El Bigotes + Camps = Costa

El Partido Popular de Mariano Rajoy decidió aplicar un cortafuegos para sofocar el colosal incendio desatado en Valencia como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa con la colaboración de varias decenas de dirigentes del PP. Pero cuando un bosque arde por los cuatro costados, un cortafuegos en el centro del bosque, aunque se llame Ricardo Costa, apenas resuelve el problema.

La destitución temporal del secretario general del PP valenciano, impuesta por la dirección nacional a Francisco Camps, no sólo provocó un nuevo fuego con los dirigentes provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, divididos sobre una medida que pocos compartían, sino que puso a Mariano Rajoy en un brete mayor: explicar por qué se ha elegido a Ricardo Costa como chivo expiatorio cuando los datos del sumario apuntan también a otros responsables con poder dentro del partido y dentro del Gobierno valenciano.

Hubo pagos 'en B' desde 2002 hasta 2008. Costa llegó a la secretaría en 2007

La documentación incautada, las conversaciones grabadas entre los jefes de la red y los dirigentes del PP valenciano, y las declaraciones judiciales dibujan un escenario en el que la participación de Costa en supuestas actividades ilegales es inviable sin la colaboración y el amparo del presidente de la Generalitat.

- Financiación ilegal del PP. Los apuntes contables de la trama corrupta señalan a la financiación ilegal del PP, con pagos de actos del partido a través de constructoras o cobro por servicios a esta formación política en dinero B, desde finales de 2002 hasta 2009. Ricardo Costa es jefe del partido en Valencia desde mediados de 2007. Cuando llega al cargo, Álvaro Pérez, El Bigotes, ya tiene en exclusiva la organización de actos del partido y en el Gobierno valenciano le han adjudicado decenas de contratos, la mayoría sin concurso.

- Conversaciones sospechosas. En 2008, Orange Market atraviesa dificultades financieras y exige el pago de distintas deudas al PP y al Consell. Y es entonces cuando El Bigotes despliega su diplomacia telefónica para cobrar bien del partido o bien del Gobierno valenciano.

Costa. Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa y entonces que le digas que éste [Vicente Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] es un hijo de puta.

Álvaro Pérez. No te preocupes... Sabes lo que me ha dicho hoy [Rambla] por teléfono. '¿Tú hablas con Ricardo, no?'. Y yo le he contestado que sí. 'Pues tú tranquilo que ya estoy intentando solucionarlo todo'.

Costa le jura a El Bigotes fidelidad absoluta -"doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses"- y le mendiga favores -"dile al presidente que me ponga en el Gobierno"-. El Bigotes le envía regalos caros a Camps por Navidad -"para que sepas lo que te debo", le dice- y el presidente le responde: "Amiguito del alma, tenemos que hablar de lo nuestro, que es muy bonito".

- Regalo de trajes. El juez José Flors decidió sentar en el banquillo a cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps y Ricardo Costa, por aceptar trajes regalados por Álvaro Pérez, contratista de la administración valenciana y el hombre que organizaba los actos del PP valenciano en exclusiva. Ni Costa ni Camps pudieron acreditar el pago de los trajes, según el juez Flors.

- Contratos públicos. Cuando la trama corrupta abrió en 2004 delegación en Valencia con Orange Market, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó por concurso la exclusiva del montaje del pabellón de Fitur y, sin concurso, otros 40 contratos menores en casi todas las consejerías. Durante todo ese tiempo, Ricardo Costa no tuvo responsabilidades de Gobierno pero El Bigotes logró casi ocho millones de euros en contratos públicos.

- Facturas a nombre de constructoras. La policía localizó correos electrónicos enviados desde Orange Market a una asesoría fiscal en los que se daban indicaciones para endosar gastos del PP a empresas constructoras, a las que se remitían facturas por servicios supuestamente no prestados. Las empresas de la trama corrupta, algunas con sede en Madrid, registraron ingresos de esas constructoras valencianas desde 2006, según la Agencia Tributaria. Para entonces, Costa no era secretario general; Camps ya era presidente del partido.