Merkel y Sarkozy imponen cambiar el Tratado para salvar la zona euro

La canciller alemana y el presidente de Francia han logrado que los líderes de la Unión Europea acordaran, tras una tensa negociación, crear un mecanismo permanente para la crisis. Este acuerdo, impulsado por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, implicará "una modificación limitada del Tratado", según explicó esta madrugada el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

El Consejo encargó a la Comisión que presente una propuesta de las características técnicas de este mecanismo que deberá emplearse para resolver los problemas de los Estados que sean insolventes. En función de estas propuestas, Van Rompuy propondrá "modificaciones del Tratado limitadas y de aplicación rápida" en la reunión del Consejo Europeo del próximo diciembre.

Alemania pretende que los bancos asuman parte del coste de la crisis

La otra petición franco alemana de quitar el derecho de voto a los países que incurran en infracciones graves del Pacto de Estabilidad quedó aplazada hasta el próximo año, pero con el encargo al presidente del Consejo de que estudie su viabilidad "junto con los Estados miembros".

Temeroso de las consecuencias de modificar el Tratado, Van Rompuy subrayó que "no se trata de abrir el Tratado de Lisboa y de iniciar un nuevo debate institucional", de imprevisibles consecuencias.

El Consejo aprobó íntegramente las recomendaciones de la Task Force (Grupo de Trabajo) que propugnan un endurecimiento de las sanciones a los países que incumplan los criterios de déficit y establece un sistema de control para aquellos otros que sufran pérdidas de competitividad o burbujas como la inmobiliaria registrada en España.

El acuerdo se alcanzó tras explícitas concesiones a las demandas de Reino Unido y Polonia, aunque no se mencionaba el nombre de los países. Londres logró el compromiso de que el presupuesto comunitario de los próximos años esté sujeto a los mismos criterios de austeridad que los que han asumido la mayoría de países para afrontar la crisis.

Varsovia, por su parte, logró que sus modificaciones en materia de pensiones no se cuantifiquen para el cálculo del déficit.

Van Rompuy justificó la necesidad de modificar el Tratado en la obligación de blindar el mecanismo de crisis ante las exigencias constitucionales de algunos países, en una clara referencia a las exigencias del Tribunal Constitucional alemán.

El acuerdo se alcanzó tras horas de pulso político y declaraciones enfrentadas. Así, antes de que empezara la reunión, Barroso advirtió de que "si el cambio de Tratado debe servir para reducir el derecho de voto, lo encontraría inaceptable". En su opinión se trata de "una idea irreal, incompatible con un cambio limitado del Tratado y no sería nunca aceptado jamás por la unanimidad".

Otros países habían expresado también serias reticencias a reabrir el Tratado por la inestabilidad institucional que generaría. Recordaron los nueve años que fueron necesarios para acordar y ratificar el Tratado de Lisboa. Brian Lenihan, ministro de Finanzas de Irlanda, advirtió de que si las reformas conducen a un nuevo Tratado, "el Gobierno irlandés estaría muy preocupado para garantizar que tal Tratado no conllevara una enmienda de la Constitución". Hay que recordar que el actual Tratado de Lisboa exigió un referéndum en Irlanda para su aprobación.

El Reino Unido por su parte se opone a cualquier enmienda que pudiera transferir más poder a Bruselas, mientras que otros países ya han anunciado condiciones para cualquier modificación. Polonia, por ejemplo, advierte de que condicionará su apoyo a cualquier cambio en el Tratado a que sus compromisos en materia de pensiones, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, no le penalicen en la contabilización del déficit.

Merkel insistió ayer en que "una política que pone en peligro al euro en su conjunto, pone en peligro a la Unión Monetaria y pone en tela de juicio los principios de la Unión Europea". La canciller alemana insistió: "Necesitamos un mecanismo que incluya también a los bancos y a los fondos que ganan altos tipos de interés y no es justo que el contribuyente sea el único que tenga la responsabilidad".

Alemania pone firmes condiciones para convertir en permanente el actual mecanismo de rescate temporal de 750.000 millones de euros de los que 500.000 millones son aportados por la UE y 250.000 millones por el Fondo Monetario Internacional.

Merkel se encuentra muy presionada por su opinión pública, cada vez más alejada del compromiso europeo, que sólo quiere ver los pagos que realiza Alemania y los beneficios por ocupar una posición hegemónica en las relaciones comerciales.

La propuesta de Alemania, planteada por primera vez el pasado 19 mayo, insiste en crear un "procedimiento ordenado para los Estados insolventes". Esto significa que cuando un Estado tenga dificultades para acudir a los mercados por estar en una situación de suspensión de pagos, se le ayudará con recursos del nuevo Fondo pero al mismo tiempo se le exigirá que efectúe una quita de su deuda. Ello implicará que los bancos que han adquirido la deuda de los países fallidos deberán asumir una parte de la quita. Este aspecto fue rechazado por el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet en la última reunión de la Task Force.

La propuesta de Merkel recibió también las críticas de los socialistas. El presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Poul Nyrup Rasmussen, calificó de "extrema derecha" las propuestas de Merkel. Rasmussen recordó que la crisis había costado siete millones de empleos y precisó que "la estabilidad fiscal era importante pero también el crecimiento y el empleo".

El primer ministro sueco, Fredrick Reinfeld, se mostró dispuesto a analizar los argumentos de Alemania, pero advirtió de que "resolver el problema alemán no debe crear problemas a los demás".

Por su parte el ministro de Finanzas de Italia, Giulio Tremonti, mostró su satisfacción por las nuevas propuestas "porque era razonables y absolutamente manejables", tras conocer que se había diluido la pretensión de endurecer los criterios sobre deuda.