"Medidas extraordinarias de interés nacional"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer al presentar el decreto con el mayor recorte social de la democracia que el Consejo de Ministros había mantenido una sesión "difícil y complicada". La reunión duró casi cinco horas. De la Vega insistió: "No ha sido una decisión fácil para el Gobierno ni fácil de aceptar por los ciudadanos". La vicepresidenta reconoció así que el Gobierno se había visto obligado a adoptar estas "medidas extraordinarias, necesarias e imprescindibles" porque "es mucho lo que está en juego". Habló incluso de "interés nacional".

El decreto que ayer presentaron las dos vicepresidentas del Gobierno en La Moncloa no contiene sorpresas sobre el anuncio que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero realizó hace una semana en el Congreso de los Diputados. El decreto sigue apostando por conseguir la reducción del déficit en 15.250 millones de euros en dos años para garantizar que en 2013 España llegue al 3% del déficit. Mantiene como piezas básicas la reducción del 5% de media de los salarios de los funcionarios, la desaparición del cheque-bebé y la congelación de las pensiones, con la excepción de las no contributivas y mínimas, para el año 2011.

En este sentido, el Gobierno ha recogido en su decreto la medida más impopular, la congelación de las pensiones, especialmente criticada por los sindicatos y por los grupos políticos. El mantenimiento de esta medida obligará al Gobierno a tener que realizar una dura negociación con los grupos parlamentarios para poder convalidar el decreto en el Congreso dentro de 15 días. Los partidos más proclives a respaldar el decreto del Gobierno, como CiU, PNV y Coalición Canaria han insistido, durante estos días en la conveniencia de que el Ejecutivo reconsidere la congelación de las pensiones.

Fernández de la Vega justificó esta decisión impopular englobándola en "una situación que afecta a toda Europa y en el compromiso del Gobierno de retomar la política de bienestar" de este Gobierno "en cuanto volvamos a la recuperación económica".

Las dos vicepresidentas eludieron pronunciarse sobre el nuevo impuesto para ricos que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció oficialmente anteayer en una comparecencia pública tras la reunión entre la Unión Europa y la comunidad andina. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insistió en que se conocerá el contenido y el alcance de este impuesto "para los que más tienen en el momento oportuno". Ayer no quisieron salir de la explicación genérica y apelaron "al esfuerzo colectivo y equitativo". Con ello pusieron en duda el contenido de las filtraciones procedentes de La Moncloa, que ayer hablaban de una ejecución en un plazo corto. Tras la cita de ayer ni siquiera quedó claro si este "nuevo impuesto para ricos" se aprobará en 15 días o se remitirá al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Fernández de la Vega sí quiso ayer poner especialmente en valor el esfuerzo "responsable" del Gobierno al adoptar este tipo de medidas "pensando en el futuro", de los ciudadanos por soportarlo y, sobre todo, de los empleados del sector público, a los que alabó particularmente.

La vicepresidenta aprovechó para proyectar un reconocimiento del esfuerzo de los seis años transcurridos hasta ahora en "avanzar en el Estado de bienestar". Y ahí destacó la mejoría del poder adquisitivo de los funcionarios, de las pensiones; la puesta en marcha de la Ley de Dependencia; el apoyo a la familia, y el compromiso de seguir protegiendo a los parados.