El Gobierno abre la puerta a la nacionalización de las cajas con más problemas

Vía real decreto y en último extremo con nacionalizaciones: el Estado al rescate de la banca. Más de mil días después del inicio de la crisis, el Gobierno se vio obligado ayer a dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma financiera a causa de la combinación de dudas y desconfianza en la que vive sumido el sistema bancario, y en particular las cajas de ahorros, muy castigadas por el reventón de una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo. El sector público pilotará una reforma que eleva de forma inmediata el capital mínimo exigido a bancos y cajas para reforzar su solvencia, y en última instancia se convertirá en accionista de las entidades más castigadas.

La recapitalización necesaria no superará los 20.000 millones de euros, según el Gobierno. El Ejecutivo quiere que el sector busque ese dinero por sus propios medios: si no lo consigue -y eso es poco probable en algunos casos-, inyectará dinero público a través del fondo de rescate (el FROB) de forma temporal, con un plazo máximo de cinco años, y siempre que las entidades con problemas sean o se hayan transformado en bancos.

Las entidades tienen hasta septiembre para intentar captar inversores privados

El capital mínimo exigido por decreto será del 8%, y aún mayor para las cajas

Las nuevas ayudas se condicionarán a la conversión de las cajas en bancos

Eso, en román paladino, es abrir la puerta a una posible nacionalización (aunque sea parcial y temporal), un camino que EE UU, Reino Unido y otros países emprendieron al inicio de la crisis y que España se ve obligada a recorrer ahora, ante la constatación de que la confianza en la economía española depende estrechamente de la confianza en el sistema financiero, y de que ambas están en horas bajas. Las nacionalizaciones, en todo caso, afectarían a un número "muy limitado" de entidades, dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Veo 7.

De nuevo, los mercados y sus exigencias están tras esa decisión. En mayo, el ataque a la deuda pública de la eurozona obligó al Gobierno a presentar un plan de austeridad digno de una posguerra. Los ataques no cesaron y explican el posterior acelerón en las reformas del Gobierno: primero fue la laboral (que provocó una huelga general), y ahora la de las pensiones y la financiera, esta última a través de un real decreto que estará listo en febrero.

La versión española de la crisis ha generado sus particulares activos tóxicos: los mercados desconfían de la exposición de la banca al sector inmobiliario. "Para restaurar la confianza de los mercados -dijo la vicepresidenta Elena Salgado en una multitudinaria comparecencia ante la prensa, convocada con apenas unas horas de antelación-, España refuerza los requerimientos de capital, adelantándose a los requisitos internacionales para 2013".

El Ejecutivo quiere vencer las reticencias de los inversores sobre la salud del sistema financiero dejando que la burbuja inmobiliaria siga deshinchándose por sí sola, pero a cambio exigiendo más capital a las entidades que en su día se empacharon de crédito. Se establece de forma inmediata un capital mínimo del 8% de los activos, que será superior "para las que no cotizan ni tienen presencia de inversores privados y con mayor dependencia [un peso del 20% de la financiación] de los mercados mayoristas", afirmó Salgado. A pesar de las palabras de la ministra, ese 8% está por encima de las exigencias futuras de la normativa internacional (Basilea III), pero en línea con lo que demandan los mercados.

Los plazos son fundamentales. El decreto ley verá la luz a lo largo de febrero. Y las cajas pueden presentar sus cuentas de resultados a finales de ese mes: será entonces cuando el Banco de España dé a conocer las que incumplen los requerimientos mínimos de capital. Las entidades que no alcancen ese nivel de exigencia -sobre las cifras de activos de cierre de 2010, para evitar que restrinjan el crédito- dispondrán de plazo hasta otoño para captar en el mercado los recursos necesarios. El grupo liderado por Caja Madrid, las fusiones regionales de Galicia, Cataluña y Castilla y León, además de Bankinter, son en estos momentos los incumplidores, según los últimos datos disponibles.

El problema es que en estos momentos los mercados están cerrados bajo siete llaves para las entidades españolas. Si el sector no encuentra capital, será el FROB quien invierta con un horizonte de temporal de cinco años. Eso sí: las cajas que tengan problemas deberán iniciar su conversión en bancos para acceder al dinero público, lo que para los expertos consultados supone diseñar un final ordenado para el modelo de cajas actual.

Salgado reconoció ayer que su equipo, con el asesoramiento del Banco de España, ha trabajado a contrarreloj durante el fin de semana para presentar la reforma. Y confió en que el plan sea del agrado de la patronal de las cajas, muy crítica en los últimos días con los detalles que se iban filtrando, en un debate de una intensidad creciente. Finalmente, el Ejecutivo no ha ido tan lejos como quería el Banco de España -con la conversión obligatoria de cajas en bancos- y permitirá que la reforma pactada con el sector siga su curso para las entidades que cumplan con las nuevas condiciones, de manera que la transformación de cajas en bancos es sólo opcional. La vicepresidenta acertó: fuentes de la patronal explicaron que el plan "es positivo". "Pese a que fija exigencias muy elevadas de capital, dan un margen de tiempo para que las entidades que lo necesiten busquen una salida", según fuentes de las cajas.

El dato clave del día son esos 20.000 millones de euros adicionales. El Gobierno considera que esa será la cifra máxima que necesitarán las cajas para crear mullidos colchones de capital por si su cartera inmobiliaria sigue perdiendo valor. Y confía en que sea suficiente para poner en marcha una suerte de círculo virtuoso: las dificultades del sector financiero cederán si mejora la percepción del riesgo con ese mayor capital, y eso dará fuelle a la economía. "A la postre se trata de que los mercados se queden satisfechos con esa cifra: ya veremos. Eso es suponer que bastarán esos 20.000 millones para absorber las pérdidas que los activos inmobiliarios tóxicos puedan generar en adelante", explicó Alfonso García Mora, socio director de AFI.

El anuncio de la ministra supone reformar la ley de recursos propios de entidades de crédito y el FROB. Y dará mucho trabajo al Banco de España: el supervisor debe realizar pruebas de esfuerzo al sector en los próximos meses, y si alguna entidad necesita capital adicional en los escenarios que se definan "éste deberá obtenerse también", dijo Salgado. Las entidades que necesiten elevar sus colchones de capital deberán plantear al Banco de España su estrategia hasta otoño. Y en ese momento -a finales de septiembre-, la institución que dirige Miguel Fernández Ordóñez evaluará a las entidades y señalará a las que incumplan los requisitos anunciados ayer.

Para estas entidades, el Ejecutivo autorizará al FROB a inyectar capital en condiciones de mercado y de acuerdo con el régimen de ayudas públicas. De esa manera el Ejecutivo evita que las inyecciones de dinero público computen como déficit, una de las obsesiones de Salgado -y los mercados- con la endémica crisis de la deuda aún coleando. Esos 20.000 millones no generarían déficit, pero sí deuda pública, en torno a dos puntos más de PIB.

España se sitúa así a la vanguardia internacional en exigencias de capital, aunque en gran parte por obligación. Y el culebrón dista mucho de haber acabado: las cajas seguirán en el disparadero hasta otoño y encontrar ahora esos 20.000 millones no será fácil. El Gobierno no impone la conversión de las cajas en bancos, pero las que no levanten capital no tendrán más remedio. Solo seguirán siendo cajas las que no tengan ninguna necesidad de capital.