex parejas. Esta redacción suscitó dudas de constitucionalidad en algunos sectores, que se solventaron mediante acuerdo de los grupos parlamentarios en el Congreso por el que también se agravan las penas cuando estos hechos los comete cualquier miembro de la unidad familiar contra personas especialmente vulnerables. También obligará a que el sistema educativo incluya en sus fines y principios la formación en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.

En el caso de la tutela procesal, el trámite parlamentario ha depurado la técnica jurídica elegida, ante las dudas planteadas por unificar en un sólo órgano judicial (Juzgados de Violencia sobre las Mujeres) las jurisdicciones penal y civil en los procesos de separación y divorcio en los que existan malos tratos. En total, se crearán 14 nuevos juzgados, 12 los cuales corresponden a comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, por lo que el Gobierno se ha comprometido a negociar con éstas su habilitación, que prevé completar para antes del mes de julio.