El velódromo engulló millones de euros en facturas hinchadas y comisiones

La ingente documentación recopilada sobre el caso Palma Arena pone al descubierto una trama difícil de desenmarañar, salpicada de comisiones, facturas falsas, contratos millonarios y actuaciones urgentes de obras con minutas astronómicas. El velódromo de Palma, obra emblemática de la era Matas, costó 110 millones de euros, cuando estaba inicialmente presupuestado en 41. La tarea del juez pasa por averiguar en qué medida este sobrecoste injustificado se debe al desvío de dinero público, o, como aseguran los implicados, a las prisas y a la mala planificación del proyecto.

Ya son 12 los ex altos cargos del PP imputados en la causa, entre ellos tres personas del entorno más inmediato de Matas: su ex jefe de prensa y actual responsable de comunicación del PP balear, Joan Martorell; su ex jefa de gabinete, Dulce Linares; y la que fuera su secretaria de Vicepresidencia, Jane King.

Los arquitectos cargaron al consorcio público 5.000 euros en refrescos

La investigación subraya decenas de irregularidades en el proceso de construcción. Desde una lona protectora cuyo precio inicial era de 600.000 euros y por la que se acabó pagando 1,8 millones, a un videomarcador de última generación -presentado en su día como "el más grande de Europa"- que supuestamente se adjudicó por seis millones a un proveedor amigo del director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester.

La lista de conceptos que se cargaron a las arcas públicas incluye algunos desembolsos sorprendentes. En una práctica que los fiscales definen como "poco usual", el estudio de arquitectos García-Ruiz (contratado a dedo por Matas) llevó a cabo gestiones que, aparentemente, se salían de su cometido técnico. Así, cargó al consorcio público 13.920 euros por un lote de gafas de sol deportivas, como regalo a los ciclistas participantes en el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007; más de 29.000 euros por el servicio de leasing de un vehículo y otros 1.300 por la matriculación y el seguro de otro coche; y cerca de 5.000 euros en refrescos y agua.

Por su parte, la agencia de publicidad Nimbus, que organizó parte de la campaña autonómica del PP en 2007, cobró 104.000 euros por un vídeo sobre la construcción del edificio; 81.200 por un modelo en 3D y un total de 77.700 euros en concepto de visitas de obra. Su director, Miguel Romero, asumió que hinchaba facturas para pasar comisiones de entre un 3% y un 8% "en mano" al gerente del velódromo, Jorge Moisés, pero negó tajantemente que este hecho esté vinculado con una posible financiación irregular del PP, de la cual se hallaron indicios en la contabilidad B de la agencia.

Un capítulo aparte lo conforman los supuestos viajes que se hicieron a diferentes puntos de Europa (Barcelona, Valencia, Berlín, Burdeos) para visitar otros velódromos. Pese a que una empresa satélite de Nimbus (Promarca) cobró unos 27.000 euros por los desplazamientos, no se halló justificación de los gastos ni referencia de cuántas personas viajaron.

Los imputados dieron versiones contradictorias: "A Burdeos fueron sólo una o dos personas", afirma Moisés. "En ese viaje éramos unos veintitantos", declaró uno de los arquitectos. Hay sospechas fundadas de que la mayoría de expediciones fueron de un día, por lo que no se explica que se abonaran cargos por alojamiento. Se han detectado también cuentas de restaurantes duplicadas y pagadas con dinero público.

La presidenta del PP en Baleares, Rosa Estaràs, volvió a salir ayer en defensa de "la transparencia, la seriedad y la honradez" de su formación política y avisó de que solicitará una revisión "de todos los contratos menores" del actual Gobierno balear: "Si se van a investigar los contratos uno a uno, que se investigue igual a todas las administraciones".