La Junta de Andalucía cifra en unos 10 millones el fraude de los ERE

Unos 10 millones de euros de fondos públicos que estaban destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis acabaron donde no debían, en los bolsillos de los intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía. Esa es la estimación del fraude cometido que maneja la Junta, que está a punto de rematar la investigación de los 68 expedientes vivos que se pagan con el fondo de ayudas a empresas. La Consejería andaluza de Empleo ha manejado 647 millones de euros entre 2001 y 2010 a través de este fondo. Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron ayer que el fraude estará "por debajo de los 10 millones".

La Junta ya tiene cerrado el análisis de 64 de esos 68 ERE y esta semana se conocerá el resultado de los cuatro expedientes que restan. Según detalló el 10 de marzo el consejero de Empleo, Manuel Recio, se han investigado las pólizas que están percibiendo 5.273 trabajadores. Hasta ese momento -a falta de cerrar el análisis sobre los 290 trabajadores de los cuatro ERE que faltaban por desgranar-, se habían encontrado 146 casos irregulares (59 personas que nunca habían trabajado en la empresa beneficiada por el ERE del que cobran y 87 que sí tenían relación laboral pero que presentan dudas).

Griñán asegura que de los 647 millones del fondo, lo defraudado es el 2%

El Gobierno andaluz ha analizado ya 64 de los 68 expedientes

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en una entrevista en Radio Nacional de España, sostuvo ayer que, de los 647 millones del fondo, "no llegará a más del 2% la cantidad que ha supuesto un fraude". Griñán criticó las "exageraciones" en las que está cayendo el PP al afirmar que "700 millones se han dedicado a ERE fraudulentos".

En la misma idea incidió ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: "El fraude no superará el 2%, posiblemente sea inferior (...) Nada tiene que ver con lo que dice el PP". Una vez que la Junta desvele el análisis de los cuatro ERE que faltan, enviará la información a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso.

Alaya ha imputado ya al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Fernández, quien estuvo en ese cargo entre 2004 y 2010, preside ahora el Marco de Jerez, consejo regulador de estos vinos gaditanos. Sin embargo, su cargo está también en el aire. Los bodegueros agrupados en la organización Fedejerez pidieron ayer su dimisión por su imputación. Fernández rechazó dejar el puesto y los bodegueros han abierto un proceso para que se pronuncien todos los responsables del marco, informa Ana Huguet. Los productores consideran que su implicación en este caso judicial puede perjudicar la imagen de los caldos.

En la investigación judicial han sido clave las declaraciones ante la policía del también imputado Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008. Guerrero era el encargado de manejar el fondo de 647 millones de ayuda para las empresas en crisis. Ante la policía ha declarado que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera, que estuvo en el cargo desde 2000 a 2004. Viera, que actualmente es secretario general del PSOE de Sevilla, no está imputado en la causa.

El PSOE andaluz ha cerrado filas en las últimas semanas con Viera, quien ahora es diputado autonómico y senador por la comunidad. Lo ha defendido ante los ataques de la oposición, que ha reclamado su dimisión.

Viera, sin embargo, no figura en la querella que esta semana ha presentado el PP contra 26 personas por el fraude en los ERE. Los populares sevillanos pidieron ayer a Viera que deje su acta de senador para que deje de tener la condición de aforado y pueda ser juzgado.