Aval del pleno al retraso progresivo de la jubilación

El retraso de la edad de jubilación ya tiene el aval del Congreso. El PSOE ha logrado su objetivo y el Gobierno tiene ahora un nuevo argumento que esgrimir en la mesa de negociación con los sindicatos para pactar la reforma de las pensiones. Lo consiguió ayer gracias a un voto particular presentado por CiU en la votación que aprobó definitivamente las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones.

Para lograr su objetivo, el portavoz socialista en la jornada de ayer, Jesús Caldera, aprovechó un voto particular de CiU. Ambos grupos pactaron el cambio del texto que el grupo catalán había presentado el día anterior, y sumaron el apoyo de PNV y CC. Ese voto particular en su último párrafo dice: "Cualquier modificación de la edad legal de jubilación deberá ser progresiva sin que ello afecte a quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato y no debería realizarse de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas". Dicho sin esta farragosa prosa parlamentaria, el Congreso dio ayer luz verde a un retraso progresivo y flexible de la edad legal de jubilación.

Previamente, el mismo voto particular apuesta por un aumento de la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y la gradualidad y en el mantenimiento de estímulos a la prolongación de la vida laboral".

"Está en línea con lo que se está negociando con los sindicatos", puntualizaba el portavoz sobre pensiones de CiU, Carles Campuzano. Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó que sentía que el Congreso le había dado el aval para llevar adelante una reforma "en las mismas coordenadas que el Gobierno siempre ha planteado". Es decir, un retraso de la edad legal de jubilación paulatino y flexible.

La aprobación de este voto particular fue confusa. CiU trató de tramitar el nuevo texto como una corrección de errores. El PP se opuso y al final se aceptó la votación como una enmienda transaccional.

El resto de votos particulares, los presentados por el PP, los grupos de la izquierda parlamentaria (IU, ERC, BNG y Nabai) y el grupo mixto, fueron rechazados. Solo salió adelante un voto genérico sobre la defensa del sistema público de pensiones.