El caso de Vic abre el debate sobre el empadronamiento de 'sin papeles'

La polémica desatada por la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles ha reabierto el debate sobre la política de inmigración del Gobierno. Los dirigentes del PP aprovecharon ayer la ocasión para, al mismo tiempo que demandaban el cumplimiento de la ley, pedir una revisión de la misma. Más lejos ha ido el responsable de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran, quien defendió la iniciativa del alcalde de Vic: "Ya era hora de que alguien se atreviera a plantarse" ante la inmigración irregular, afirmó.

El ejemplo más claro de la postura de los líderes populares lo expuso el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Afirmó que no tenía ninguna duda de que la decisión del Ayuntamiento de Vic era, "hoy por hoy, ilegal". Pero, a continuación, reveló que ha solicitado al Gobierno que modifique las leyes para introducir en ellas baremos que relacionen la superficie de las viviendas con el número de personas que pueden empadronarse en ellas, informa Elena Sevillano.

Gallardón pide que se regule un tope de inscripciones por vivienda

"En función de los metros cuadrados de un domicilio", afirmó, "existe un límite de capacidad para albergar a un número de personas, y tiene que haber un criterio por normativa estatal a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que físicamente sabemos que no pueden responder a la realidad".

Otros dirigentes del PP fueron menos claros que Gallardón, pero también evitaron condenar el fondo de las pretensiones del Ayuntamiento de Vic. El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, dijo que su partido aún no sabe si tomar posición o no en la polémica. Y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se remitió a que la ley establece "la obligatoriedad de empadronar", pero añadió: "Si la ley permite no empadronar a las personas que no reúnan las condiciones que establece la ley, pues eso es lo que tendrá que aplicar [el Ayuntamiento de Vic]".

Más directo fue el consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, que calificó la política de inmigración del Gobierno de "camarote de los hermanos Marx". "Si en España hubiera una verdadera política de inmigración", dijo, "estas situaciones [como la de Vic] no se darían".

Sólo uno de los responsables del partido que lidera Mariano Rajoy, el portavoz económico, Cristóbal Montoro, calificó de "xenófoba" la intención que ha movido al consistorio catalán.

En la polémica terciaron los máximos responsables del Gobierno. Desde Bratislava, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que "las personas que vienen de fuera tienen derechos humanos, son seres humanos", y criticó la actuación del Ayuntamiento de Vic, sin citarlo, porque, según dijo, es "una estrategia cortoplacista", informa Fernando Garea.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a aludir al problema. Lo hizo en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, y delante de José Montilla, cuyo partido, el PSC, forma parte del equipo de gobierno de Vic. Aludió a "algún intento aislado" de "orillar la legalidad, dando marcha atrás en conquistas de ciudadanía", que "debe estar necesariamente condenado al fracaso".

En el ámbito jurídico también hubo pronunciamientos. El Consejo General de la Abogacía hizo público un comunicado en el que recuerda que "ninguna norma exige al extranjero el probar que su residencia en España es regular". Y advierte: "Por ello, la actuación municipal denegatoria de la inscripción padronal, a sabiendas de la injusticia de su resolución, podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal". El juez Baltasar Garzón dijo que la actitud del Ayuntamiento de Vic "huele a xenofobia".

En el debate quiere terciar asimismo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A iniciativa de su presidente, Pedro Castro, sus servicios jurídicos van a elaborar un informe, con "criterios uniformes para todos los ayuntamientos de España", que el día 26 someterán a la ejecutiva de ese organismo. Esos criterios apuntan a que "el ayuntamiento tiene que inscribir en su censo a quien presente el pasaporte, y no puede arrogarse la capacidad de solicitar otros documentos que otras Administraciones puedan pedir para otros fines", informa Anabel Díez.