El último pleno cierra el convenio del Canal y la ordenanza de los taxis
En una de las paredes del Ayuntamiento, el antiguo, el de la Plaza de la Villa, cuelga un retrato de Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II. Está firmando el real decreto de creación del Canal de Isabel II. Se ve hasta la fecha: 18 de junio de 1851. De él se acordó ayer otro Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, en su intervención en el pleno, el último de la legislatura. Le tocaba defender ante la oposición los convenios que firmó hace unos días con la Comunidad para convertirse en accionista del futuro Canal privatizado y cederle la red de aguas depuradas. "En sus 150 años de vida, el Canal no siempre ha sido totalmente público", aseguró. "Desde el principio tuvo participación privada y eso no supuso un problema", argumentó. Pero no le sirvió de mucho. PSOE e IU votaron en contra. "Absolutamente en contra", precisó la concejal de IU, Raquel López.
El futuro del Canal de Isabel II protagonizó buena parte del debate de ayer. La oposición cree que subirá el precio del agua y bajará la calidad del servicio. Expresiones como "hacer caja" o "sacar tajada" jalonaron las intervenciones de los portavoces. Bravo vino a decir que, ya que no puede impedir a la Comunidad que privatice, al menos va a cobrarse un precio: el 10% de la nueva sociedad. Que podría quedarse en un 3% si el Consistorio vende más delante su participación.
El debate fue tranquilo, como de despedida, con adjetivos tan poco malsonantes como "manirroto" (pronunciado por el concejal socialista Pedro Zerolo). Solo al hablar de la última modificación de la ordenanza del taxi, que lleva semanas provocando protestas de buena parte del sector, los portavoces de la oposición sacaron algo las uñas. Amenazaron con impugnarla al no existir un acuerdo previo con los sindicatos y acusaron al Ayuntamiento de "desregularizar totalmente" el sector e introducir la picaresca. Incluso pidieron a Pedro Calvo, concejal de Seguridad, que dijera públicamente que la enmienda de última hora que llevó al pleno no la había pactado con ellos antes. Al final, como siempre, salió adelante solo con el voto popular. El Ayuntamiento limitó a un máximo de 16 horas diarias el tiempo que puede circular un taxi por las calles de la capital (18 para los que tienen asalariados) y cambió la regulación de las paradas técnicas, el punto que le criticaban los taxistas. Se considerará parada técnica cuando sea de más 60 minutos. Si el taxímetro se para menos tiempo, computará dentro de la jornada.
El pleno empezó con un aplauso para la concejala de IU Milagros Hernández, de vuelta tras estar de baja por la agresión de su hijo. Y acabó con el recordatorio del alcalde de que habrá otro pleno más, solo para aprobar las actas, hacia el 8 de junio. "Quizá entonces, ya fuera del debate, nos podamos despedir", dijo. Y antes, "que Dios reparta suerte".
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