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Las medidas contra la crisis hacen tambalear la coalición de Merkel

Liberales y democristianos críticos cuestionan el recorte de la canciller alemana

Las opciones son contener los daños o recoger los escombros. Desde que Angela Merkel ganó las elecciones en septiembre de 2009, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), su partido hermano bávaro Unión Socialcristiana (CSU) y sus aliados del Partido Liberal (FDP) padecen un desgaste más propio de un Gobierno en su tercera legislatura que de una coalición recién elegida. Han sido ocho meses de suma y sigue en desavenencias y tropezones sobre cada decisión importante.

La gestión de la crisis del euro -percibida como una claudicación por muchos alemanes que temen por sus ahorros-, los recortes sociales introducidos la semana pasada, así como el bloqueo de la rebaja fiscal y otras medidas prometidas en las elecciones se han visto coreados por una gresca política tras otra. La CDU y el FDP se desmoronan en las encuestas mientras la prensa crítica dispara con bala. El influyente semanario Der Spiegel, por ejemplo, muestra en su portada una inquietante foto de Merkel y su ministro de Exteriores y líder liberal, Guido Westerwelle, mal encarados en el Bundestag, bajo el titular: "¡Déjenlo!".

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La última estación del vía crucis de Merkel ha sido la controversia con su ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg (CSU). El socialcristiano bávaro abogó por la profesionalización de las Fuerzas Armadas ante el recorte de los presupuestos de Defensa. Merkel se opuso y la prensa recogió rumores de dimisión del ministro.

Pero los problemas parecen encadenarse desde el comienzo. La bajada de impuestos, baza electoral de los liberales que les dio casi el 15% de los votos en septiembre, ha quedado en papel mojado. Y la prometida reforma de la sanidad no tiene visos de desbloquearse.

El plan de austeridad presentado por Merkel tras arduas negociaciones con sus ministros iba a definir un nuevo rumbo en la política común de democristianos y liberales, pero el "esfuerzo excepcional" del Gobierno para aplicar un recorte de 80.000 millones de euros hasta 2014 no solo atrajo las críticas de la oposición de centro-izquierda, sino que abrió además un nuevo foco de discusión interna en los partidos del Gobierno. El ala izquierda de la CDU tacha de "desequilibrados" los recortes sociales del plan. Entre los liberales cunde la preocupación de que las medidas puedan ser el primer paso hacia una subida de impuestos después del 30 de junio.

El 53% de los alemanes desconfía de que el Gobierno aguante hasta 2013. La revista económica Capital recogía ayer una encuesta devastadora. Solo el 6% de los 533 ejecutivos, políticos y funcionarios que ocupan altos cargos están "satisfechos" con la labor del Gobierno. El 92% se muestran "decepcionados".

En mayo, democristianos y liberales perdieron las elecciones de Renania del Norte-Westfalia y su mayoría en la Cámara alta (Bundestag). Ese mismo mes, y para sorpresa de todos, dimitió el presidente federal, Horst Köhler. Su renuncia fue un duro golpe para Merkel y los liberales. Tras encajarlo y para demostrar unidad en el Gobierno, Merkel y Westerwelle acordaron proponer para el cargo al conservador Christian Wulff. Socialdemócratas y verdes replicaron presentando a Joachim Gauck, uno de los principales líderes de la oposición democrática bajo el régimen socialista de la extinta República Democrática Alemana. Muchos democristianos y liberales ven a Gauck como el candidato idóneo para la jefatura del Estado alemán, un cargo representativo y simbólico.

La labor de Gauck en la investigación de los crímenes del régimen comunista de la RDA hacen palidecer los méritos de Wulff, un gris barón regional. Los liberales y muchos democristianos críticos barajan la posibilidad de hacerle pagar a Merkel sus agravios dando su voto a Gauck en la elección del próximo día 30 en el Parlamento. Una derrota del candidato de Merkel podría dar la puntilla al Gobierno de coalición.

Angela Merkel y su vicecanciller, Guido Westerwelle, durante un debate en el Bundestag.
Angela Merkel y su vicecanciller, Guido Westerwelle, durante un debate en el Bundestag.AFP

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